Llover sobre mojado

Juan Dávila. Juanito Laguna. 1995

 

 "Las libertades que han surgido en el mundo han tenido por base el sacrificio.

Yo estimo que no hay otro remedio, en verdad, que tomar la ofensiva; de lo

contrario seremos diezmados.

 

Luis Emilio Recabarren 

 

América Latina es hoy en día un campo de batalla. El combate heroico de la revolución cubana por resistir al bloqueo sistemático del que ha sido objeto por más de sesenta años, agudizado durante la administración Trump con el propósito confesado explícitamente de hacerla explotar desde dentro, es tal vez uno que definirá el futuro de la humanidad.

El imperialismo norteamericano, armado de una versión remasterizada de la Doctrina Monroe, se ha planteado recuperar su patio trasero, rico en recursos naturales, agua dulce, tierras cultivables y un mercado de unos 671 millones de personas. En el marco de su inexorable bancarrota, Trump trata de asegurarle un lugar en el mundo que viene a las corporaciones multinacionales, la industria armamentista y de la entretención masiva, comandadas por un puñado de billonarios de la industria tecnológica y de la información, que ya ni siquiera disimulan sus tendencias fascistas e intervienen en política directamente, sin intermediarios, en todo el continente, desde Honduras al cono sur.

Las recientes elecciones de Colombia y el Perú, dan cuenta de su voluntad de dar la pelea hasta el final y recurre para ello, ya no a militares ideologizados en opiniones patrioteras y en la Doctrina de Seguridad Nacional, como en el siglo XX. Lo hace a través del uso de la información y las redes sociales; la IA y las novísimas tecnologías de las comunicaciones; que después actúan a través de los medios tradicionales y una justicia venal que legitima sus decisiones, sus actuaciones y sus resultados institucionalmente.  El resultado es como decía Recabarren hace más de cien años que "Acostumbrados los trabajadores a sufrir la tiranía y la opresión, llegan a no sentir la necesidad de emanciparse”.

En Chile, esa ofensiva reaccionaria tiene nombre y apellido. José Antonio Kast. No hay lugar para términos medios. En cien días de gobierno, ha arrasado con el consenso que con tanto esmero habían construido las elites que han gobernado el país en las últimas décadas. En materia tributaria, empleo, medioambiente, educación y cultura. A las sofisticadas versiones del neoliberalismo de la transición, lo ha reemplazado una recuperación chusca de su versión original de los “años ochenta”.

Solo en el transcurso de la última semana, instaló el debate de su agenda policíaca a través del “registro de vándalos”. También la desregulación de la jornada laboral que viene a borrar una conquista centenaria del movimiento obrero; la contrarreforma tributaria más agresiva de la que se tenga memoria desde la época de Pinochet; la reposición de la selección y mecanismos de exclusión del sistema escolar a través de la reforma del SAE; la redefinición de las políticas de recursos mineros después del nombramiento de Bernardo Fontaine en el directorio de CODELCO; la reforma del Estado durante el cambio de gabinete; los ajustes en salud y educación públicas.

Asimismo, ha sostenido una dura ofensiva en contra del gobierno anterior que ha incluido toda clase de tongos, desde anunciar una auditoria externa al Estado (sic); denuncias aparatosas de mal uso de recursos públicos; descontrol de la migración, delincuencia desatada y una enervante lista de catástrofes que sirvieran de argumento a sus políticas. El corolario de esta ofensiva es la acusación constitucional contra el ex Ministro de Hacienda Nicolás Grau, nada menos que por hacer su trabajo.

En efecto, la acusación constitucional se basa en la suposición de que el anhelado equilibrio fiscal de los neoliberales sólo es posible ajustando el gasto; eliminando programas; despidiendo funcionarios públicos; reduciendo el tamaño del Estado; y si se cumple la afiebrada profecía de que el crecimiento económico va a producirlo casi espontáneamente porque los recursos que generaría harían prácticamente innecesaria la intervención del Estado, excepto en lo que tiene que ver con lo más elemental porque todo lo demás lo resolvería el mercado.

Esta ofensiva reaccionaria prácticamente no deja margen alguno para la negociación y ha dejado en el camino un nutrido campo de plañideras que van desde la derecha “liberal” que finalmente ha votado a favor de todas las excentricidades que contiene, hasta viejas glorias del liberalismo social que se han limitado a hacerle críticas académicas. Lo esencial permanece. Pérdida de derechos; desempleo o precariedad; pérdida de soberanía; criminalización de la protesta y aumento de las medidas de control sobre los pobres, los jóvenes y otros segmentos de la sociedad.

Chile es parte de la batalla que se libra en América por nuestra soberanía, los derechos humanos y la justicia social. Actualmente nos llueve sobre mojado y la ofensiva de la reacción parece no encontrar resistencia alguna. Aparentemente, la tendencia inexorable es su imposición inevitable. Eso, de no mediar la acción de una oposición decidida primero a detenerla y después a derrotarla para recuperar y ampliar los derechos y libertades que pretende arrebatarnos.

Los sibilinos mensajes de la encuesta CEP

Miguel Angel. Sibila Cumana. Capilla Sixtina. 1508-1512

La medición y exposición de la opinión pública como un índice de credibilidad y luego, para la toma de decisiones políticas, durante los últimos años, ha sido constante y prácticamente ha suplantado a otras formas de deliberación, como el Parlamento, los sindicatos y los partidos políticos. 

Su crisis de representatividad y prácticamente nula credibilidad, expuestas por las mismas encuestas, confirman a las últimas como autoridad en la materia -lo que ya de por sí resulta bastante sospechoso por los enormes intereses económicos de una industria cuya base es precisamente la fiabilidad y que por consiguiente vive de los niveles de confianza depositadas en ella-. La danza de números que todos los días agobian a la opinión pública que dicen representar, en este sentido, no tienen otro propósito que modelarla de modo tal que después repite lo mismo que según las encuestas opina. 

El vaticano de estas medicioness, el CEP, acaba de presentar la suya, consultando acerca de las tendencias que supuestamente son las que definen o debieran hacerlo, el comportamiento de la sociedad y lo que es más importante, la toma de decisiones de los actores políticos y culturales relevantes de la sociedad, aunque de paso también nos dice quiénes son. Según esta, el gobierno de Kast ya dilapidó el capital con el que contaba al momento de su elección, mientras el de la izquierda, representada para el instituto en los personeros del anterior gobierno -incluido el ex presidente- mantiene inalterado los niveles de respaldo que tuvo durante todo su período e incluso en el resultado de las últimas elecciones presidenciales. En cambio, la ultraderecha tiene altísimos niveles de desaprobación. 

Para el decano de las encuestas, además, el cabecilla del estilo tecnocrático y frío del gabinete, el ministro Quiroz, tiene un nivel de aprobación tan ridículo como el de la cantinflera ex vocera. Lo que ciertamente no se dice, es que su batería de medidas, como las rebajas de impuestos, traspasar las alzas a los consumidores, su política de ajuste brutal en áreas tan sensibles para la población como salud y educación, es justamente el origen de semejante catástrofe para el gobierno. 

Se hace una mención genérica a que la población siente que la situación económica es "mala" o "muy mala", lo mismo que en delincuencia, educación y salud, pero como cualquier instrumento de estas características, no explica claramente a qué se refiere este índice. Las soluciones de Quiroz incluso podrían no ser la causa de semejante impresión de la opinión pública, sino como han tratado  de hacer creer majaderamente, el ex ministro Grau, el ex presidente Boric, la guerra en medio oriente, la reforma tributaria de la ex Presidenta Bachelet, a lo que habría que sumar todas las reformas que se han realizado en los últimos diez años en materia económica y social, excepto el mediocre paréntesis de Piñera. 

No es casual en este sentido, que hayan aparecido Matthei, Correa y otras antiguas glorias de la democracia de los acuerdos a realizar críticas muy caballerosas al gobierno de Kast. 

Que la encuesta CEP nos venga a recordar o pretenda al menos, la irrelevancia de los partidos políticos y el movimiento sindical tiene también un significado. Efectivamente, se podría decir sin temor a equivocarse y solamente en base a la constatación de los aportes que han hecho en estos tres meses, que su acción ha sido irrelevante. La consecuencia más o menos obvia de semejante constatación para un observador desprevenido es que la eventual solución a semejante crisis expresada por la encuesta no pasa por ellos. ¿Qué alternativa quedaría en ese caso? Solamente perseverar en el mismo camino de Kast y Quiroz aunque de otra manera o una populista que las preserve con ciertos toques de tropicalismo estilo Bukele, Bolsonaro o Milei, lo que se ve difícil considerando el rechazo que generan Kaiser, Squella y el resto. 

