Equipo Crónica. Sin título, 1977 |
Es evidente que la propuesta del Consejo Constitucional genera un amplio rechazo. Todos los partidos democráticos y progresistas han llamado a votar en contra en diciembre. Lo mismo las organizaciones y movimientos sociales. Y de confirmarse la tendencia que marcan las encuestas, esta opción debiera imponerse. Es tan mala, tan clasista, tan reaccionaria, machista y conservadora que es lo que debiera pasar.
El "en contra" está en la relación inversamente proporcional a la concentración de poder, oportunidades y privilegios que consagra.
El escenario del día después en todo caso es lo que genera más aprensiones. Las desafortunadas declaraciones del senador Quintana, casi tan torpes como la de la retroexcavadora, no aportan nada a la comprensión de éste ni a la preparación de las fuerzas sociales y políticas que durante más de cuarenta años han luchado por la democracia y por una nueva Constitución. No pasan de ser ocurrencias peregrinas que en nada contribuyen a detener el intento reaccionario de la derecha y el gran empresariado y prepararse para lo que viene después del plebiscito del 17 de diciembre.
Lo único cierto es que de ganar el "en contra", que es de lo que debieran estar preocupados todos los y las demócratas, la elaboración de una nueva Constitución va a seguir siendo una tarea actual, mas allá de que se realice durante este gobierno o en el que eventualmente le suceda. Las fuerzas reaccionarias van a seguir resistiéndolo; los oportunistas de siempre tratando de hacerlo sin pisarle los callos a nadie -pretensión pueril que pretende ponerse por encima de las contradicciones sociales que la actual Constitución genera- y el campo social y popular, de alcanzar la plena democracia y la justicia social.
En esta oportunidad no hay caminos intermedios. Demócratas y Amarillos lo demostraron alineándose alegremente con la derecha y su mamarracho constitucional. El triunfo de el "en contra" generaría condiciones nuevas que confirman la necesidad de cambiar la Constitución. Pero al mismo tiempo, el agotamiento de los intentos de hacerlo sin la participación directa y protagónica del pueblo. Ni la Convención ni menos el Consejo Constitucional lo hicieron. Y esto no es una responsabilidad que se le pueda endosar al sistema político, a la instituionalidad o "la clase política".
Son las organizaciones, movimientos sociales y partidos de izquierda los que deben asumir la responsabilidad de hacerlo, si es que realmente están comprometidos con la promulgación de una Constitución auténticamente democrática. El poder marea y genera una impresión ideologizada de estar por encima de la sociedad y de saber más que el resto. De ser más inteligente que el "facho pobre", que es parte del pueblo trabajador explotado y utilizado por la reacción como masa de maniobra para la mantención del mismo sistema que lo excluye, lo explota y discrimina.
La unidad de pueblo es fundamental además para enfrentar esta campaña. No es mucho más de un mes lo que falta. La consigna sigue siendo "nueva Constitución", sin apellidos ni condiciones. Va desde sectores socialdemócratas, como el laguismo, hasta la izquierda pasando por un amplio arco de organizaciones sociales y ciudadanas, ambientalistas, de género, DDHH, sindicales, juveniles defensores del patrimonio, artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura, pueblos originarios, vecinos, pobladores sin casa, deudores y consumidores; adultos mayores y estudiantes.
A la derecha y el gran empresariado, los mueve la codicia, el afán de lucro; la exclusión de todo lo distinto, la consciencia de sus privilegios y el conservadurismo moral y cultural, representado por el Opus dei y todas sus fundaciones caritativas e hipócritas que han hecho del dolor del pueblo un pretexto para presumir de superioridad moral y de clase.
Nueva Constitución y Unidad del Pueblo, en cambio, son los dos principios que debieran guiar la acción política de la izquierda, el pueblo y el progresismo en este momento.
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