Deja vu

Marinus van Reymerswaele. Dos recaudadores de impuestos. 1542

El acuerdo suscrito recientemente entre el PPD y el Ministro de Hacienda trae a la memoria lo que pasó en los primeros meses de la primera administración de Piñera. La oposición de entonces, deambulando entre la política de los consensos y la intrasigencia democrática. El terremoto, además, le impuso algunos límites difíciles de soslayar para ejercer su rol. Lo curioso en ese entonces era que los papeles a los que algunos actores políticos se habían adaptado, en algunos casos de muy buen grado, se invertían. En un régimen fuertemente presidencialista además, era lógico que la derecha debía llevar el pandero sin que eso les pareciera anormal. 

Sin embargo, la movilización social, le puso un límite. Y es así que a los muchos llamados que hizo el entonces Presidente de la República a acuerdos nacionales y consensos, no hubo quien acudiera excepto sus amigos y aliados. 

El corazón de la democracia de los acuerdos quedó herido. Piñera en las postrimerías de su mandato, tuvo que recibir directamente en La Moneda a un grupo de dirigentes estudiantiles, sindicales y de padres y apoderados aunque no se llegara a casi nada. Donde sí estaban pasando cosas era entre los mismos partidos que la habían protagonizado. Las alianzas políticas tradicionales sucumbieron a esta ola de luchas protagonizadas por estudiantes, ambientalistas y trabajadores (el año 2011 fue el primer paro de trabajadores de planta de CODELCO en democracia y un masivo paro nacional convocado por la CUT; la lucha contra la instalación de centrales termoeléctricas en el norte e hidroeléctricas en el sur; sumados al paro prolongado de las universidades estatales y liceos públicos) de manera tal que se empiezan a configurar otras nuevas y a aparecer otros actores políticos como el FA.

Se acaba el sistema binominal mayoritario, piedra angular de la estabilidad política de la transición y comienza un ciclo de reformas limitadas pero que apuntan por primera vez en un sentido opuesto al de ésta. Muchas de ellas sucumbieron en el TC y otras en el propio parlamento por la ambigüedad comentada al comienzo. 

Actualmente, en cambio, la idea de reeditarla no seduce a muchos. Es usada solamente como recurso retórico o como una suerte de advertencia ante la inestabilidad que augura la incapacidad de la elite de reconstruir su consenso sobre una base material frágil caracterizada por la capacidad limitada que tiene el modelo de desarrollo  actual de generar riquezas que alcancen para todos. En efecto, el bajo crecimiento económico estimado para este año en un modesto 1,8% no alcanza ni siquiera para satisfacer la codicia de los grandes empresarios y el capital hiperconcentrado. Qué migajas van a quedar para educación, salud, vivienda, salarios, transporte público, seguridad y cultura....todo apunta, como agudamente lo sugirió el CEP en su última encuesta, a un aumento de la conflictividad social.

Durante la transición, en cambio, había para todos, incluso para programas focalizados. Los últimos precisamente, son los primeros en sufrir el ajuste. Negociar compensaciones, por lo tanto, resulta inconcebible. Ello, porque el margen para hacerlo es minúsculo por no decir inexistente. Recurrir al TC para oponerse al Proyecto de Reconstrucción es una estrategia que puede inducir a la realización de un debate nacional acerca de la forma de hacerse cargo de sus objetivos sin afectar los derechos de las familias trabajadoras, las PYMES y el medioambiente. Esto pues la naturaleza de clase del dichoso proyecto solamente considera las necesidades del gran empresariado. 

Recurir al TC entonces es un importante primer paso, siempre y cuando esto motive a los mismos partidos de oposición y las organizaciones sociales y de trabajadores y trabajadoras a involucrarse en él. En efecto, aparte de que las famosas compensaciones, en realidad, debieran ser expresión de su capacidad para arrebatarle al sistema y la avaricia de empresarios y tecnócratas la parte que les pertenece del crecimiento económico y que debiera asegurar sus derechos y libertades, lo que se requiere es poner sobre la mesa sus aspiraciones y propuestas. Esto es, como dice el senador Daniel Núñez acerca de las motivaciones para recurrir al TC, recuperar soberanía. 

