Honoré Daumier. Los jugadores de ajedrez, 1864 |
Se supone que esta semana los
partidos políticos que están realizando un diálogo que debiera conducir a la
culminación del proceso constituyente, deben llegar a un acuerdo para
proponerle al país. Está difícil. Ha sido difícil. Tanto que hasta el mismísimo
Luksic y el ex presidente Ricardo Lagos, los han conminado a cerrarlo lo antes
posible, sin referirse claramente al problema que los tiene trabados. Una
manera muy sibilina de manifestar preocupación republicana, sin referirse al
fondo del asunto.
Las dos coaliciones de gobierno,
y el Presidente de la República, han manifestado la misma preocupación y
señalado sinceramente su posición al respecto.
Los únicos porfiados que no lo
han hecho, y que dicen estar dispuestos a tomarse todo el tiempo del mundo, son
los representantes de la derecha, que van desde los que preferirían no hacer
nada y quedarse con la Constitución del 80, amparados en una interpretación
aprovechada y poco realista del plebiscito de salida -lo que en la jerga
filosófica y científica se conoce como "ideología"- hasta los prestidigitadores que están
enredados por sus declaraciones previas al plebiscito, los intereses de clase
que sirven; las presiones de parte de su electorado y de su sector más ultra,
representados por Kast, De la Carrera y Pancho Malo.
En efecto, se comprometieron a
colaborar en la culminación del proceso constituyente en el entendido de que si
bien estuvieron en desacuerdo con lo redactado por la Convención Constitucional
desde que ésta fue electa y comenzó sus deliberaciones, el mandato popular del
plebiscito de entrada fue tirar la Constitución del 80 al tarro de la basura y
redactar una nueva. El polémico acuerdo del 15 de noviembre de 2019, sin
embargo, sigue pesando. Los cambios de las normas electorales que regularon
todo el proceso mediante, profundizaron el enredo haciendo de éste una
expresión clarísima de la dispersión y tirantez social y política que
caracteriza a la sociedad desde a lo menos hace tres años.
Ciertamente, ni el centro
extravagante surgido al calor de la Convención Constitucional y el plebiscito
de salida, y que actuó todo este tiempo como marioneta de la derecha, ni la
derecha misma, pueden pues en sus ensoñaciones suponen una sociedad armoniosa,
sin desigualdad, ojalá sin política, en la que todo se resuelve en el mercado o
amistosamente mediante un consenso, en el que la lucha de clases no existe.
Uno, por cierto, que tiene como contenido la misma realidad, con todo lo que
ello implica de injusticia, desigualdad, exclusión, explotación, etc.
Esa es la razón obviamente para
que se oponga a una Convención cien por ciento electa y prefiera un grupo de
“expertos”. La derecha quiere reemplazar la realidad y la opinión de la gente
por ideas sacadas de sus manuales de economía política, derecho y filosofía.
Ideas que, por cierto, nos tienen donde nos tienen como país.
Dicen que una convención cien por
ciento electa no da garantías de moderación, mientras ellos defienden un
sistema de AFP’s que es la manifestación misma del extremismo liberal; mientras
se oponen a una reforma tributaria que apenas le permitiría al Estado recaudar
fondos para implementar el programa de gobierno -ni siquiera para eliminar la
escandalosa desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad, gracias a sus
dogmas libremercadistas-. Que persiguen
de manera grotesca a la ex presidenta de la Convención, la profesora Elisa
Loncón; a los ministros y ministras por toda clase de desastres sin pruebas ni
argumentos, haciendo uso de una chambona concepción de la libertad de expresión
y de las atribuciones que por ejemplo tienen los parlamentarios.
La derecha está metida en un
zafarrancho producto de su extremismo pero también de su demagogia, su
hipocresía y el ideologismo que guía sus retorcidos razonamientos. El tiempo
corre en su contra y lo más probable es que en estos días trate de tirar la
pelota al corner de nuevo para ver si pude ganar un poquito más de tiempo. Pero
como dijo el Presidente Allende, los procesos sociales no se detienen. Menos
con muñequeo ni con interpretaciones ideologizadas. La responsabilidad de la
izquierda es que esto sea con el menor costo para el pueblo, pero no al precio
de alcanzar sólo la medida de lo posible. Un acuerdo con la derecha para
concluir el proceso constituyente es necesario, pero es ésta la que se
encuentra más cuestionada y la que debe entregar garantías.
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