Las joyas de la corona

Johannes Ver Meer. La joven de la perla. 1665-1667

Por estos días, el debate se trasladó del contenido abiertamente clasista del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional hacia la herencia que el gobierno anterior le deja en materia fiscal a la administración actual. Desde antes de que asumiera, durante su instalación y ahora, con motivo del esperado IFP del Ministerio de Hacienda, el discurso ha sido la gran debacle que le legó: déficit, malos cálculos, aumento de la deuda y algunos afiebrados incluso hablan de "dolo", que según el diccionario viene a ser como lo mismo que engaño, estafa, mala fe, etc. 

Es la razón para que republicanos y nacionallibertarios impulsen una acusación constitucional contra el ex Ministro de Hacienda, Nicolás Grau.  Aparentemente un despropósito considerando los sibilinos mensajes del ministro del interior y el de la presidencia en orden a negociar en el senado el proyecto de reconstrucción o ley miscelánea. La suma y resta de votos en la sala, indica que se necesitarían, aunque sea, dos o tres más de los que tiene el oficialismo. ¿Error de cálculo?  ¿inexperiencia? El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ha declarado que aun cuando no sea más que por un voto, aprobarla le parece lo esencial, lo que quiere decir en pocas palabras que los consensos y las mayorías, etc. le importan un bledo. 

Al mismo tiempo, y mientras las elites derechistas se entretienen discutiendo acerca de lo inoportuno que aquello resultaría, el abaco de Quiroz indica que los cálculos de la ley miscelánea tendrían que volver a ser ajustados en función de este escenario post IPM, que resultaría aun peor del previsto por dicha ley. Y lo más increíble es que eso no lo mueva un milímetro de la idea matriz del proyecto que es la reforma tributaria que beneficiaría a los empresarios y a los ricos de este país. Esencialmente, reducción del impuesto corporativo e invariabilidad. 

Quiroz, entonces, saca un as de la manga que es la venta de 1200 propiedades del Estado lo que en opinión de todos los economistas, no alcanza para nada. La privatización de CODELCO aparece como la solución obvia. De esa manera, la trifulca armada por la dupla Mas/Quiroz a propósito de la situación de la estatal y los ataques en contra de su ex vicepresidente Máximo Pacheco y su renuncia a Novandino, cobran sentido.  

Ambas empresas han sido objeto de un constante y capcioso escrutinio por parte de las autoridades del gobierno entrante. CODELCO, la más grande empresa estatal, el mejor negocio del Estado, y Novandino, la viga maestra del desarrollo del país en el siglo XXI, están en peligro aunque Quiroz haya indicado que no está entre sus cálculos y que requeriría una reforma constitucional, no así el Ministro Mas. La vieja estrategia del policía bueno y el policía malo, que se expresa también en el Parlamento, en la Alianza de gobierno y el gabinete.

Una política de semejante calado implicaría, necesariamente, una transformación del Estado como no se habría visto desde los tiempos de Pinochet. Así de grave. De ahí la insistencia de los medios de derecha, o sea casi todos, por instalar la discusión sobre la disminución del número de ministerios, a lo que seguramente le van a seguir otras linduras. 

El tiempo apremia. Lo que la derecha no consiguió en el Consejo Constitucional, podría lograrlo por la vía parlamentaria. Sin embargo, las encuestas indican que su respaldo se está agotando y que cuenta cada vez con menos apoyo en todos los tramos etarios, por segmento socioeconómico excepto los más ricos, y en todas las regiones. En general, su comportamiento ha sido chusco, lejos de la sofisticación de la "democracia de los acuerdos" que tan bien le venía a los Allamand, Matthei e incluso a Longueira, prohombre de la UDI popular. Ello, sin embargo, no por torpeza solamente sino también porque justamente el tiempo no alcanza para tantas sutilezas y cabildeos. 

Las joyas de la corona está en juego y es momento de tomarlas. 

Cambios al sistema de admisión: retorno al siglo XIX

Adriaen van Ostade. El maestro de escuela 1662

                                

El gobierno de millonarios y para millonarios de JAK, acaba de anunciar una de las medidas que apuntan a reforzar el corazón del carácter clasista del sistema educacional: reformar el sistema de admisión escolar, incluidos los establecimientos particulares subvencionados, de manera que con el pretexto ideológico de "considerar el mérito", puedan reponer sistemas discrimatorios como las entrevistas a los padres; las pruebas de admisión; la consideración del desempeño académico previo e incluso las necesidades educativas especiales de los y las postulantes, como factores de exclusión. 