La encuesta CEP presenta más interrogantes que respuestas. Indica de modo muy sibilino un problema que tiene la derecha y sugiere ciertas maneras de enfrentarlo o a lo menos, una materia para discutir en sus centros de estudio, las universidades y los medios que tiene. A la izquierda también. Principalmente, qué es lo que falta y la manera de realizarlo, para que lel agotamiento prematuro de la estrategia de la derecha para este período se transforme en una oportunidad para democratizar la sociedad; el lugar que debieran ocupar sus partidos, el moviiento sindical y social en general para pasar de la resignación ante los puros hechos expuestos por una encuesta, a la acción social transformadora.   

Cuando la nostalgia cede su lugar a la resignación

Georg Grosz. Homenaje a Oskar Panizza. 1917-18

El informe del Presidente Kast al Congreso Pleno debe haber resultado decepcionante para los nostálgicos de la "democracia de los acuerdos" y muy sólido, en cambio, para el sector más reaccionario de su alianza -aunque la nostalgia cede dada vez más su lugar a la resignación entre sus protagonistas-. Fue una declaración de principios, mezcla de conservadurismo moral y ultraliberalismo como no se veía desde los años setenta del siglo XX.

 

Lo nuevo es que ya no solamente marca sus diferencias con la administración anterior ni que insiste majaderamente en culparla de todas las emergencias de las que debe hacerse cargo la suya, sino que además expone un programa reaccionario y fundamentalista, que va más allá de aquella coyuntura que, en realidad, fue la excusa para despejarle el camino. La mejor prueba de ello, es la confesión presidencial de lo "doloroso" que habría sido el traspaso del alza de los combustibles a los consumidores y al pueblo, y la consiguiente felicitación por haberlo soportado tan estoicamente.

 

También la de que la ausencia de una estrategia de seguridad va a ser subsanada con una batería de medidas de control que rayan con el Estado policial y que lleva entre sus componentes restricción en el ejercicio de derechos como forma de castigo ante la comisión de actos que en forma gruesa denomina "incivilidades". Crear una ley que las castigaría y un registro de infractores o de responsables de "incivilidad", enlaza lo arbitrario y la excusa, con la finalidad de aumentar el control y disminuir las libertades individuales y colectivas. El plan de seguridad de Kast muestra de esta manera realmente qué es lo que entiende por tal, incluyendo la intervención policiaca de los barrios que con toda seguridad va a aumentar los niveles de violencia de que ya son víctima.

 

La seguridad es concebida por Kast y la derecha sólo como la posibilidad de resguardar la propiedad privada, sin considerar lo que es patrimonio común de todos los chilenos y chilenas como los bienes culturales, la naturaleza y otros que Kast, Poduje, Alvarado y el resto de la derecha consideran inexistentes o motivo de chistes-.

 

El ajuste que ejecuta del gasto social y de las capacidades del Estado para hacerse cargo de las demandas de la sociedad, es inevitable pues la rebaja de impuestos a los super ricos lo priva de los recursos necesarios para hacerse cargo de ellas. Es una transferencia de varios miles de millones de pesos desde el gasto social a los súper ricos que muestra su lado violento pues no se puede suponer que no vaya a generar molestia, disconformidad y protesta social, catalogada de antemano como “incivilidad”. El aumento en el límite de deuda que según Quiroz habría autorizado casi con lágrimas en los ojos, es la mejor demostración de su obsecuencia con los intereses del empresariado, toda vez que prefiere endeudar al Estado antes que subirle los impuestos, usando como excusa el último IFP.

 

La brecha de desigualdad que dicha estrategia profundiza y la de la sociedad con una institucionalidad política que no solamente no se hace cargo de ella sino que la legitima y la genera, están provocando un cambio social de proporciones. Un cambio de este calado reclama la reforma del Estado que dé cuenta de ella.

 

Es, precisamente, por esa razón que Kast lo incluye en la cuenta presidencial y empezaría por la fusión de algunos ministerios. Pero va a continuar con la comisión de expertos que le haría recomendaciones que con toda seguridad ya están redactadas y guardadas en los cajones del escritorio de Alvarado o García.  Vendrán luego otras fusiones, eliminación de programas; guerra a la “permisología” y con toda seguridad algunas privatizaciones de lo que aún se pueda privatizar, como CODELCO.

 

El discurso de Kast frente al Congreso marca un hito en la historia reciente del país. No solamente se encarga de dejar en claro su diferencia doctrinaria, moral y política sino que señala una que solamente es posible salvar en el caso de la resignación frente a los puros hechos, en este caso la política represiva, moralmente fundamentalista y ultra liberal de su gobierno. El rol de la oposición entonces ya no es solamente "defender", "resistir", ni siquiera someter a un escrutinio crítico la acción del gobierno. Ahora además debe ser la de representar una alternativa de sociedad, la aspiración y la voluntad de construir una sociedad diametralmente opuesta. Otra cosa es darse por vencido de antemano. 

 

Las joyas de la corona

Johannes Ver Meer. La joven de la perla. 1665-1667

Por estos días, el debate se trasladó del contenido abiertamente clasista del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional hacia la herencia que el gobierno anterior le deja en materia fiscal a la administración actual. Desde antes de que asumiera, durante su instalación y ahora, con motivo del esperado IFP del Ministerio de Hacienda, el discurso ha sido la gran debacle que le legó: déficit, malos cálculos, aumento de la deuda y algunos afiebrados incluso hablan de "dolo", que según el diccionario viene a ser como lo mismo que engaño, estafa, mala fe, etc. 

Es la razón para que republicanos y nacionallibertarios impulsen una acusación constitucional contra el ex Ministro de Hacienda, Nicolás Grau.  Aparentemente un despropósito considerando los sibilinos mensajes del ministro del interior y el de la presidencia en orden a negociar en el senado el proyecto de reconstrucción o ley miscelánea. La suma y resta de votos en la sala, indica que se necesitarían, aunque sea, dos o tres más de los que tiene el oficialismo. ¿Error de cálculo?  ¿inexperiencia? El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ha declarado que aun cuando no sea más que por un voto, aprobarla le parece lo esencial, lo que quiere decir en pocas palabras que los consensos y las mayorías, etc. le importan un bledo. 

Al mismo tiempo, y mientras las elites derechistas se entretienen discutiendo acerca de lo inoportuno que aquello resultaría, el abaco de Quiroz indica que los cálculos de la ley miscelánea tendrían que volver a ser ajustados en función de este escenario post IPM, que resultaría aun peor del previsto por dicha ley. Y lo más increíble es que eso no lo mueva un milímetro de la idea matriz del proyecto que es la reforma tributaria que beneficiaría a los empresarios y a los ricos de este país. Esencialmente, reducción del impuesto corporativo e invariabilidad. 

Quiroz, entonces, saca un as de la manga que es la venta de 1200 propiedades del Estado lo que en opinión de todos los economistas, no alcanza para nada. La privatización de CODELCO aparece como la solución obvia. De esa manera, la trifulca armada por la dupla Mas/Quiroz a propósito de la situación de la estatal y los ataques en contra de su ex vicepresidente Máximo Pacheco y su renuncia a Novandino, cobran sentido.  

Ambas empresas han sido objeto de un constante y capcioso escrutinio por parte de las autoridades del gobierno entrante. CODELCO, la más grande empresa estatal, el mejor negocio del Estado, y Novandino, la viga maestra del desarrollo del país en el siglo XXI, están en peligro aunque Quiroz haya indicado que no está entre sus cálculos y que requeriría una reforma constitucional, no así el Ministro Mas. La vieja estrategia del policía bueno y el policía malo, que se expresa también en el Parlamento, en la Alianza de gobierno y el gabinete.

Una política de semejante calado implicaría, necesariamente, una transformación del Estado como no se habría visto desde los tiempos de Pinochet. Así de grave. De ahí la insistencia de los medios de derecha, o sea casi todos, por instalar la discusión sobre la disminución del número de ministerios, a lo que seguramente le van a seguir otras linduras. 

El tiempo apremia. Lo que la derecha no consiguió en el Consejo Constitucional, podría lograrlo por la vía parlamentaria. Sin embargo, las encuestas indican que su respaldo se está agotando y que cuenta cada vez con menos apoyo en todos los tramos etarios, por segmento socioeconómico excepto los más ricos, y en todas las regiones. En general, su comportamiento ha sido chusco, lejos de la sofisticación de la "democracia de los acuerdos" que tan bien le venía a los Allamand, Matthei e incluso a Longueira, prohombre de la UDI popular. Ello, sin embargo, no por torpeza solamente sino también porque justamente el tiempo no alcanza para tantas sutilezas y cabildeos. 