El deja vu del PPD es solamente un síntoma. Un partido en franca decadencia y que en base a su par de senadores hace del muñequeo su razón de ser. Lo importante es qué dice la oposición, incluyéndolo, acerca de crecimiento económico; salarios; riquezas mineras; impuestos; industria nacional, entre otros temas. Lo mismo las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, estudiantiles, ambientalistas y de género. Es probable que la coyuntura actual sea el epílogo para todos aquellos que no lo hagan. Se puede sobrevivir a muchas siendo ambiguos y seguir existiendo en la intrascendencia o bien, ser protagonista aunque sea para ser derrotado en la coyuntura y dejar sembrada la semilla de un futuro mejor por venir. 

Cuenta regresiva

Equipo crónica. El acorazado Potemkin. 1971

El tiempo se le presentó aparentemente más rápido de lo previsto a Kast. Salida anticipada de dos ministras; una crisis de seguridad inventada por él mismo durante su campaña -que fue lo que entre otras cosas la precipitó-; un desempleo que no afloja y que incluso tiende a aumentar y una recesión en ciernes que está disipando rápidamente el aura de supuesta infalibilidad técnica de sus ministros del área y el pensamiento neoliberal que lo inspira. 

Sus respuestas no pueden ser más torpes, por lo dogmáticas y poco prolijas. Fundamentalmente, trasladar todo el costo que implican a los trabajadores y la clase media. Sala cuna e indemnización en caso de despido, deberán financiarlos los mismos que supuestamente debieran ser sus beneficiarios y beneficiarias descontándolos de su seguro de cesantía. Un cogoteo presentado con lenguaje técnico. Empleos cada vez más precarios como forma de recuperación de puestos de trabajo, esto es con jornadas cada vez más inciertas, salarios más bajos y sin seguridad social; ajuste del gasto que el Estado realiza y que los beneficiaría en materia de vivienda, salud y educación públicas y cultura. 

La chiva de que esto en el futuro va a cambiar o de que apretarse el cinturón hoy, se traduciría en mejorías por venir, se las creen cada vez menos incautos, como lo reflejan las encuestas. Lo cierto es que el gobierno ha sido decepcionante para la mayoría que lo votó y se está transformando progresivamente en una pesadilla para la mayoría de la población.

Bueno, excepto para los mismos de siempre. Los únicos que aplauden a Quiroz y aprueban su paquete ochentero de medidas, son los gremios empresariales, felices por las rebajas de impuestos, los subsidios a la contratación, flexibilidades para hacerlo en el caso de jóvenes y mujeres que rayan con las formas que tenía en el siglo XIX aunque con perfume y luces de colores. Basta con ver las formas de trabajo del retail para ver cómo las pestilentes y oscuras minas de carbón descritas por Baldomero Lillo a comienzos del siglo XX, han sido reemplazadas por los subterráneos de los mall, donde trabajadores y trabajadoras son sometidos a tratos intimidantes, jornadas extralargas, así como condiciones de higiene y alimentación, que contrastan con el oropel de sus vitrinas y patios de comida. 

Por lo demás, dichos anuncios no han tenido el efecto supuesto por el equipo económico entrante de cascadas de inversionistas, nuevos emprendimientos y negocios ni motivado su entusiasmo y confianza. Aparentemente, han producido el efecto contrario, al menos hasta ahora. La creencia neoliberal de que el sector privado, casi como si se tratara de la ley de gravedad, va a encabezar la recuperación en un ciclo de menos dinamismo y de ralentización que hasta los mismos economistas del sistema empiezan a admitir, queda en evidencia como lo que es: pura ideología. 

Algunos, de hecho, demostrando más realismo y un poco más de creatividad, han propuesto algunas alternativas y posibilidades dentro de sus límites. Puntos más, puntos menos; algunas compensaciones; tal vez redistribuir la focalización o redefinirla, considerando los cambios operados en los últimos años en cuanto a necesidades de consumo de los hogares. 