A los recortes en infraestructura, asistencialidad escolar (JUNAEB), gestión de los Servicios Locales de Educación y gratuidad en la educación superior, el gobierno de derecha suma un nuevo golpe a la educación pública. El propósito es evidente. Redistribuir recursos hacia arriba. Quitarle financiamiento a servicios sociales como educación (lo que también hace con una alegría infame en el sector salud), y transferirlos a los ricos en la forma de rebajas de impuestos, subsidios y otras regalías. Desde la dictadura de Pinochet que no se veía algo semejante. 

Con la reforma del sistema de admisión, el Ministerio de Educación, conducido nuevamente por una ingeniera comercial, favorece a los sostenedores de escuelas particulares para que éstos hagan el trabajo sucio de arrebatar la matrícula de las escuelas fiscales administradas por municipios y servicios locales de educación, con el pretexto de la competencia, por medio de una propaganda absolutamente desregulada y mendaz. De esa manera, ésta capaz que termine por hacerlas desaparecer o reducirla al nivel de un "plan focalizado", como si ello fuera el resultado natural de tendencias necesarias o inevitables. Es lo que ellos llaman "ponerle los patines". Ahora son las pruebas de admisión; mañana el financiamiento compartido probablemente y otros mecanismos de clausura que afectan a estudiantes, familias y finalmente al país entero. 

Esta es la manifestación concreta de la creencia dogmática de los neoliberales de que existen ciertas leyes necesarias del desarrollo social, las que además coinciden con sus estrafalarias teorías, ante las que el pensamiento debe someterse. Un absurdo por donde se le mire. Como que las rebajas de impuestos generan inversión y empleo (sic). De esa manera, al Estado no le queda más que adaptar su política, en este caso su política educativa, a esas supuestas "leyes" y dejar que cada uno se salve como pueda. Para ellos, la educación es una responsabilidad individual o en el mejor de los casos, de las familias. Así, siempre van a ser finalmente los más poderosos, cultural y económicamente los que lo hagan. 

Como en el siglo XIX. 

El problema es que esta política no garantiza tampoco resultados académicos, comúnmente rotulados como "calidad de la educación". En efecto, la segmentación del sistema escolar solamente redistribuye su pobreza material de manera tal que al Estado le salga más barato, lo que es conocido como "focalización", y al mismo tiempo reorganiza los capitales culturales encerrándolos en ghettos. No produce más aprendizaje ni mejores resultados en las pruebas estandarizadas como el SIMCE, estos simplemente se trasladan. Y siempre lo hace de abajo hacia arriba.

Políticamente, este golpe es un ataque frontal al derecho a la educación con una clara intención de clase. Significa un retroceso de a lo menos diez años en lo que respecta a reforma educativa y ni siquiera se condice con la evidencia empírica, que indica que las reformas privatizadoras de los años ochenta y noventa, no generaron ni mejor educación ni mayor integración social. 

La respuesta de las comunidades educativas, no puede ser otra sino la de rechazar esta política clasista y movilizarse por la defensa del derecho a la educación. Partiendo por el sindicalismo docente, para el que esta reforma significa casi tanto como lo que podría significar para los trabajadores del cobre, la apertura de la venta de acciones de alguno de los yacimientos de CODELCO o la contrarreforma que ya anuncia el ministerio del trabajo a las normas sobre jornada y negociación colectiva. 

Ya los recortes del gasto exigidos por Quiroz a todos los ministerios, en educación han significado un retroceso en inclusión, gratuidad, eficiencia del sistema, asistencialidad y han golpeado tanto al sistema universitario como al escolar. Afectan las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación de los y las estudiantes y sus familias y empobrecen las condiciones y el significado de la profesión docente. Favorecen a la educación privada, a los empresarios de esta industria y finalmente a los más ricos que, gracias a esta concepción de la educación que la convierte en una responsabilidad individual, son exhimidos de alguna para con la sociedad, excepto con sus propios inetereses de clase. 

El gobierno de Kast ha abierto una brecha. Y a cada día que pasa parece ampliarse más. Sólo una acción decidida del sindicalismo docente podría ocuparla para ampliar las posibilidades de defender los derechos del pueblo chileno a la educación y derrotar la ofensiva conservadora del gobierno actual. 