Las joyas de la corona está en juego y es momento de tomarlas. 

Cambios al sistema de admisión: retorno al siglo XIX

Adriaen van Ostade. El maestro de escuela 1662

                                

El gobierno de millonarios y para millonarios de JAK, acaba de anunciar una de las medidas que apuntan a reforzar el corazón del carácter clasista del sistema educacional: reformar el sistema de admisión escolar, incluidos los establecimientos particulares subvencionados, de manera que con el pretexto ideológico de "considerar el mérito", puedan reponer sistemas discrimatorios como las entrevistas a los padres; las pruebas de admisión; la consideración del desempeño académico previo e incluso las necesidades educativas especiales de los y las postulantes, como factores de exclusión. 

A los recortes en infraestructura, asistencialidad escolar (JUNAEB), gestión de los Servicios Locales de Educación y gratuidad en la educación superior, el gobierno de derecha suma un nuevo golpe a la educación pública. El propósito es evidente. Redistribuir recursos hacia arriba. Quitarle financiamiento a servicios sociales como educación (lo que también hace con una alegría infame en el sector salud), y transferirlos a los ricos en la forma de rebajas de impuestos, subsidios y otras regalías. Desde la dictadura de Pinochet que no se veía algo semejante. 

Con la reforma del sistema de admisión, el Ministerio de Educación, conducido nuevamente por una ingeniera comercial, favorece a los sostenedores de escuelas particulares para que éstos hagan el trabajo sucio de arrebatar la matrícula de las escuelas fiscales administradas por municipios y servicios locales de educación, con el pretexto de la competencia, por medio de una propaganda absolutamente desregulada y mendaz. De esa manera, ésta capaz que termine por hacerlas desaparecer o reducirla al nivel de un "plan focalizado", como si ello fuera el resultado natural de tendencias necesarias o inevitables. Es lo que ellos llaman "ponerle los patines". Ahora son las pruebas de admisión; mañana el financiamiento compartido probablemente y otros mecanismos de clausura que afectan a estudiantes, familias y finalmente al país entero. 

Esta es la manifestación concreta de la creencia dogmática de los neoliberales de que existen ciertas leyes necesarias del desarrollo social, las que además coinciden con sus estrafalarias teorías, ante las que el pensamiento debe someterse. Un absurdo por donde se le mire. Como que las rebajas de impuestos generan inversión y empleo (sic). De esa manera, al Estado no le queda más que adaptar su política, en este caso su política educativa, a esas supuestas "leyes" y dejar que cada uno se salve como pueda. Para ellos, la educación es una responsabilidad individual o en el mejor de los casos, de las familias. Así, siempre van a ser finalmente los más poderosos, cultural y económicamente los que lo hagan. 

Como en el siglo XIX. 

El problema es que esta política no garantiza tampoco resultados académicos, comúnmente rotulados como "calidad de la educación". En efecto, la segmentación del sistema escolar solamente redistribuye su pobreza material de manera tal que al Estado le salga más barato, lo que es conocido como "focalización", y al mismo tiempo reorganiza los capitales culturales encerrándolos en ghettos. No produce más aprendizaje ni mejores resultados en las pruebas estandarizadas como el SIMCE, estos simplemente se trasladan. Y siempre lo hace de abajo hacia arriba.

Políticamente, este golpe es un ataque frontal al derecho a la educación con una clara intención de clase. Significa un retroceso de a lo menos diez años en lo que respecta a reforma educativa y ni siquiera se condice con la evidencia empírica, que indica que las reformas privatizadoras de los años ochenta y noventa, no generaron ni mejor educación ni mayor integración social. 

La respuesta de las comunidades educativas, no puede ser otra sino la de rechazar esta política clasista y movilizarse por la defensa del derecho a la educación. Partiendo por el sindicalismo docente, para el que esta reforma significa casi tanto como lo que podría significar para los trabajadores del cobre, la apertura de la venta de acciones de alguno de los yacimientos de CODELCO o la contrarreforma que ya anuncia el ministerio del trabajo a las normas sobre jornada y negociación colectiva. 

Ya los recortes del gasto exigidos por Quiroz a todos los ministerios, en educación han significado un retroceso en inclusión, gratuidad, eficiencia del sistema, asistencialidad y han golpeado tanto al sistema universitario como al escolar. Afectan las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación de los y las estudiantes y sus familias y empobrecen las condiciones y el significado de la profesión docente. Favorecen a la educación privada, a los empresarios de esta industria y finalmente a los más ricos que, gracias a esta concepción de la educación que la convierte en una responsabilidad individual, son exhimidos de alguna para con la sociedad, excepto con sus propios inetereses de clase. 

El gobierno de Kast ha abierto una brecha. Y a cada día que pasa parece ampliarse más. Sólo una acción decidida del sindicalismo docente podría ocuparla para ampliar las posibilidades de defender los derechos del pueblo chileno a la educación y derrotar la ofensiva conservadora del gobierno actual. 

Ser o no ser

John Everett Millais. Ophelia. 1852

La famosa línea de Hamlet de Shakespeare en el acto 3, es una de las más recordadas y repetidas en momentos de incertidumbre y decisión ante el futuro. Más o menos el que en la actualidad enfrenta la sociedad chilena frente a lo que ha llamado el senador Diego Ibáñez del
FA, "la reforma privatizadora más agresiva desde la dictadura". Lamentablemente, poco más de treinta años de un sistema político en que el consenso de la elite reemplazó a la sociedad, la radicalidad de las acciones y medidas de un gobierno ultrafundamentalista en materia económica y cultural para algunos son una base razonable para construir uno tolerable para la sociedad. 

Hace cincuenta años, los chicago boys llegaron con un programa parecido a hacerse de la dirección económica de la dictadura militar. El resultado inmediato que tuvo el plan de De Castro y Cauas, fue destruir la industria nacional, la cesantía generalizada, el aumento de la pobreza, la caída del consumo interno y finalmente llevar al país a la recesión. Es algo que le han advertido a Quiroz -prácticamente un astrólogo de las finanzas- instituciones tan o incluso más fundamentalistas que él mismo y el gabinete de operadores de la gran empresa que es el de Kast.

En ese entonces, de hecho, Chile entero estaba aterrorizado por la represión y los crímenes de la dictadura. Las direcciones de los partidos socialista y comunista en la clandestinidad; buscadas por los agentes de la DINA; finalmente asesinadas y hechas desaparecer. Lo mismo en el caso del MIR; la dirigencia de los sindicatos, organizaciones vecinales y del movimiento estudiantil.  La respuesta de la izquierda y el pueblo chileno fue resistir primero y luego, movilizarse para derrocarla. 

En la actualidad, en cambio, parece presa de un marasmo incomprensible desde la cruel racionalidad de la política de la administración derechista. Los recortes en salud y educación pública; las alzas; y el permanente ninguneo del que es objeto por parte de Kast y sus colaboradores -comentados extensamente por El Mercurio del fin de semana- hasta ahora no han motivado sino al movimiento estudiantil mientras la oposición parece haber renunciado a su responsabilidad de representar una alternativa y se mantiene en el plano de las manifestaciones de una molestia formal. 

Todas las actuaciones de Kast y sus ministros y ministras tienen el aspecto de una permanente pulseada que se propone medir sus posibilidades de seguir profundizando la implementación de su agenda.

Por esa razón, probablemente, de antemano los poderes constituidos por el sistema neoliberal rasgan vestiduras ante la sola posibilidad de que las organizaciones sociales, de trabajadores, estudiantes, ambientalistas y de género, se movilicen en defensa de sus conquistas y de los derechos que han logrado arrancar a la avaricia de los que realmente detentan el poder en Chile. A las declaraciones de la diputada Lorena Pizarro, como antes lo habían hecho con las del senador Daniel Núñez, reaccionó la jauría de chupamedias para acusarlos de no creer en la democracia. 

Eso, como si el gobierno de Kast fuera un paradigma al respecto. Hay sectores de oposición que han preferido concentrar su atención en las paparruchadas de la ministra de seguridad; o el cantinfleo permanente de la vocera; o preferido las visiones "técnicas" del CFA a las “tincadas” de Quiroz como si aquel fuera un arquetipo de pureza científica. Algo parecido a los inicios de Piñera I cuando muchos concentraron su atención en la denuncia de los conflictos de interés y la "letra chica" de los proyectos de ley que enviaba al Congreso y no en su contenido abiertamente conservador y antipopular. 