Por esa razón, ya no basta con la pura voluntad. Se requiere hacer política. Algo a lo que no están muy acostumbrados. Hasta ahora se parapetan en el Proyecto de Reconstrrucción Nacional, como si fuera un fetiche. Quiroz y Mas; Alvarado y García Ruminot; las bancadas del Partido Republicano y los Nacional Libertarios. Los de Chile Vamos fungiendo de mediadores de un diálogo limitado por su propio contenido. Para ellos, solamente la aprobación del dichoso proyecto va a sacar al país adelante de donde ellos mismos lo están poniendo. Un cuento archiconocido.

No puede haber diálogo si  es que las "líneas rojas", como las llaman, las determinan las cámaras empresariales sin considerar los intereses de trabajadores y trabajadoras, incluyendo en esta categoría a todos quienes cobran un sueldo a fin de mes y van a tener que vivir su vejez en base a lo que lograron ahorrar en una AFP y que esta no haya dilapidado; pequeños emprendedores que abastecen a los grandes empresarios de servicios, mano de obra, intermediación, etc. y que se llevan apenas una pequeña parte de sus ganancias. Algunos incluso en condiciones todavía más precarias que trabajadores y empleados.

No hay contraparte. Y no la habrá si es que la oposición no tiene una idea distinta. Primero, respecto del rol que al Estado y el sector público le corresponde en una estrategia para enfrentar el momento actual, distinta a la visión dogmática de Kast y el gobierno de derechas que preside. Existen condiciones para platearse por ejemplo una política sobre recursos mineros que no sea la privatización o seguir exportando concentrado de cobre. La industria del litio ofrece una enorme posibilidad de desarrollo industrial que no sea concesionar. Eso activaría también las obras públicas, capacidades tecnológicas, etc.

En segundo lugar, respecto de los derechos esenciales que debe resguardar o mejor dicho considerar. Para Kast, Quiroz y cía. parece que el derecho a un trabajo decente no está dentro de sus preocupaciones. Basta con tener trabajo. Lo comprenden como una mera ocupación, nada más. El trabajo, sin embargo, además significa autonomía, libertad para crear y desarrollar un proyecto de vida. Sin embargo, se ve cada vez más amenazada por las políticas que no lo consideran sino como una pieza solamente del proceso productivo, subordinado por cierto al capital y a sus necesidades de valorización. No como fuente de realización autónoma. 

Con los ridículos niveles de salario que se pagan y en un país donde todo es una mercancía y considerando que es la manera en que el gobierno actual lo comprende, obviamente, es imposible. 

Una solución como el acuerdo por la paz entre Piñera y la oposición de entonces, salvo honrosas execpciones, es imposible en estas circunstancias. Kast ha movido los límites del sistema a extremos que difícilmente lo harían posible a menos que se vea obligado a retroceder, lo que no hará voluntariamente ni como el resultado de un consenso.  

 

Llover sobre mojado

Juan Dávila. Juanito Laguna. 1995

 

 "Las libertades que han surgido en el mundo han tenido por base el sacrificio.

Yo estimo que no hay otro remedio, en verdad, que tomar la ofensiva; de lo

contrario seremos diezmados.

 

Luis Emilio Recabarren 

 

América Latina es hoy en día un campo de batalla. El combate heroico de la revolución cubana por resistir al bloqueo sistemático del que ha sido objeto por más de sesenta años, agudizado durante la administración Trump con el propósito confesado explícitamente de hacerla explotar desde dentro, es tal vez uno que definirá el futuro de la humanidad.

El imperialismo norteamericano, armado de una versión remasterizada de la Doctrina Monroe, se ha planteado recuperar su patio trasero, rico en recursos naturales, agua dulce, tierras cultivables y un mercado de unos 671 millones de personas. En el marco de su inexorable bancarrota, Trump trata de asegurarle un lugar en el mundo que viene a las corporaciones multinacionales, la industria armamentista y de la entretención masiva, comandadas por un puñado de billonarios de la industria tecnológica y de la información, que ya ni siquiera disimulan sus tendencias fascistas e intervienen en política directamente, sin intermediarios, en todo el continente, desde Honduras al cono sur.

