Programa de gobierno, cultura y cambio político

Marc Chagall. Don Quijote

El programa de gobierno de la Nueva Mayoría es un programa de reformas políticas y sociales. No es un programa de cambios estructurales ni pretende remover las bases del modelo neoliberal desde sus cimientos, como sostuvo muy imprecisamente el senador Jaime Quintana en sus inicios. 

Ello, a menos que para el presidente del PPD, limitar los efectos inequitativos y marginadores del mercado en la distribución de bienes y servicios; establecer contrapesos que hagan más simétrica la relación entre consumidores y empresas; que éstas tributen efectivamente por sus utilidades y aporten proporcionalmente a su tamaño y ganancias al desarrollo del país y la sociedad, sea “remover los cimientos del modelo neoliberal".

Ello en realidad no es más que asegurar derechos reconocidos y garantizados en cualquier democracia occidental, excepto por cierto en la chilena, resultado de la transición pactada de los años noventa del siglo pasado, la que se realizó bajo sus cuatro gobiernos  y que algunos dieron por concluida cuando la derecha ganó las elecciones presidenciales en enero del 2010, hablando de "alternancia en el poder".

Probablemente, para quienes militan en partidos de la coalición de gobierno, que fueron parte de la Concertación y respaldaron u omitieron, sea desde el movimiento sindical y social, los partidos o el Parlamento, el que esos gobiernos no impulsaran con decisión medidas como éstas, hace que el que la actual administración lo haga, parezca tan audaz.

La derecha y los empresarios, también han aportado lo suyo a la construcción de este espectro, supuestamente, “estatista” y que pretende retrotraer al país a épocas anteriores a  la bonanza y desarrollo que representaron los años de la euforia liberal y de la globalización que auguraba Fukuyama tras la caída del Muro de Berlín, hace ya veinticinco años y a la que se sumaron muy rápidamente algunos sectores de izquierda y progresistas.

A partir de entonces, el desarrollo fue asociado al desarrollo de la empresa privada, que mediante esos misteriosos y desconocidos mecanismos del mercado, se convierte en fuente de prosperidad para las naciones, incluido Chile por cierto. Más empresas, más empleos, más consumo, más crecimiento, más ganancia, más inversión, más empresas y así sucesivamente en una era interminable de prosperidad y felicidad que sería el fin de la historia.

El que este modelo positivista de sociedad y desarrollo -que es un modelo de clase- haya sido puesto en duda por los porfiados hechos -esto es, por las contradicciones sociales y de clase que hacen evidentes las fluctuaciones cíclicas de la economía capitalista y la ola de protesta social que provocan-, es a lo que realmente le teme el empresariado, la derecha y la reacción católica, no que el programa pretenda removerlas desde sus cimientos.

El programa de gobierno de la presidenta Bachelet no hace más que señalarlas y hacerse cargo de ellas en un período acotado de tiempo.

Lo que antes era normal, ya no lo es. Eso es todo. Hasta marzo de este año, la privatización, el principio de subsidiariedad del Estado y la libre competencia como factores exclusivos del desarrollo económico y social. 

Y si bien no se podría decir que el programa de gobierno se plantee  su revocación inmediata, sí propone reformas que generan un debate acerca de la historicidad de estos principios, esto es pone en duda su naturalidad, su objetividad y por consiguiente, su actualidad.

Enfrentarse a ello es lo que provoca ansiedad y reacciones destempladas por parte del gran empresariado y también, hay que admitirlo, de quienes no siendo gran empresa, se han visto beneficiados por el traspaso de fondos públicos al sector privado por medio de subsidios y fondos concursables, gracias a una intrincada red de relaciones entre éste y el Estado que se construyó en los años noventa del siglo pasado.

La naturalización de la supuesta normalidad liberal de ese período, de la política de los consensos y el binominalismo, es lo que produce ese espejismo de reforma estructural que en algunos provoca euforia y en otros temor . 

Esta misma naturalización de los principios de la economía política neoliberal, es la que explica la primacía de lo técnico, la despolitización de la sociedad y finalmente su desmovilización, la que se produce en beneficio de sus supuestos representantes profesionales –ministros, parlamentarios, periodistas, que incluso muchas veces asumen la denuncia de la corrupción y vacilaciones de la “clase política” de la que ellos mismos son parte, como marca registrada.

Lo nuevo del programa de la Nueva Mayoría  es que reconoce y comienza a hacerse cargo de los derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales  de hombres y mujeres; jóvenes y niños, de chilenos, chilenas, mapuches y pueblos originarios.

El debate sobre la reforma laboral y la reforma educacional, han sido una manifestación de aquello y ha puesto al desnudo lo retrógrado y egoísta del gran empresariado y la derecha chilenos. Los retorcidos argumentos con los que pretenden defender la codicia, el abuso y hasta el latrocinio, muy pocos los consideran todavía seriamente.

Por lo tanto el cambio político que conlleva el programa de la Nueva Mayoría es que pone en movimiento o debiera hacerlo, la transformación de las relaciones entre lo público y lo privado; y entre el Estado y la Sociedad Civil. El que desnaturaliza la primacía de la empresa privada y por consiguiente, la exclusividad de que gozaron en el pasado los intereses de la clase empresarial en la definición de las políticas públicas. 

No es al conjunto de medidas contenidas en el programa de Gobierno a lo que le temen los empresarios y los sectores conservadores de la sociedad, medidas por lo demás que solamente se hacen cargo de los mínimos que incluso son compartidos por los países miembros de la OCDE. 

Decir, sin embargo, que por el solo hecho de plantearse un cambio cultural como el que suponen las medidas contenidas en él, se esté removiendo los cimientos del modelo neoliberal, es una exageración que podría terminar por desmovilizar a la sociedad y detener nuevamente cambios postergados por mas de veinte años.