Entonces, fue la movilización la que colocó a la oposición en el lugar que le correspondía e imposibilitó la reedición de la democracia de los acuerdos y logró gratuidad de la educación, desmunicipalización del sistema escolar y fin del sistema binominal. La que el 18 de octubre obligó al poder a reconocer la legitimidad y posibilidad del cambio constitucional. La negación del consenso imposible por el fundamentalismo de Quiroz, Mas, Rau y cía. y que hasta ahora lo había salvado de terminar en el tarro de la basura de la historia.

Esa es el trance por el que atraviesa el país y la pregunta de la que debe hacerse cargo la oposición para, efectivamente, resolver la incertidumbre que lo atraviesa y que lo arrastra inexorablemente al precipicio.

Nueva Eucación Pública o plan focalizado

Homenaje a Gabriela Mistral. Fernando Daza. 1971

La ministra de educación, María Paz Arzola acaba de realizar un anuncio de la máxima gravedad. Pausar los traspasos de escuelas y liceos públicos, administrados actualmente por corporaciones y departamentos de educación municipal, a la institucionalidad creada por la Nueva Educación Pública, los Servicios Locales de Educación Pública. 

Ésta ya cuenta con 36 Servicios Locales funcionando con sus establecimientos, sumando así más de 640 mil estudiantes y párvulos, y casi 119 mil docentes, asistentes de la educación y educadoras de párvulos. Por tanto, más del 50% del nuevo sistema se encuentra instalado, el que debiera concluir en 2029 con las 346 comunas traspasadas a los 70 Servicios Locales creados por la Ley 21.040. 

Resulta evidente para cualquier observador objetivo que no estamos hablando de un sistema imposibilitado estructuralmente de funcionar, como sí ha demostrado serlo el sistema municipal, que arrastra deuda y déficits crónicos, malos resultados académicos y deterioro del servicio.

El coro de prosélitos de la privatización y la concepción de la educación pública como plan focalizado -el que la concibe como "la educación de los pobres"- no ha podido ocultar su algarabía. Lo mismo los alcaldes de derecha; algunos sobrevivientes del pinochetismo, liberales y conservadores de diversas especies y denominaciones que coinciden en su consideración del individuo como una especie de “alma pura” que no tiene nada que ver con sus congéneres.

La respuesta del sindicalismo docente, en cambio, es de una tranquilidad pasmosa. Los recortes que se han realizado ya, y los que se anuncian para la ley de presupuesto 2027, parecieran no conmover a los dirigentes del Colegio de Profesores y Profesoras, quienes se mantienen fielmente impertérritos a su agenda reivindicativa. Parecieran no darse por enterados que el gobierno de Kast no solamente no va a negociar con el gremio por pura buena voluntad; sino de que no va a sostener la tendencia de reformas que se vienen realizando desde hace como veinte años y que, por el contrario, viene a ponerles el freno de mano para profundizar la precariedad y el agobio laboral de los y las docentes.

Sin desmunicipalización ni creación y expansión de la Nueva Educación Pública, lo mejor es olvidarse de cambios al sistema de financiamiento; un curriulum nacional que exprese verdaderamente las aspiraciones y demandas de la sociedad en lugar del catálogo de contenidos actual; de dignificación de la docencia y el derecho a la educación. En lugar de luchar por completar dichas reformas, el sindicalismo docente va a permanecer preso de la defensa de los derechos que no le han sido arrebatados y los que ha logrado arrancar al sistema neoliberal en los últimos diez años.

La intención de Kast, Arzola y el resto de la derecha, es terminar de ahogar lo que queda de educación pública, mantener el actual sistema de financiamiento y la ineptitud y en no pocos casos, los vicios administrativos de los actuales responsables de la educación estatal para que termine de morir o quede disminuida a su más mínima expresión: la educación de los pobres y los más deprivados, como siempre lo han soñado.

Los conservadores, la ven como una amenaza. Demasiados niños y jóvenes juntos, y lo que es peor pensando. Un grupo de trabajadores y profesionales que les inculcan ideas peligrosas, como cuidado del medioambiente; respeto por los derechos humanos; a convivir democráticamente incorporando a las diferencias de clase, nacionales, étnicas y de género, todo lo contrario del mundo preconizado por Kast y su secta de fanáticos religiosos y a la que pretende arrastrarnos.

El anuncio de Arzola, por lo tanto, no es “tomémonos un tiempo y veamos”. Es más bien, dejemos morir a la educación pública y de esa manera, nos deshacemos de la molestia que significa el gremio docente. Todavía es tiempo de recuperar la iniciativa. No hacerlo, un boleto seguro a a intrascendencia. 

Cuestión de lógica

Georg Baselitz. Die Mädchen von Olmo. 1981

                             
                                         

Estos días, el proyecto estrella de la administración derechista que gobierna el país entró en una etapa crítica. Se juega mucho en esta pasada y aritméticamente, faltan apenas un par de votos para que vea la luz verde. Pero la cosa no es tan simple, como sumar y restar. 

En efecto, el problema es que se trata de una decisión política y por lo tanto, una materia opinable. Los intereses en juego, contradictorios y su implementación pasaría por otras reformas legales y medidas administrativas que van a seguir agitándolos. Hasta ahora, han pesado más las críticas que ha motivado en su propio sector e instituciones que no son precisamente opositoras del modelo neoliberal. El CFA, el FMI, JP Morgan, a lo que hay que sumar periodistas y comunicadores sociales, que son los que realmente influyen en la opinión pública. 

La principal: el aumento del déficit fiscal que generaría la rebaja del impuesto corporativo y la imposibilidad de asegurar el porcentaje de crecimiento que lo podría compensar en el mediano plazo. Como quien dice, que el proyecto es un "tufazo" de Quiroz. Lo que no dicen estos expertos, aun cuando demuestren un poco más de realismo, es que la rebaja de impuestos además es un favor que se le hace a las grandes empresas, así que los costos de ese menor crecimiento económico ni les va ni les viene porque sus ganancias ya están aseguradas. No así los programas de alimentación escolar; de salud mental; odontología; personas mayores; pensiones; un nivel decente de remuneraciones para trabajadores y trabajadoras, empleados y profesionales de clase media y un largo etcétera.

Las ridículas compensaciones que el PDG está negociando con hacienda, no dan más que para un par de fotos en portadas y sus correspondientes negociaciones, para mantener con vida a ese imbunche lo suficiente como para asegurar la aprobación de la idea de legislar. De pasada, asegurar su lugar al provocador en que se ha convertido Parisi, siempre dispuesto a terminar acordando cualquier porquería con Quiroz, con tal de salir en la foto. 

Su lógica es implacable de manera que las inconsistencias que se le reprochan van a terminar siendo resueltas por cambios no del proyecto, sino de la realidad. Finalmente, como siempre lo han hecho los liberales, el déficit se puede resolver vendiendo un par de empresas del Estado o por medio de "racionalizaciones" en servicios públicos, como ya lo vienen haciendo los ministerios desde que asumió Kast. 

Quiroz ha sido consistente en cuanto a su propósito. Ha demostrado desde antes de ser ministro de hacienda que es un férreo defensor de los intereses de las grandes empresas. Un fiel seguidor de la doctrina de Pinochet de hay que "cuidar a los ricos". Por esa razón, las críticas no lo amilanan. Muy suelto de cuerpo ha respondido a los cuestionamientos que desde su propio sector le hacen a su receta, que ésta no se puede analizar y criticar separando las diferentes medidas que contempla sino que tiene que ser vista como un conjunto. 

A eso se refiere cuando dice que el CFA, lo mismo que todos los críticos de su plan, comparten un mismo propósito que es recuperar dinamismo y el crecimiento económico de manera que sus aspectos cuestionables desaparecen en su rigurosa lógica interna y su comprensión. 

Es decir, a los efectos reales que se puede suponer casi con toda seguridad va a tener, responde con la fe de carbonero de los economistas neoliberales en sus sofismas. Semejante ideologización, propia de fanáticos religiosos, se expresa finalmente en violencia física y simbólica. Los recortes en cultura, a cargo de un liberal de pura cepa como Undurraga, lo demuestran.

El problema del plan de Quiroz no es su lógica o su inconsistencia interior, sino la filosofía de clase que lo inspira. También su resistencia a concebir, por razones obvias, que hay otras maneras de enfrentar una ralentización típica de los ciclos económicos y los riesgos que implica para una economía pequeña y excesivamente abierta como la chilena el retroceso de la globalización neoliberal, que no son la apertura indiscriminada de nuestro comercio, la privatización y el ajuste. 

Es justamente el rol de la oposición hacerlo y señalar que una sociedad y una economía soberana; con igualdad, derechos asegurados y donde todos y todas sean considerados ciudadanos, no sólo consumidores con derecho a voto, es posible y necesaria. 