Las recientes elecciones de Colombia y el Perú, dan cuenta de su voluntad de dar la pelea hasta el final y recurre para ello, ya no a militares ideologizados en opiniones patrioteras y en la Doctrina de Seguridad Nacional, como en el siglo XX. Lo hace a través del uso de la información y las redes sociales; la IA y las novísimas tecnologías de las comunicaciones; que después actúan a través de los medios tradicionales y una justicia venal que legitima sus decisiones, sus actuaciones y sus resultados institucionalmente.  El resultado es como decía Recabarren hace más de cien años que "Acostumbrados los trabajadores a sufrir la tiranía y la opresión, llegan a no sentir la necesidad de emanciparse”.

En Chile, esa ofensiva reaccionaria tiene nombre y apellido. José Antonio Kast. No hay lugar para términos medios. En cien días de gobierno, ha arrasado con el consenso que con tanto esmero habían construido las elites que han gobernado el país en las últimas décadas. En materia tributaria, empleo, medioambiente, educación y cultura. A las sofisticadas versiones del neoliberalismo de la transición, lo ha reemplazado una recuperación chusca de su versión original de los “años ochenta”.

Solo en el transcurso de la última semana, instaló el debate de su agenda policíaca a través del “registro de vándalos”. También la desregulación de la jornada laboral que viene a borrar una conquista centenaria del movimiento obrero; la contrarreforma tributaria más agresiva de la que se tenga memoria desde la época de Pinochet; la reposición de la selección y mecanismos de exclusión del sistema escolar a través de la reforma del SAE; la redefinición de las políticas de recursos mineros después del nombramiento de Bernardo Fontaine en el directorio de CODELCO; la reforma del Estado durante el cambio de gabinete; los ajustes en salud y educación públicas.

Asimismo, ha sostenido una dura ofensiva en contra del gobierno anterior que ha incluido toda clase de tongos, desde anunciar una auditoria externa al Estado (sic); denuncias aparatosas de mal uso de recursos públicos; descontrol de la migración, delincuencia desatada y una enervante lista de catástrofes que sirvieran de argumento a sus políticas. El corolario de esta ofensiva es la acusación constitucional contra el ex Ministro de Hacienda Nicolás Grau, nada menos que por hacer su trabajo.

En efecto, la acusación constitucional se basa en la suposición de que el anhelado equilibrio fiscal de los neoliberales sólo es posible ajustando el gasto; eliminando programas; despidiendo funcionarios públicos; reduciendo el tamaño del Estado; y si se cumple la afiebrada profecía de que el crecimiento económico va a producirlo casi espontáneamente porque los recursos que generaría harían prácticamente innecesaria la intervención del Estado, excepto en lo que tiene que ver con lo más elemental porque todo lo demás lo resolvería el mercado.

Esta ofensiva reaccionaria prácticamente no deja margen alguno para la negociación y ha dejado en el camino un nutrido campo de plañideras que van desde la derecha “liberal” que finalmente ha votado a favor de todas las excentricidades que contiene, hasta viejas glorias del liberalismo social que se han limitado a hacerle críticas académicas. Lo esencial permanece. Pérdida de derechos; desempleo o precariedad; pérdida de soberanía; criminalización de la protesta y aumento de las medidas de control sobre los pobres, los jóvenes y otros segmentos de la sociedad.

Chile es parte de la batalla que se libra en América por nuestra soberanía, los derechos humanos y la justicia social. Actualmente nos llueve sobre mojado y la ofensiva de la reacción parece no encontrar resistencia alguna. Aparentemente, la tendencia inexorable es su imposición inevitable. Eso, de no mediar la acción de una oposición decidida primero a detenerla y después a derrotarla para recuperar y ampliar los derechos y libertades que pretende arrebatarnos.

Los sibilinos mensajes de la encuesta CEP

Miguel Angel. Sibila Cumana. Capilla Sixtina. 1508-1512

La medición y exposición de la opinión pública como un índice de credibilidad y luego, para la toma de decisiones políticas, durante los últimos años, ha sido constante y prácticamente ha suplantado a otras formas de deliberación, como el Parlamento, los sindicatos y los partidos políticos. 

Su crisis de representatividad y prácticamente nula credibilidad, expuestas por las mismas encuestas, confirman a las últimas como autoridad en la materia -lo que ya de por sí resulta bastante sospechoso por los enormes intereses económicos de una industria cuya base es precisamente la fiabilidad y que por consiguiente vive de los niveles de confianza depositadas en ella-. La danza de números que todos los días agobian a la opinión pública que dicen representar, en este sentido, no tienen otro propósito que modelarla de modo tal que después repite lo mismo que según las encuestas opina. 

