Hasta cuándo?

Juan Domingo Dávila. Miss Freud. 1981

La derecha hizo de la política de los consensos la piedra angular de su ideario en los noventa del siglo pasado. Nada de raro, considerando que los consensos fueron el  dispositivo que le permitía complementar su situación de minoría política con un sistema electoral concebido y aplicado explícitamente con el fin de mantener la estabilidad de un orden social, político y económico autoritario y excluyente que explotó el 18 de octubre de 2019 y que dio origen al proceso constituyente. 

En la actualidad, la derecha pontifica sin ninguna consideración acerca del valor del consenso y al mismo tiempo, tiene al país en vilo respecto de la continuidad del proceso constituyente; defiende con uñas y dientes el sistema de AFP´s; se opone tenazmente a la reforma tributaria y se refiere al Presidente de la República, sus ministros, parlamentarios oficialistas y otras autoridades del Estado de forma despectiva y grosera. 

Acto seguido, se lamenta del deterioro de las relaciones entre gobierno y oposición,; entre partidos políticos y entona una letanía lastimera añorando los viejos buenos tiempos en que gracias a la democracia de los acuerdos, podía determinar los límites de cualquier intento de reforma democratizadora. En el último tiempo, además, se ha ido imponiendo su sector más conservador y autoritario. Mezcla de catolicismo decimonónico, neoliberalismo chusco; arribismo social y cultural; fundamentalismo evangélico y nostálgicos velados de la dictadura militar. 

La reciente elección de la presidencia de la Cámara de Diputados -comedia de enredos y traiciones que demuestran por qué el Parlamento es una de las instituciones más desprestigiadas y poco confiables de nuestra triste republiqueta- es una expresión de la capacidad de la ultraderecha; de la inconsistencia de los "librepensadores" y el oportunismo de amplios sectores del centro político -afortunadamente, no todos-.

En efecto, usando como testaferro a la bancada de diputados de la DC y el inconcebible PDG, impuso un chantaje que bloqueó la candidatura de la diputada Karol Cariola a presidirla. Si no fuera por la actitud políticamente responsable y unitaria del PCCH, lo más probable es que la mesa de la Cámara estaría en manos de la derecha o de algún aventurero inescrupuloso de los que abundan en ella. 

A la derecha no se le puede responder con palabras de buena crianza ni con gestos de "amistad cívica". Hace rato -más específicamente desde su estrepitosa derrota en el plebiscito de entrada del proceso constituyente y la instalación de la Convención- está en una campaña sistemática y permanente por impedir cualquier reforma al sistema político, económico y social que pueda poner en peligro los privilegios y las condiciones de dominación de las clases poseedoras de nuestro país y de las empresas transnacionales que se han hecho el pino, gracias a la venalidad y el entreguismo del empresariado criollo y una Constitución ad hoc. 

El país está completamente fracturado por una desigualdad escandalosa y que está consagrada en la Constitución actual, como una suerte de orden natural, que probablemente se podría morigerar, pero que es el resultado de la acción espontánea y libre de individuos e instituciones respecto de las cuales el Estado no puede actuar sin vulnerar su iniciativa. Esa es la razón finalmente para que en su versión original, la Constitución del 80 proscribiera en el fatídico art. 8°, por el cual fue procesado Clodomiro Almeyda, las doctrinas que "propugnaban" la lucha de clases. En sus delirios anticomunistas, Guzmán, Pinochet, y el resto, creían que era posible eliminarla por decreto. 

El problema es que la lucha de clases existe. Creer que por medio de gestos de amistad cívica o mediante consensos políticos o legislativos va a desaparecer o a lo menos, resolverse armoniosamente, es en el mejor de los casos una quimera, cuando no una pura ideología conservadora. Ocultarla y seguir esperando a que la derecha se digne a asistir a uno que culmine el proceso constituyente, sin confrontarla, es de una ingenuidad imperdonable, que probablemente es una de las razones -aunque ciertamente no la más importante- por las cuales la propuesta constitucional de la Convención fue derrotada en septiembre. 

El país no puede seguir esperando.