Emergencia laboral

Ben Shan. Desempleados. 1938

Con ocasión de la conmemoración del 1° de mayo, este año, el Ministro Tomás Rau aprovechó de anunciar la otra emergencia de la que debe hacerse cargo el gobierno. La "emergencia laboral". Toda su actuación en estos primeros dos meses, ha sido de limitación de las demandas de los trabajadores y relativización de sus conquistas. La negociación del salario mínimo, en los días previos, solamente vino a confirmar su diagnóstico y la receta que pretende aplicar. Al contrario de los gobiernos anteriores, que han promovido el aumento sostenido del salario mínimo, lo que pretende Rau es limitarlo, con el viejo argumento de que encarece la contratación.

El argumento es bastante lógico y por eso mismo, bastante sospechoso de ser pura ideología. Pero la evidencia material es demasiado elocuente, casi un millón de desempleados. 

En efecto, el encarecimiento de los costos que implican los aumentos de remuneraciones, unidos a la reducción de la jornada laboral, a lo que él añade la reforma previsional por el aumento de la cotización con cargo al empleador, son lo que la provocaría. Curiosa manera de razonar la del ministro. Aumentar los salarios, facilitar las condiciones para que los trabajadores y trabajadoras dispongan de su tiempo y generar condiciones para que puedan jubilar dignamente, provocarían una situación que los perjudicaría. Las fórmulas para enfrentar esta curiosa crisis son archiconocidas y nunca han resultado. 

En este sentido, las viejas recetas como los subsidios a la contratación, la capacitación o gravar los despidos en un mercado laboral ya excesivamente flexible -aunque podría serlo más- no serían modificarlo mayormente y por esa razón le resultan prácticamente indiferentes a trabajadores y trabajadoras que ya se han habituado a la rotación, los empleos con flexibilidades horarias, multifuncionalidad y alta informalidad, que es justamente una de las razones por las que se pretende desregularlo todavía más.

También contención de las remuneraciones. Es decir, sumar a la graciosa rebaja de impuestos que acaba de anunciar su colega Quiroz, el respaldo del Estado a su avaricia y los argumentos técnicos que la avalarían. La lógica deja, entonces, de ser puramente formal para convertirse en una herramienta política.  

Por la historia sabemos lo que eso significa: planes de empleo de emergencia, que en el pasado se llamaron PEM y POJH y que aun cuando fueran la receta que aplicó la dictadura de Pinochet hace como cuarenta años, subsisten en planes de empleo municipal y bajo la forma de "emprendimientos" o diversas formas de empleo Uber. Por la manera en que el INE mide el desempleo, no sería raro que por estas razones Rau, Quiroz y Kast, se ufanen en un tiempo más de haber logrado el pleno empleo, comparándolo con el 8,9% actual, sin cuestionar siquiera lo que ello significa. 

Tampoco la sociedad. Ello en la medida que el trabajo no sea considerado más que como una ocupación, un hacer cualquiera. En tanto no sea visto como un factor determinante de la industria, de una estrategia de desarrollo nacional, más aun hoy en que el mercado flaquea, la globalización retrocede y las superpotencias compiten, cada vez más agresivamente, por el dominio de recursos, materias primas y mercados. Ello, aunque los nostálgicos de los viejos buenos tiempos del neoliberalismo, como los que actualmente gobiernan, no lo quieran admitir e insistan en sus impracticables recetas. 

Es lamentable que el 1° de mayo sea recordado este año por tan aciagas noticias y que el encargado de notificarnos de ellas sea un ingeniero comercial de la católica, ministro de Kast. 

El oficio N° 16

Alberto Burri. Sacco e rosso. 1954

Parece el título de un corrido mexicano, pero es de uno más de los zarpazos que Kast y Quiroz vienen a propinarle al gasto público para transferirlo a los privados bajo la forma de una rebaja ex ante de impuestos. 

El oficio N° 16 del Ministerio de Hacienda del 21 de abril, pese a las posteriores explicaciones, aclaraciones y eventuales rectificaciones, solamente viene a confirmar lo que Kast había prometido durante su campaña. Profundizar sobre esto resulta evidente y por ello excusado. 

Que su contenido de clase sea tan burdamente obvio y abundante, más que escandalizar, debiera mover a la determinación de los pasos que la oposición debiese dar en lo inmediato. No  precisamente respecto del oficio sino de la Ley de Reconstrucción Nacional. Esta es la avanzada. El famoso oficio viene a entregar orientaciones para la elaboración del presupuesto 2027 y mientras tanto, avanza la Ley de Reconstrucción en el Parlamento, trayendo varias linduras como la invariabilidad tributaria. Y en términos todavía más prácticos, corre el recorte de 3% en todos los ministerios excepto el de seguridad, sin saber todavía qué gastos sean los que cada uno de ellos vaya a disminuir. Gastos operacionales; en personal; viajes y viáticos o lo que es más probable, tal como lo viene a anunciar el oficio, programas que benefician al pueblo pero que para los avaros de hacienda representan un derroche. 

De pasar la dichosa Ley de Reconstrucción, la oposición en el presupuesto 2027 puede prepararse para el peor de los mundos posibles, como ya lo viene a anunciar el Oficio N° 16. No hacerse cargo del significado obvio de las políticas de Kast es quedarse en el plano de los sollozos. Lo mismo que los mutimillonarios y ultraderechas de todo el mundo, lo que pretenden es hacerle sostener sus obscenas utilidades a masas de trabajadores, trabajadoras, empleados, clase media y al medioambiente, transformado prácticamente en un enemigo del "progreso". 

En efecto, el Oficio, tal como la Ley de la imaginaria reconstrucción, es parte de una estrategia política de los grandes empresarios. Combina desregulación y reducción del gasto fiscal. La vía administrativa, reinterpretación de la ley a través de los reglamentos y el uso de decretos, han sido por ahora, las herramientas de las que ha hecho uso. Las grotescas performances de Kast y su gabinete, como el almuerzo en La Moneda, sólo es parte de sus condimentos pero no su esencia. Como Trump que todos los días nos sorprende con alguna nueva payasada mientras gana dinero a manos llenas, igual que sus amigos y financistas. 

Pasando estas, probablemente vendrá la desregulación de las relaciones laborales y como se han encargado de insinuarlo ya los ministros Quiroz y Mas la privatización de CODELCO. El programa de Kast contenía ya las líneas generales y en estos días solamente las ha ido desplegando. No hay nada de sorprendente. En sus dos mandatos Piñera tuvo períodos de gracia facilitados por las confusiones opositoras, que deambularon, salvo honrosas excepciones, entre la democracia de los acuerdos y la intransigencia democrática, ambivalencia que vino a resolver, como siempre, la movilización de masas que sobrepasó los límites de una acartonada institucionalidad política. 

Expresión de un mismo vacío: la inexistencia de una estrategia opositora, llamativamente obvia frente a la claridad de propósitos y la impudicia para exhibirlos de la derecha y el empresariado. El Mercurio, incluso, publica extensos reportajes consultándoles su opinión acerca de los énfasis que debiera tener la Ley de Reeconstrucción, que a estas alturas, y precisamente por esa razón, parece un menú que le lleva rebajas de impuestos, permisología, invariabilidad tributaria, subsidios a la contratación, reembolso de gastos con cargo al Estado, limitaciones  a la gratuidad, entre otros. 

En ambas ocasiones, además,  2011 y 2019, este vacío tuvo como resultado un empate que en los hechos, se expresó en un balón de oxígeno para las fuerzas de la conservación del modelo neoliberal y la Constitución del 80. 

Hoy, en cambio, la ausencia de una estrategia de reforma efectiva y democratización de la sociedad solamente facilitan las cosas a los que pretenden profundizar la desigualdad, el autoritarismo, el abuso y la destrucción del medioambiente con tal de sostener sus privilegios y los de quienes representan. Como siempre ha sido a lo largo de la aporreada experiencia del pueblo, los que no se hagan cargo de las demandas que la coyuntura hace a los demócratas, van a quedar en el mejor de los casos como un pie de página en los libros de historia. El problema es que el costo de su intrascendencia no lo van a pagar ellos sino el país entero, de no mediar una resolución decidida de enfrentar al gobierno de Kast y construir las condiciones para que el absceso que hoy afecta a la sociedad no se transforme en una infección generalizada y sea enfrentado, en cambio, como un síntoma de la enfermedad mortal que representa. 

El turno de la oposición

Ben Shan. Demonstration. 1933

 

Casi dos meses de administración derechista en el gobierno, y ya se empieza a aclarar el tipo de neoliberalismo que Quiroz y compañía venían a implementar. 