El vaticano de estas medicioness, el CEP, acaba de presentar la suya, consultando acerca de las tendencias que supuestamente son las que definen o debieran hacerlo, el comportamiento de la sociedad y lo que es más importante, la toma de decisiones de los actores políticos y culturales relevantes de la sociedad, aunque de paso también nos dice quiénes son. Según esta, el gobierno de Kast ya dilapidó el capital con el que contaba al momento de su elección, mientras el de la izquierda, representada para el instituto en los personeros del anterior gobierno -incluido el ex presidente- mantiene inalterado los niveles de respaldo que tuvo durante todo su período e incluso en el resultado de las últimas elecciones presidenciales. En cambio, la ultraderecha tiene altísimos niveles de desaprobación. 

Para el decano de las encuestas, además, el cabecilla del estilo tecnocrático y frío del gabinete, el ministro Quiroz, tiene un nivel de aprobación tan ridículo como el de la cantinflera ex vocera. Lo que ciertamente no se dice, es que su batería de medidas, como las rebajas de impuestos, traspasar las alzas a los consumidores, su política de ajuste brutal en áreas tan sensibles para la población como salud y educación, es justamente el origen de semejante catástrofe para el gobierno. 

Se hace una mención genérica a que la población siente que la situación económica es "mala" o "muy mala", lo mismo que en delincuencia, educación y salud, pero como cualquier instrumento de estas características, no explica claramente a qué se refiere este índice. Las soluciones de Quiroz incluso podrían no ser la causa de semejante impresión de la opinión pública, sino como han tratado  de hacer creer majaderamente, el ex ministro Grau, el ex presidente Boric, la guerra en medio oriente, la reforma tributaria de la ex Presidenta Bachelet, a lo que habría que sumar todas las reformas que se han realizado en los últimos diez años en materia económica y social, excepto el mediocre paréntesis de Piñera. 

No es casual en este sentido, que hayan aparecido Matthei, Correa y otras antiguas glorias de la democracia de los acuerdos a realizar críticas muy caballerosas al gobierno de Kast. 

Que la encuesta CEP nos venga a recordar o pretenda al menos, la irrelevancia de los partidos políticos y el movimiento sindical tiene también un significado. Efectivamente, se podría decir sin temor a equivocarse y solamente en base a la constatación de los aportes que han hecho en estos tres meses, que su acción ha sido irrelevante. La consecuencia más o menos obvia de semejante constatación para un observador desprevenido es que la eventual solución a semejante crisis expresada por la encuesta no pasa por ellos. ¿Qué alternativa quedaría en ese caso? Solamente perseverar en el mismo camino de Kast y Quiroz aunque de otra manera o una populista que las preserve con ciertos toques de tropicalismo estilo Bukele, Bolsonaro o Milei, lo que se ve difícil considerando el rechazo que generan Kaiser, Squella y el resto. 

La encuesta CEP presenta más interrogantes que respuestas. Indica de modo muy sibilino un problema que tiene la derecha y sugiere ciertas maneras de enfrentarlo o a lo menos, una materia para discutir en sus centros de estudio, las universidades y los medios que tiene. A la izquierda también. Principalmente, qué es lo que falta y la manera de realizarlo, para que lel agotamiento prematuro de la estrategia de la derecha para este período se transforme en una oportunidad para democratizar la sociedad; el lugar que debieran ocupar sus partidos, el moviiento sindical y social en general para pasar de la resignación ante los puros hechos expuestos por una encuesta, a la acción social transformadora.   

Cuando la nostalgia cede su lugar a la resignación

Georg Grosz. Homenaje a Oskar Panizza. 1917-18

El informe del Presidente Kast al Congreso Pleno debe haber resultado decepcionante para los nostálgicos de la "democracia de los acuerdos" y muy sólido, en cambio, para el sector más reaccionario de su alianza -aunque la nostalgia cede dada vez más su lugar a la resignación entre sus protagonistas-. Fue una declaración de principios, mezcla de conservadurismo moral y ultraliberalismo como no se veía desde los años setenta del siglo XX.

