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| Equipo Crónica. El intruso |
Este mes se conmemoran treinta años desde el triunfo del NO en el
plebiscito. Ha sido una conmemoración no exenta de polémicas originadas por la
pretensión del presidente de la DC Fuad Chaín y de su par del PR, Carlos
Maldonado, de realizarla solamente con los partidos de la extinta Concertación
de Partidos por la Democracia.
Lo que entonces sucedió, aunque todavía es objeto de
interpretaciones, es que los militares se retiraron de las funciones de
dirección del gobierno y comenzó el proceso de traspaso de éstas a
los civiles, lo que se conoció como "transición a la democracia".
Lo cierto es que, pese a lo anterior, la Constitución que nos
rige sigue siendo la misma aprobada por la dictadura mediante un plebiscito
fraudulento; el modelo económico de libre mercado o neoliberalismo, constituye
aún la base sobre la que descansa nuestra cultura -caracterizada por el
individualismo, la competencia, el emprendimiento privado y la mercantilización
de las relaciones sociales- así como la impunidad de los más connotados
criminales de nuestra historia como país.
El año 2011, sin embargo, explotaron las movilizaciones de
masas más importantes desde el retorno a la democracia. Estas, por cierto, no
surgieron de la nada. Fueron expresión de las contradicciones propias de la
transición y que se manifiestaban ya desde los años noventa del siglo pasado en
todos los ámbitos de la vida nacional y de muy variadas maneras.
El pueblo se movilizó masivamente -aún con una buena dosis de
espontaneismo- en contra de la mercantilización de la vida social y el lucro;
por el derecho a la educación; la defensa de nuestros recursos y las empresas
estatales -como ENAP y CODELCO-; en contra de proyectos energéticos que
destruyen el mediomabiente y deterioran la calidad de vida de poblaciones
enteras. En contra del centralismo y el abandono de vastas zonas del territorio
nacional en beneficio de los ámbitos más rentables de la actividad económica.
De la misma manera por más democracia y participación, lo que
se expresaba en todas las movilizaciones en la exigencia de una nueva
Constitución.
Lo que entonces sucedió no fue un paréntesis en nuestra
somnífera transición,si bien tampoco fue "el derrumbe del modelo",
frase mediática y efectista aunque confusa y desmovilizadora .
Fue expresión de sus grietas, de sus efectos excluyentes, y
de los límites de la institucionalidad política vigente para procesarlas y
resolverlas, así como de la estrechez de la "democracia de los
acuerdos" para incluirlas y representarlas.
A comienzos de la transición, sólo por poner un ejemplo, el
gobierno de Patricio Aylwin prohíbe el ingreso del grupo de rock inglés Iron
Maiden; la iglesia impide la difusión e implementación de las JOCAS, iniciativa
de educación sexual del ministerio de educación; se aprueba el co-pago o
financiamiento compartido en educación escolar. Más tarde, la libreta de
ahorros para la educación superior, los créditos CORFO y el CAE; los
multifondos de las AFP's y la autorización para invertirlos en acciones en el
exterior; la evaluación docente y después, la ley 20501, que rigen el desempeño
laboral de los docentes en la educación pública.
Lo del 2011, es como un acto de control social con efecto
retardado; un abrupto despertar de la sociedad al comprobar que las promesas
de la transición no solamente no se cumplieron sino que se convirtieron en su
contrario: autoritarismo, conservadurismo moral, encarecimiento del costo de la
vida -producto de la privatización de los servicios,incluidas las carreteras-,
endeudamiento, pérdida de poder de negociación de los sindicatos y las
organizaciones sociales; deterioro del medioambiente y contaminación.
El sistema de partidos y las alianzas que lo sustentan hace crisis y
surgen la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, precisamente como expresiones de
esta crisis que le impone el binominalismo y la política de los consensos a los sectores democráticos en tanto camisa de fuerza que les impide desplegar una agenda
auténticamente democratizadora y reformista y en la derecha, comienza el
declive de la hegemonía conservadora del catolicismo y la UDI.
El malestar social se empieza a manifestar y esa incapacidad
de la institucionalidad política contenida en la Constitución del 80 de
resolverlo, en el aumento de las contradicciones y desacuerdos entre sus
representantes –gobierno, partidos políticos, parlamentarios, jueces,
periodistas y comunicadores sociales e instituciones morales y religiosas-.
Es decir, el riesgo para el sistema de que ese malestar
explote nuevamente, como el 2011, es todavía mayor. Y el sistema político -tal como lo han señalado Genaro Arriagada y otros representantes políticos e intelectuales del liberalismo concertacionista- es precisamente el pistón que podría conducir la presión que ejercería ese malestar sobre el modelo, tal como lo fue la salida pactada de la dictadura militar hace treinta años mediante un plebiscito.
Pero esa solución no habría sido posible a no ser por la exclusión de la izquierda y las organizaciones sociales de la dirección del proceso de recuperación democrática. Es la razón para que importantes dirigentes de partidos de la NM planteen abiertamente la exclusión del PC y del FA de las conmemoraciones del triunfo del NO; no por lo que este acontecimiento significó -lo que sigue siendo objeto de controversias- sino por el significado de la coyuntura actual y el riesgo que implica para los defensores del sistema neoliberal, las grandes empresas y las no tan grandes que se han visto beneficiadas en los últimos treinta años, con los abundantes traspasos de fondos del Estado al sector privado mediante subsidios, fondos concursables y tercerización de sus funciones, sector en el que abundan los nuevos ricos de la transición.
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