Se trata de la versión original. Similar a la de Sergio de Castro y Jorge Cauas, la que se yergue sobre la obra del glamoroso aspecto que le dió la globalización y que sobrevive sobre la misma exclusión, contaminación y desigualdad -incluso como si fuera el costo que nuestra sociedad tuvo que pagar por ella, como un Fausto tercermundista. No hay compensaciones posibles para enfrentar el schock o dejaría de serlo. Lo han declarado de todos los modos posibles, no vienen a administrar lo que ya existía sino a modificarlo desde sus cimientos para recuperar su pujanza. 

Las plañideras declaraciones sobre la inconsistencia del plan pasan por alto, precisamente, su naturaleza y parten de una suposición errada. Creer que se está frente a la misma derecha y el mismo empresariado de la "democracia de los acuerdos". Claramente el Proyecto de Reconstrucción Nacional y su megajuste que en los hechos es la transferencia de al menos cuatro mil millones de dólares del gasto público a los bolsillos de los grandes grupos económicos y sus millonarios controladores, no tolera compensaciones que no sean la archiconocida receta del regateo de las migajas. Sólo que esta vez, son mucho más escuálidas y mezquinas de lo que fueron en el pasado, por mucho que este fluyera con gotario y no por chorreo. 

Justamente el origen de la desigualdad actual.

El límite entre gobierno y oposición, entonces, se vuelve mucho más nítido y la batalla por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de chilenos y chilenas, menos formal que el de los compuestos centros de pensamiento, la academia y los salones del congreso. Sobrepasa -debiera hacerlo- sus estrictos límites y va a terminar siendo la sociedad entera, no sólo sus representantes, la que se vea involucrada por mucho que la Constitución actual lo ignore, cual si fuera una pura entelequia y no la expresión de intereses materiales que surgen de sus entrañas. 

La derecha cuenta con los votos en el Congreso. Sin embargo, estos no son tampoco la pura expresión sublime de las ideas políticas. Son expresiones transfiguradas de ciudadanos a los que se ha escamoteado su derecho a deliberar para ser convertidos en meros electores de representantes que no se sienten obligados a rendir cuenta de sus actuaciones, excepto cuando los primeros empiezan a sospechar que algo no coincide entre sus vidas cotidianas y las refinadas disquisiciones de economistas neoliberales y los discursos de aquellos. 

Esta desconexión entre la sociedad real y la institucionalidad política es profundizada por el plan de Kast y Quiroz, los que estiran el elástico sin preocuparse, aparentemente, de su costo social y la deslegitimación de la institucionalidad política. 

Pero la democracia no se realiza solamente en una institucionalidad acartonada y ajena a la sociedad real. Las formas de participación social a través de la movilización, diversas formas de deliberación en asambleas sindicales, del movimiento estudiantil; la autoconvocatoria y organización autónoma en barrios y comunas; de usuarios de servicios públicos y consumidores, son también parte de ésta, mal que le pese a los conservadores y a los nostálgicos de nuestra somnífera transición.

La derecha, como era de esperar, ya se cuadró y por mucho que el Presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Alessandri, haya rogado hasta el último minuto y las viejas glorias de la transición como Longueira y Matthei advirtieran el riesgo que implica, los gremios empresariales y paulatinamente toda la derecha, incluidos duchos cuadros del “liberalismo”, se cuadra tras el Proyecto de Reconstrucción Nacional. Ahora le toca a la oposición actuar conforme a este nuevo escenario histórico.

 

Las cartas sobre la mesa

 

Carlo Carra. El ídolo hermafrodita. 1917

Después de semanas de tiras y aflojas, finalmente el gobierno a través de una cadena nacional del Presidente de la República, anunció el envío al Parlamento de su anunciada Ley de Reconstrucción Nacional, versión criolla del Big Beautiful Bill del ídolo de los republicanos chilenos Donald Trump y de la Ley Omnibus de Sturzenegger y Milei en Argentina. Parte del plan de liberación de las trabas y obstáculos que aún tienen los grandes capitales para emprender negocios que les permitan recuperar las tasas de ganancia que obtenían durante la época de gloria de la globalización neoliberal y que hoy, en cambio, se han visto disminuidas por un proceso de ralentización típico de los ciclos económicos, que llegados a un punto dejan de crecer al mismo ritmo. 

Esto para el gran capital no es óbice para su avaricia. 

Hasta algunas horas antes, en Cerro Castillo, los parlamentarios de su coalición trataban de convencer a Kast y Quiroz, el Ministro de Hacienda, de introducir algunas medidas que fueran en "beneficio de la clase media", habida cuenta de las impúdicas facilidades y regalías para el gran capital que contenía. A la salida, el compungido diputado de la UDI Gustavo Alessandri, declaraba que quedaban algunas horas para hacerlo. Lamentablemente para él y el resto de los suplicantes parlamentarios de derecha, eso no ocurrió y el anuncio de Kast solamente reafirmó el proyecto original, salvo en lo que se refiere a la limitación del beneficio de la gratuidad a los mayores de treinta años. 

El eje del proyecto sigue siendo el viejo dogma neoliberal de rebajar impuestos a los más ricos y otorgarles la certeza de que esto se va a mantener así hasta el fin de los tiempos. En los hechos una transferencia de miles de millones desde el gasto social a los bolsillos de los mismos que financiaron su campaña y pusieron a sus operadores en el gabinete.

Las declaraciones de los presidentes de partidos de derecha, sus parlamentarios y dirigentes, ni siquiera un matiz expresan respecto a las posibilidades de enchularlo en el trámite parlamentario. Todo lo contrario. Sin caer en las hipérboles típicas de Trump para referirse a cualquier estropicio que se le ocurre y ejecuta, solamente se han deshecho en elogios y repetición de las típicas fórmulas de los economistas neoliberales. Lo mismo las organizaciones gremiales de los empresarios. Rápidamente se ha ido conformando un consenso a su alrededor que hace prever una dura lucha en la defensa de los derechos de chilenos y chilenas; el patrimonio del Estado y todo lo que le sigue. 

Restricciones en el acceso y ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales; deterioro de los servicios; afectaciones al medioambiente; despidos y deslegitimación de la función pública, etc.

Espacios para la negociación y reeditar la política de los consensos no hay muchos. Porque la esencia del plan es esencialmente excluyente, ello por motivos de clase evidentes reafirmados por el contenido del discurso presidencial que, torpemente además, endosa la responsabilidad de su imaginaria emergencia a todos los gobiernos anteriores, la izquierda y las organizaciones sociales, o sea, prácticamente a todos.

A eso, se suman la forma en que el Ministerio del Trabajo ha enfrentado la negociación del sueldo mínimo y antes, los retiros del Proyecto de Negociación Multinivel y el de Sala Cuna Universal del Parlamento, negación de la voluntad siquiera de discutirlos. Los fallos técnicos y metodológicos en materia económica o de técnica legislativa, apenas dan cuenta de una excusa. Su contenido es esencialmente doctrinario y maximalista.

En este sentido, el ambicionado centro se corre hacia la derecha empujado por las circunstancias y su proyecto se reduce a puro juego de piernas para tratar de sacar un par de concesiones insignificantes que lucir para la tribuna que no lo alteren en lo esencial. Es el lugar que cómodamente ocupa hoy el PDG.

Lo que debiera definir entonces a la oposición, son definiciones de principio y concepciones de lo social y la democracia que la ubiquen en el espectro político, del que prácticamente ha desaparecido. Ideas que movilicen a la sociedad civil, que la motiven y que señalen un futuro posible en un mundo cada vez más violento, desigual y excluyente. El gobierno ya puso las cartas sobre la mesa.

¡Qué tiene que ver Kant!

Jean Ver Meer. El astrólogo. 1668

En semanas recientes, varios intelectuales de la derecha, miembros de sus centros de pensamiento, profesores de sus universidades y asiduos columnistas de los medios escritos, se trenzaron en una discusión aparentemente teórica sobre un autor alemán del siglo XVIII. Y cual de todos ha tratado de demostrar un mejor conocimiento sobre éste y una interpretación más fiel de su pensamiento. ¿Y qué tiene que ver con nosotros y nosotras en pleno siglo XXI?