 

Lo nuevo es que ya no solamente marca sus diferencias con la administración anterior ni que insiste majaderamente en culparla de todas las emergencias de las que debe hacerse cargo la suya, sino que además expone un programa reaccionario y fundamentalista, que va más allá de aquella coyuntura que, en realidad, fue la excusa para despejarle el camino. La mejor prueba de ello, es la confesión presidencial de lo "doloroso" que habría sido el traspaso del alza de los combustibles a los consumidores y al pueblo, y la consiguiente felicitación por haberlo soportado tan estoicamente.

 

También la de que la ausencia de una estrategia de seguridad va a ser subsanada con una batería de medidas de control que rayan con el Estado policial y que lleva entre sus componentes restricción en el ejercicio de derechos como forma de castigo ante la comisión de actos que en forma gruesa denomina "incivilidades". Crear una ley que las castigaría y un registro de infractores o de responsables de "incivilidad", enlaza lo arbitrario y la excusa, con la finalidad de aumentar el control y disminuir las libertades individuales y colectivas. El plan de seguridad de Kast muestra de esta manera realmente qué es lo que entiende por tal, incluyendo la intervención policiaca de los barrios que con toda seguridad va a aumentar los niveles de violencia de que ya son víctima.

 

La seguridad es concebida por Kast y la derecha sólo como la posibilidad de resguardar la propiedad privada, sin considerar lo que es patrimonio común de todos los chilenos y chilenas como los bienes culturales, la naturaleza y otros que Kast, Poduje, Alvarado y el resto de la derecha consideran inexistentes o motivo de chistes-.

 

El ajuste que ejecuta del gasto social y de las capacidades del Estado para hacerse cargo de las demandas de la sociedad, es inevitable pues la rebaja de impuestos a los super ricos lo priva de los recursos necesarios para hacerse cargo de ellas. Es una transferencia de varios miles de millones de pesos desde el gasto social a los súper ricos que muestra su lado violento pues no se puede suponer que no vaya a generar molestia, disconformidad y protesta social, catalogada de antemano como “incivilidad”. El aumento en el límite de deuda que según Quiroz habría autorizado casi con lágrimas en los ojos, es la mejor demostración de su obsecuencia con los intereses del empresariado, toda vez que prefiere endeudar al Estado antes que subirle los impuestos, usando como excusa el último IFP.

 

La brecha de desigualdad que dicha estrategia profundiza y la de la sociedad con una institucionalidad política que no solamente no se hace cargo de ella sino que la legitima y la genera, están provocando un cambio social de proporciones. Un cambio de este calado reclama la reforma del Estado que dé cuenta de ella.

 

Es, precisamente, por esa razón que Kast lo incluye en la cuenta presidencial y empezaría por la fusión de algunos ministerios. Pero va a continuar con la comisión de expertos que le haría recomendaciones que con toda seguridad ya están redactadas y guardadas en los cajones del escritorio de Alvarado o García.  Vendrán luego otras fusiones, eliminación de programas; guerra a la “permisología” y con toda seguridad algunas privatizaciones de lo que aún se pueda privatizar, como CODELCO.

 

El discurso de Kast frente al Congreso marca un hito en la historia reciente del país. No solamente se encarga de dejar en claro su diferencia doctrinaria, moral y política sino que señala una que solamente es posible salvar en el caso de la resignación frente a los puros hechos, en este caso la política represiva, moralmente fundamentalista y ultra liberal de su gobierno. El rol de la oposición entonces ya no es solamente "defender", "resistir", ni siquiera someter a un escrutinio crítico la acción del gobierno. Ahora además debe ser la de representar una alternativa de sociedad, la aspiración y la voluntad de construir una sociedad diametralmente opuesta. Otra cosa es darse por vencido de antemano. 

 

Las joyas de la corona

Johannes Ver Meer. La joven de la perla. 1665-1667

Por estos días, el debate se trasladó del contenido abiertamente clasista del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional hacia la herencia que el gobierno anterior le deja en materia fiscal a la administración actual. Desde antes de que asumiera, durante su instalación y ahora, con motivo del esperado IFP del Ministerio de Hacienda, el discurso ha sido la gran debacle que le legó: déficit, malos cálculos, aumento de la deuda y algunos afiebrados incluso hablan de "dolo", que según el diccionario viene a ser como lo mismo que engaño, estafa, mala fe, etc. 

