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| Manuel Antonio Caro. La zamacueca |
Este 4 de septiembre, por fin, se llevará a cabo el plebiscito para dirimir acerca de la Nueva Constitución. Es un hecho que la de Pinochet ya está en el tacho de la basura de la historia y no hay ni un solo sector político, social o cultural que la defienda o pretenda evitarlo. Ni siquiera la secta de fanáticos de Kast.
Lamentablemente, sectores que en el pasado levantaron banderas de democratización y que lucharon en contra de la Constitución del 80, dudan acerca de su postura frente al Plebiscito de septiembre. Algunos incluso ya se declaran abiertamente partidarios del rechazo. Antiguos dirigentes de la DC, senadores y dirigentes socialistas, etc.
Ignoran de
manera vergonzosa que la coyuntura histórica por la que atraviesa el país, es
de una ruptura inevitable y necesaria con el pasado representado por la Constitución del 80, pospuesta por más de
treinta años y que aun con los más de doscientos parches que se le han hecho desde
entonces, sigue siendo el mismo engendro de hiperpresidencialismo, que puso un
muro entre la sociedad y el Estado, mediante el principio de subsidiariedad
presente en cada uno de sus artículos.
La filosofía
ínsita en la Constitución que circunstancialmente lleva la firma de Lagos, es
la de un pacto social en el que los ciudadanos son considerados
individualidades egoístas que compiten entre sí para obtener mejores
oportunidades y el Estado, una especie de entelequia inalcanzable que no tiene
ninguna responsabilidad con ellos, excepto la administración de justicia y la
seguridad pública.
Como la
propia Constitución no incluía mecanismos de reforma –parecía pensada para ser
eterna, como el fin mismo del Estado- fue el estallido de indignación popular
el que lo hizo posible. Y no podría haber sido de otro modo. La derecha,
dirigentes de la Concertación, empresariales; representantes del pensamiento
conservador, se refocilaban hasta no hace mucho en las bondades del milagro
chileno mientras el pueblo soportaba en silencio maltrato, sobreexplotación,
discriminación y exclusiones de diverso tipo.
Ahora, los
mismos proponen una nueva convención; conceder facultades constituyentes al
Parlamento –una de las instituciones más desprestigiadas de nuestra desfalleciente
República- o en el colmo de la hipocresía y el oportunismo, resucitar el
proyecto constitucional que resultó del proceso constitucional impulsado en su
momento por la Presidenta Bachelet, resistido entonces por ellos mismos.
Ya nadie
se atrevería a negar que el país debe prepararse para algo completamente nuevo
y que se va a prolongar por varias décadas. No hay intermedios, pues es
sólo el inicio de un proceso que históricamente es la construcción de una nueva
sociedad. Eso es la ruptura constituyente expresada en el plebiscito de
septiembre.
El
neoliberalismo que cruza cada uno de los artículos de la Constitución actual,
han puesto al país no solamente en una situación de crisis social y política
sino que además, está actuando como un freno para enfrentar la crisis económica
y la reactivación de la productividad y el consumo, dejados a su suerte y a la
mítica mano invisible del mercado justificada por el principio de
subsidiariedad.
Los desafíos ambientales y por la sobrevivencia biológica de vastos ecosistemas e incluso, por la calidad de vida de compatriotas que ni siquiera pueden acceder al agua o que deben sobrevivir respirando aires tóxicos y pestilentes, afectarán poderosos intereses. Justamente, por esa razón, se habla de un nuevo pacto social; uno que de cuenta de las necesidades y anhelos de todos y todas y no sólo de los empresarios. La existencia de las llamadas “zonas de sacrificio” no es sino la expresión del carácter injusto e irracional del pacto social actual.
Por eso la idea de un nuevo modelo de desarrollo adquiere sentido. En los marcos del actual modelo de desarrollo, basado en una noción pigmea de la propiedad, garantizada para unos pocos a costa del despojo de la mayoría, genera un desarrollo anárquico, contaminante, desigual, excluyente, dependiente del capital extranjero y que pone en riesgo la sustentabilidad y proyecciones a futuro de la República.
La ruptura constituyente es la culminación de un ciclo que empieza el ‘52, con la primera candidatura del doctor Salvador Allende Gossens, interrumpido por el golpe militar de 1973 y pospuesto por la “transición pactada” que dejó en suspenso todas las promesas hechas tras la dictadura militar
Esa primera tentativa popular de construir una nueva sociedad en democracia y con la participación popular como protagonista, fue posible por la audacia y convicciones de dirigentes como el propio Allende y Luis Corvalán, Raúl Ampuero y Elías Lafferte entre otros, lo que daría paso a la construcción de la unidad socialista comunista recién en 1958.
La bandera de la nacionalización del cobre le dio un sustento y proyecciones que resuenan hasta el día de hoy, en que el cobre -el sueldo de Chile- es lo nos ha mantenido a flote en medio de las últimas crisis económicas y durante la pandemia. Hoy por hoy, es la creación de la Empresa Nacional del Litio, resistida por oscuros personajes como Ponce Lerou, lacayo del lobby de las transnacionales, el objetivo nacional que proyectará a la patria y que, junto al cobre, en el futuro, garantizará la satisfacción de las necesidades de los pueblos de Chile.
Los trabajadores son el sujeto principal pues en sus diferentes territorios y formas son los más interesados en ello. Trabajadores del campo y la ciudad; mujeres y hombres son los más interesados en la construcción de una sociedad que supere los antagonismos de clase, la explotación del trabajo humano y del medioambiente, como sostén de un orden social injusto y excluyente. Trabajadores de la industria, los servicios, subcontratados y subcontratadas; pequeños empresarios y empresarias esquilmados por los holdings y las transnacionales que convierten en letra muerta el verso liberal de la libre competencia.
Trabadores sindicalizados y no sindicalizados, en su condición de habitantes de la ciudad, pobladores, deudores y consumidores abusados por las grandes empresas de servicios que aumentan la plusvalía del trabajo a través de la usura y el sistema de AFP’s.
El plebiscito del 4 de septiembre será una jornada histórica. Debe ser una de las manifestaciones de movilización popular y lucha de masas más grandes de la historia nacional. Sin la participación protagónica de los pueblos de Chile, la Ruptura Constitucional comenzada durante las épicas jornadas del 18 de octubre del 2019, pueden terminar en una componenda que garantizaría la continuidad del actual modelo neoliberal con nuevos ropajes jurídicos o en el mejor de los casos, posponer el inicio de una nueva sociedad por un tiempo indeterminado, pero con un costo altísimo para el pueblo.