La verdad es que no tiene tanta importancia como podría parecer por las contradicciones y malosentendidos sobre Kant que entre ellos mismos se reprochan y la "profundidad" de sus columnas. La discusión es eminentemente política, como siempre. Si bien el cuerpo Artes y Letras de El Mercurio había publicado varios artículos sobre el tema desde hace al menos un año, en el lapso de unas tres semanas -abrió los fuegos Hugo Herrera con columnas en elmostrador.cl los días 22 y 29 de marzo, comentadas por Lucas Miranda en Ellibero.cl el 25 de ese mes, a lo que siguieron nuevos aportes de Jaime de la Hoz Alfaro el 5 de abril, Renato Cristi el 8 de abril  y Herrera de nuevo el 12 de abril  en elmostrador.cl- estos escritores han puesto en el debate de su sector cuestiones fundamentales. 

Primero, la relación que debe haber entre nacionalismo y cosmopolitismo en su doctrina y propuesta. En general, ésta se ha resuelto en formas más bien pragmáticas. Nacionalismo para enfrentar la disidencia y la oposición, especialmente cuando se trata de la que proviene de sectores excluidos por motivos de clase, raza u orientación sexual o género a lo que se suma ahora la nacionalidad producto de la inmigración aunque siempre estuvo presente respecto de la Nación  Mapuche y los pueblos originarios. 

Un verdadero dolor de cabeza considerando que no se trata de un problema teórico sino sumamente práctico, el que se manifiesta en la construcción de zanjas y la imposición de prohibiciones y límites que niegan justamente el contenido de la discusión, razón por la cual lo dejan en el plano de la pureza sublime de la filosofía. 

Y bueno, cosmopolitismo para subordinarse a algún imperialismo, sea éste cultural, económico o político o los tres, conducta que ha sido constante en el comportamiento de las elites chilenas a todo lo largo de su historia. Afrancesados, germanófilos, anglófilos o asiduos de Miami, Chicago y Harvard, nuestras elites han demostrado poca originalidad, salvo honrosas excepciones que no viene al caso mencionar.

La globalización del neoliberalismo que siguió a la caída de los socialismos reales, lo resolvió para algunos optimistas de manera definitiva a favor de una sociedad global, que en sus simplificaciones equivalía a la "mundialización" del mercado y las democracias "representativas". Estados de derecho, semejantes a una "República" con la sola salvedad de que su origen no estuvo en el empoderamiento de la sociedad civil (la soberanía popular) que limitaba el poder de clases o gobiernos despóticos o autoritarios, sino del mercado. Éste además fue el producto de la acción de los Estados, invasiones territoriales, establecimiento de tributos, aranceles y gravámenes, sistemas de control fronterizo, y las menos diplomáticas asonadas militares y golpes de estado. Ejemplos abundan en América Latina, a lo que suma en los noventa la experiencia de las antiguas repúblicas socialistas de Europa del Este. 

Ahora que la globalización pierde dinamismo; los mercados flaquean; y la expansión de las crisis económicas arrastran a la humanidad entera desatando guerras tan o más cruentas que las de fines del siglo XIX y el siglo XX, profundizando sus crisis; y en la medida que su producto no garantiza siquiera las gananacias de todos los sectores de clase dominante en el mundo, su repliegue sobre el Estado Nacional, proteger sus zonas de influencia y dinamitar la hipócrita idea de un "orden internacional basado en reglas", los obliga a repensar esta relación. El botonazo de Trump habla por sí solo, aunque la filosofía no sea lo suyo.

Esto, por cierto, es el resultado de la indigencia del pensamiento neoliberal en su versión original de ofrecer un conjunto de conceptos, ideas y teorías para hacerlo. 

El predominio de la economía política, efectivamente, está en retirada o debiera estarlo para la derecha como fundamento doctrinario de su postura política. Una demostración de esto mismo, es que todos los protagonistas del debate en cuestión provienen de las ciencias sociales y la filosofía. Ni un solo ingeniero comercial de la Católica o Chicago. Porque la economía expresa, sin saberlo ni panteárselo siquiera, una forma de abordar la elaboración de una concepción de mundo y del ser humano, que es precisamente donde estos intelectuales de derecha creen debería estar puesto el acento de su debate y debiera antecederla. Por ello, un segundo punto en torno al cual gira la discusión es precisamente el del lugar de la filosofía o de las relaciones entre ésta y la economía, aunque ellos mismos no atinen a encontrar la manera de planteárselo sin caer en contradicciones que negarían su posición política. 

En efecto, la apelación a la "interioridad", la "persona", "universalidad de los derechos", la "libertad" etc. da cuenta de este giro reflexivo de la derecha. Porque aparentemente la doctrina que afirma los automatismos del mercado como explicación de lo real no daría cuenta de las necesidades actuales de la sociedad. Hay una crítica implícita a la ausencia pertinaz de una reflexión seria sobre la desigualdad y la exclusión de nuestra sociedad, sobre la base de una concepción del ser humano que vaya más allá, mucho mas allá, de lo exclusivamente material (Recabarren escribía hace más de un siglo que "la cuestión social no se resuelve con hacer más pan"). 

Esta incapacidad de la matriz economicista que predomina en sus filas, ha sido abordada antes por la vía de un pensamiento racialista y reaccionario que pretende resolverlo mediante una homogeneización cultural autoritaria o un espiritualismo cristiano en el que todos somos "hijos de Dios", aunque unos lo sean más que otros. 

Lo que este debate entre "intelectuales orgánicos" de la derecha expresa -concepto que en este caso aplica a a la perfección-, es la tosquedad del repertorio no sólo teórico sino también politico de su sector. Son como unos "pepito grillo" alertando acerca del riesgo de esta ausencia de mediaciones entre sus axiomas doctrinarios y la sociedad real. Por eso, llaman la atención en la importancia del "derecho" y las "formas históricas concretas" más que de los "universales irrealizables". La ausencia de mediaciones entre sus concepciones de principio, sus fundamentos doctrinarios, y su acción política es acerca de lo que llaman la atención revelando un cierto temor a los resultados socialmente explosivos que semejante omisión puede generar.  

Es interesante que un grupo de intelectuales de derecha trate de instalar un debate como éste en su sector. Lamentablemente, como lo han comentado algunos columnistas, sus exelsos asertos filosóficos contradicen de manera flagrante sus actuaciones políticas. Sin ánimo de justificarlos, es de suponer que en el fondo enfrentar un debate político como si fuera filosófico sería la única manera de hacerse cargo por el momento, para -quién sabe- algún día encontrar el modo de superar las formas autoritarias y violentas con que en el pasado las ha resuelto. Esta, como la misma discusión lo expresa, sólo será el producto de un cambio material en el que las declaraciones de principio, como las escritas en este debate, den cuenta de una nueva sociedad. Su actuación en el golpe de estado de 1973 es demasiado elocuente como para disculparla. 

Esta disusión da cuenta del agotamiento prematuro del pensamiento reaccionario que ha surgido de las entrañas de la globalización. Pero especialmente llama la atención sobre las posibilidades que esta coyuntura histórica representa para el surgimiento de nuevas síntesis teóricas de izquierda, tal como a fines del siglo XVIII lo fue el agotamiento de las del viejo pensador que sirvió de punto de partida de este debate y que se expresaron en las formas de una nueva literatura e ideas políticas. 

¿Hasta cuando?

Juan Domingo Dávila. Rota. 1996

En días recientes, el gobierno de Kast ha subido el tono y el riesgo de sus apuestas. La Ley de Reconstrucción Nacional solamente viene a confirmar y profundizar sus ímpetus de renovación del neoliberalismo criollo. Para sus fanáticos razonamientos, el crecimiento económico funciona con piloto automático y nunca va a ser suficiente para satisfacer la codicia de los grandes empresarios. Los números son sagrados y no importa lo que pase en la realidad sino solamente que estos cuadren, aun cuando aquella sea un mar de lágrimas o esté en llamas. 

Por cierto, esta forma de razonar de los economistas neoliberales como Quiroz, su Ministro de Hacienda -lo que en principio se expresa en una lógica impecable que es lo único que le interesa- no le dice mucho a los populáricos que ven como sus escuálidos ingresos se van en puro pagar deudas.

Resulta un caso digno de análisis cómo ello no tiene todavía una expresión material, es decir en un estado de crispación y movilización social mayor y se manifieste solamente a través de mediciones, supuestamente, objetivas de la "opinión pública".

Para la derecha y los liberales de diversas denominaciones –entre ellos Brunner, Tironi y un par más de antiguas glorias del liberalismo social-, es solamente producto de la conformidad de la sociedad con el actual orden de cosas. Pero como escribió Goethe "gris es el árbol de toda teoría y verde el árbol de oro de la vida". Las razones son mucho más complejas que aquellas que se despechan el asunto con un par de encuestas o galimatías sociológicos.