Es la razón para que republicanos y nacionallibertarios impulsen una acusación constitucional contra el ex Ministro de Hacienda, Nicolás Grau.  Aparentemente un despropósito considerando los sibilinos mensajes del ministro del interior y el de la presidencia en orden a negociar en el senado el proyecto de reconstrucción o ley miscelánea. La suma y resta de votos en la sala, indica que se necesitarían, aunque sea, dos o tres más de los que tiene el oficialismo. ¿Error de cálculo?  ¿inexperiencia? El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ha declarado que aun cuando no sea más que por un voto, aprobarla le parece lo esencial, lo que quiere decir en pocas palabras que los consensos y las mayorías, etc. le importan un bledo. 

Al mismo tiempo, y mientras las elites derechistas se entretienen discutiendo acerca de lo inoportuno que aquello resultaría, el abaco de Quiroz indica que los cálculos de la ley miscelánea tendrían que volver a ser ajustados en función de este escenario post IPM, que resultaría aun peor del previsto por dicha ley. Y lo más increíble es que eso no lo mueva un milímetro de la idea matriz del proyecto que es la reforma tributaria que beneficiaría a los empresarios y a los ricos de este país. Esencialmente, reducción del impuesto corporativo e invariabilidad. 

Quiroz, entonces, saca un as de la manga que es la venta de 1200 propiedades del Estado lo que en opinión de todos los economistas, no alcanza para nada. La privatización de CODELCO aparece como la solución obvia. De esa manera, la trifulca armada por la dupla Mas/Quiroz a propósito de la situación de la estatal y los ataques en contra de su ex vicepresidente Máximo Pacheco y su renuncia a Novandino, cobran sentido.  

Ambas empresas han sido objeto de un constante y capcioso escrutinio por parte de las autoridades del gobierno entrante. CODELCO, la más grande empresa estatal, el mejor negocio del Estado, y Novandino, la viga maestra del desarrollo del país en el siglo XXI, están en peligro aunque Quiroz haya indicado que no está entre sus cálculos y que requeriría una reforma constitucional, no así el Ministro Mas. La vieja estrategia del policía bueno y el policía malo, que se expresa también en el Parlamento, en la Alianza de gobierno y el gabinete.

Una política de semejante calado implicaría, necesariamente, una transformación del Estado como no se habría visto desde los tiempos de Pinochet. Así de grave. De ahí la insistencia de los medios de derecha, o sea casi todos, por instalar la discusión sobre la disminución del número de ministerios, a lo que seguramente le van a seguir otras linduras. 

El tiempo apremia. Lo que la derecha no consiguió en el Consejo Constitucional, podría lograrlo por la vía parlamentaria. Sin embargo, las encuestas indican que su respaldo se está agotando y que cuenta cada vez con menos apoyo en todos los tramos etarios, por segmento socioeconómico excepto los más ricos, y en todas las regiones. En general, su comportamiento ha sido chusco, lejos de la sofisticación de la "democracia de los acuerdos" que tan bien le venía a los Allamand, Matthei e incluso a Longueira, prohombre de la UDI popular. Ello, sin embargo, no por torpeza solamente sino también porque justamente el tiempo no alcanza para tantas sutilezas y cabildeos. 

Las joyas de la corona está en juego y es momento de tomarlas. 

Cambios al sistema de admisión: retorno al siglo XIX

Adriaen van Ostade. El maestro de escuela 1662

                                

El gobierno de millonarios y para millonarios de JAK, acaba de anunciar una de las medidas que apuntan a reforzar el corazón del carácter clasista del sistema educacional: reformar el sistema de admisión escolar, incluidos los establecimientos particulares subvencionados, de manera que con el pretexto ideológico de "considerar el mérito", puedan reponer sistemas discrimatorios como las entrevistas a los padres; las pruebas de admisión; la consideración del desempeño académico previo e incluso las necesidades educativas especiales de los y las postulantes, como factores de exclusión. 