Primero, el control de los medios de comunicación de masas por parte de la derecha, los empresarios y los sectores conservadores. Y esto no es una "tesis". El nivel grotesco de concentración de la propiedad de los medios no es teórico ni su línea editorial pura buena intención. El actual gobierno, además, ha demostrado una aguda comprensión de su naturaleza y una notable capacidad de adaptárseles. Todo el mundo hablando de los intríngulis de la vocera; las pachotadas del ministro de vivienda o los gestos grotescos del propio Kast y la familia presidencial.

Las redes sociales después, los multiplican millones de veces y luego vuelven a ser comentados en los medios tradicionales multiplicándolos de nuevo hasta convertirse en tema de conversación en los trabajos, en los almacenes, en los barrios, consultorios y escuelas. Eso sin considerar que sean materia de chistes y rutinas de stand-up comedy, que los banalizan hasta naturalizar su crueldad. 

Pero del contenido reaccionario de su política, apenas un par de declaraciones de desagrado, como si no fuera más que la expresión de un malestar subjetivo, casi un dolor de muelas. 

Dicha política, efectivamente, no deja mucho espacio para las interpretaciones. Es un gobierno que partió recortando derechos sociales, incluidos los de la naturaleza, beneficiando impúdicamente a los sectores de más altos ingresos e imponiendo una doctrina de ajuste que tiene al país condenado a un bajo crecimiento del que deben hacerse cargo los más pobres a través de recortes de programas sociales, congelamiento de obras de infraestructura que mejoran su calidad de vida y encarecimiento del costo de la vida. A eso se suma el aumento de la inflación que va a terminar por licuar lo poco que quede de sus ingresos. 

Los resultados del plan de Quiroz empiezan a ser evidentes. Y el carácter ideológico de sus impecables razonamientos, también.

Esto, sin embargo, no significa necesariamente que la anomalía que representa el actual gobierno derechista, sea la señal de un cambio de la tendencia política dominante después de las recientes elecciones. Esto nunca va a ser otra cosa que el resultado de una acción reflexionada y resuelta, no la evolución natural de los puros hechos, la acumulación del malestar o la "agudización de las contradicciones". Antes que eso, como en Argentina, los que actualmente gobiernan están dispuestos, y es posible que lo logren, a arrasar con el medioambiente, los derechos de trabajadores y trabajadoras, arrebatar los derechos que mujeres y divergencias sexogenéricas han logrado arrancar al conservadurismo cultural de nuestra sociedad y que el grupo de fanáticos que hoy gobierna pretende restituir.

Resulta sorprendente por esa razón que al retiro de la ley de negociación multinivel por parte del Ministerio del Trabajo, no le haya seguido ni siquiera una convocatoria al Consejo Directivo Nacional Ampliado de la CUT o de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores al recorte de 3% del presupuesto ordenado por el Ministro Quiroz, o los anuncios de los alcaldes de derecha de resistir la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, una acción abiertamente sediciosa. Esto, sin embargo, es solamente un síntoma.

La única manera de enfrentarlo es relevando el rol que debe cumplir una oposición política en democracia. Poner la diferencia y la contradición.  En este caso, a los demagógicos y pomposos anuncios de Kast, Quiroz y cía. de resolver mediante un plan de ajuste brutal, problemas que ellos mismos crearon con su política pro-empresarial y que considera la acumulación de dinero y los equilibrios macroeconómicos, los fines últimos de la acción política. 

Décadas de neoliberalismo y consenso en torno a la gobernabilidad democrática han terminado por  disiparla haciendo de la estabilidad, como decía Lastarria a propósito de la República Conservadora "la  palabra mágica que para la opinión pública representaba la tranquilidad que facilita el curso de los negocios, y el imperio del orden arbitrario y despótico".  

 

 

Un cóctel explosivo

Honore Daumier. El levantamiento. 1860

 

A pocos días de asumir, el nuevo Gobierno ya tuvo que enfrentar una crisis de proporciones. El alza de los combustibles fue la chispa que encendió la hoguera, pero solo parcialmente.

La reducción del impuesto corporativo de primera categoría del 27% al 23% y la reintegración del sistema tributario junto con la instrucción de ajustar el presupuesto de todos los ministerios en un 3%, generó un schock anticipado, difícil de explicar y justificar a un gobierno que se ha dado a sí mismo el título de "gobierno de emergencia", lo que ha puesto en entredicho precisamente el argumento, al comparar la situación actual con la que había meses antes de que asumiera.

Detrás de la crisis hay varios factores que se conjugaron para aguarle la fiesta a Kast apenas dos semanas después de haber asumido, razón por la que la derecha lo mantiene oculto, tirando al choque a sus rudos ministros de hacienda e interior y quemando un fusible antes de tiempo, que es la vocera Mara Sedini, que hace rato ya tiene olor a claveles.

Entre esos factores, su servilismo frente a la administración Trump, a la que ha aplaudido todos sus dislates, especialmente en este caso su incursión en Irán, motivo del alza de la bencina y el kerosene, lo que lo imposibilita de dar una explicación razonable al pueblo que lo escogió, sin entrar en contradicciones con sus propias definiciones previas, y que según las encuestas, prematuramente le quita su apoyo.  

La diferencia en la manera en que trata a trabajadores y clase media con las facilidades que otorga a los empresarios, ha puesto al descubierto, además, el carácter de clase de su gobierno. Y eso no pasa desapercibido. No hay manera de disimular. El paquete de medidas anunciado por el gobierno en su versión criolla de la Ley Omnibus, la llamada Ley de Reconstrucción Nacional, no deja espacio a interpretaciones. La bofetada es demasiado evidente y la teoría del chorreo ya no tiene el aura de cientificidad y pureza técnica que tenía hace treinta años, lapso de tiempo en el cual no ha dado frutos destacables.

Es más. La pobreza sigue siendo una realidad estructural, que se refleja en los bajos salarios, pensiones bajo la línea de pobreza e informalidad, la que es apenas parchada por planes focalizados y transferencias directas e indirectas desde el Estado a los más pobres, pero que el dichoso plan de reconstrucción se propone eliminar.  Lamentablemente para Rossana Costa, el CFA y la tecnocracia monetarista, según sus propias palabras, tampoco garantiza crecimiento económico, el que ha sido ajustado desde la afiebrada profecía de Quiroz de crecer a un 4% a apenas un 1,5 o 1,8. Evidentemente esa magra cifra no alcanza para gratuidad, salarios, educación y salud públicas, transporte digno para el pueblo y al mismo tiempo, las tasas de ganancia que esperan recuperar los empresarios, siempre ávidos de embolsar más.

Ello augura una dura pugna por llevarse la tajada del león. Al pueblo -según el plan, se da por descontado- no le corresponde mucho excepto el sacrificio. Pero entre los empresarios, la repartición de las ganancias que se obtengan según este "modesto" guarismo va a ser probablemente objeto de más de una polémica. Especialmente la manera de administrarlas. Han retornado, por esa razón, viejas glorias de la transición como Mathei y Longueira tratando de poner un poco de racionalidad, intento del que difícilmente se podrían augurar los resultados por ahora ni si serán escuchados. Lo mismo los tradicionales partidos de derecha haciendo lo propio respecto de la gestión de gobierno.

Esta, hay que decirlo, no se ha caracterizado precisamente por su prolijidad y si no fuera por su hegemonía absoluta en los medios y su circunstancial mayoría en el Parlamento, habría justificado las homéricas iras del pueblo, tal como lo hicieron el 2019 las declaraciones de funcionarios del gobierno de Piñera y del propio Piñera. Efectivamente, la ausencia de una oposición parlamentaria se nota de una manera que está dejando un espacio propicio para el crecimiento del populismo.

Espacio para una reedición de la política de los consensos no hay mucho, por no decir ninguno. La sola denominación que el gobierno ha hecho de sí mismo, lo confirma. La actuación de sus ministros, de los que el de vivienda se lleva las palmas por lo prepotente, y su mayoría en el Congreso sólo refuerzan esta disposición a arreglárselas solo y protegiendo el interés del puñado de ricachones a los que sirve.

El coctel resulta explosivo y la cosa no pinta para bueno. A la contracción del crecimiento, el retiro del Estado en lo que tiene que ver con educación y salud pública, a lo que se deben agregar trabajo, cultura, vivienda y medioambiente, hay que sumar el aumento de los precios y la inflación, también pronosticados por el BC, y para lo cual no había que ser pitoniso.

Estamos frente a una crisis en ciernes. No prepararse para hacerle frente es una irresponsabilidad, eludirla sin hacerse cargo de la profunda contradicción social, caracterizada por la desigualdad y exclusión que el gobierno de emergencia solamente está profundizando, el augurio de un seguro fracaso.