A los recortes en infraestructura, asistencialidad escolar (JUNAEB), gestión de los Servicios Locales de Educación y gratuidad en la educación superior, el gobierno de derecha suma un nuevo golpe a la educación pública. El propósito es evidente. Redistribuir recursos hacia arriba. Quitarle financiamiento a servicios sociales como educación (lo que también hace con una alegría infame en el sector salud), y transferirlos a los ricos en la forma de rebajas de impuestos, subsidios y otras regalías. Desde la dictadura de Pinochet que no se veía algo semejante. 

Con la reforma del sistema de admisión, el Ministerio de Educación, conducido nuevamente por una ingeniera comercial, favorece a los sostenedores de escuelas particulares para que éstos hagan el trabajo sucio de arrebatar la matrícula de las escuelas fiscales administradas por municipios y servicios locales de educación, con el pretexto de la competencia, por medio de una propaganda absolutamente desregulada y mendaz. De esa manera, ésta capaz que termine por hacerlas desaparecer o reducirla al nivel de un "plan focalizado", como si ello fuera el resultado natural de tendencias necesarias o inevitables. Es lo que ellos llaman "ponerle los patines". Ahora son las pruebas de admisión; mañana el financiamiento compartido probablemente y otros mecanismos de clausura que afectan a estudiantes, familias y finalmente al país entero. 

Esta es la manifestación concreta de la creencia dogmática de los neoliberales de que existen ciertas leyes necesarias del desarrollo social, las que además coinciden con sus estrafalarias teorías, ante las que el pensamiento debe someterse. Un absurdo por donde se le mire. Como que las rebajas de impuestos generan inversión y empleo (sic). De esa manera, al Estado no le queda más que adaptar su política, en este caso su política educativa, a esas supuestas "leyes" y dejar que cada uno se salve como pueda. Para ellos, la educación es una responsabilidad individual o en el mejor de los casos, de las familias. Así, siempre van a ser finalmente los más poderosos, cultural y económicamente los que lo hagan. 

Como en el siglo XIX. 

El problema es que esta política no garantiza tampoco resultados académicos, comúnmente rotulados como "calidad de la educación". En efecto, la segmentación del sistema escolar solamente redistribuye su pobreza material de manera tal que al Estado le salga más barato, lo que es conocido como "focalización", y al mismo tiempo reorganiza los capitales culturales encerrándolos en ghettos. No produce más aprendizaje ni mejores resultados en las pruebas estandarizadas como el SIMCE, estos simplemente se trasladan. Y siempre lo hace de abajo hacia arriba.

Políticamente, este golpe es un ataque frontal al derecho a la educación con una clara intención de clase. Significa un retroceso de a lo menos diez años en lo que respecta a reforma educativa y ni siquiera se condice con la evidencia empírica, que indica que las reformas privatizadoras de los años ochenta y noventa, no generaron ni mejor educación ni mayor integración social. 

La respuesta de las comunidades educativas, no puede ser otra sino la de rechazar esta política clasista y movilizarse por la defensa del derecho a la educación. Partiendo por el sindicalismo docente, para el que esta reforma significa casi tanto como lo que podría significar para los trabajadores del cobre, la apertura de la venta de acciones de alguno de los yacimientos de CODELCO o la contrarreforma que ya anuncia el ministerio del trabajo a las normas sobre jornada y negociación colectiva. 

Ya los recortes del gasto exigidos por Quiroz a todos los ministerios, en educación han significado un retroceso en inclusión, gratuidad, eficiencia del sistema, asistencialidad y han golpeado tanto al sistema universitario como al escolar. Afectan las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación de los y las estudiantes y sus familias y empobrecen las condiciones y el significado de la profesión docente. Favorecen a la educación privada, a los empresarios de esta industria y finalmente a los más ricos que, gracias a esta concepción de la educación que la convierte en una responsabilidad individual, son exhimidos de alguna para con la sociedad, excepto con sus propios inetereses de clase. 

El gobierno de Kast ha abierto una brecha. Y a cada día que pasa parece ampliarse más. Sólo una acción decidida del sindicalismo docente podría ocuparla para ampliar las posibilidades de defender los derechos del pueblo chileno a la educación y derrotar la ofensiva conservadora del gobierno actual.