Ser o no ser

John Everett Millais. Ophelia. 1852

La famosa línea de Hamlet de Shakespeare en el acto 3, es una de las más recordadas y repetidas en momentos de incertidumbre y decisión ante el futuro. Más o menos el que en la actualidad enfrenta la sociedad chilena frente a lo que ha llamado el senador Diego Ibáñez del
FA, "la reforma privatizadora más agresiva desde la dictadura". Lamentablemente, poco más de treinta años de un sistema político en que el consenso de la elite reemplazó a la sociedad, la radicalidad de las acciones y medidas de un gobierno ultrafundamentalista en materia económica y cultural para algunos son una base razonable para construir uno tolerable para la sociedad. 

Hace cincuenta años, los chicago boys llegaron con un programa parecido a hacerse de la dirección económica de la dictadura militar. El resultado inmediato que tuvo el plan de De Castro y Cauas, fue destruir la industria nacional, la cesantía generalizada, el aumento de la pobreza, la caída del consumo interno y finalmente llevar al país a la recesión. Es algo que le han advertido a Quiroz -prácticamente un astrólogo de las finanzas- instituciones tan o incluso más fundamentalistas que él mismo y el gabinete de operadores de la gran empresa que es el de Kast.

En ese entonces, de hecho, Chile entero estaba aterrorizado por la represión y los crímenes de la dictadura. Las direcciones de los partidos socialista y comunista en la clandestinidad; buscadas por los agentes de la DINA; finalmente asesinadas y hechas desaparecer. Lo mismo en el caso del MIR; la dirigencia de los sindicatos, organizaciones vecinales y del movimiento estudiantil.  La respuesta de la izquierda y el pueblo chileno fue resistir primero y luego, movilizarse para derrocarla. 

En la actualidad, en cambio, parece presa de un marasmo incomprensible desde la cruel racionalidad de la política de la administración derechista. Los recortes en salud y educación pública; las alzas; y el permanente ninguneo del que es objeto por parte de Kast y sus colaboradores -comentados extensamente por El Mercurio del fin de semana- hasta ahora no han motivado sino al movimiento estudiantil mientras la oposición parece haber renunciado a su responsabilidad de representar una alternativa y se mantiene en el plano de las manifestaciones de una molestia formal. 

Todas las actuaciones de Kast y sus ministros y ministras tienen el aspecto de una permanente pulseada que se propone medir sus posibilidades de seguir profundizando la implementación de su agenda.

Por esa razón, probablemente, de antemano los poderes constituidos por el sistema neoliberal rasgan vestiduras ante la sola posibilidad de que las organizaciones sociales, de trabajadores, estudiantes, ambientalistas y de género, se movilicen en defensa de sus conquistas y de los derechos que han logrado arrancar a la avaricia de los que realmente detentan el poder en Chile. A las declaraciones de la diputada Lorena Pizarro, como antes lo habían hecho con las del senador Daniel Núñez, reaccionó la jauría de chupamedias para acusarlos de no creer en la democracia. 

Eso, como si el gobierno de Kast fuera un paradigma al respecto. Hay sectores de oposición que han preferido concentrar su atención en las paparruchadas de la ministra de seguridad; o el cantinfleo permanente de la vocera; o preferido las visiones "técnicas" del CFA a las “tincadas” de Quiroz como si aquel fuera un arquetipo de pureza científica. Algo parecido a los inicios de Piñera I cuando muchos concentraron su atención en la denuncia de los conflictos de interés y la "letra chica" de los proyectos de ley que enviaba al Congreso y no en su contenido abiertamente conservador y antipopular. 

Entonces, fue la movilización la que colocó a la oposición en el lugar que le correspondía e imposibilitó la reedición de la democracia de los acuerdos y logró gratuidad de la educación, desmunicipalización del sistema escolar y fin del sistema binominal. La que el 18 de octubre obligó al poder a reconocer la legitimidad y posibilidad del cambio constitucional. La negación del consenso imposible por el fundamentalismo de Quiroz, Mas, Rau y cía. y que hasta ahora lo había salvado de terminar en el tarro de la basura de la historia.

Esa es el trance por el que atraviesa el país y la pregunta de la que debe hacerse cargo la oposición para, efectivamente, resolver la incertidumbre que lo atraviesa y que lo arrastra inexorablemente al precipicio.

Nueva Eucación Pública o plan focalizado

Homenaje a Gabriela Mistral. Fernando Daza. 1971

La ministra de educación, María Paz Arzola acaba de realizar un anuncio de la máxima gravedad. Pausar los traspasos de escuelas y liceos públicos, administrados actualmente por corporaciones y departamentos de educación municipal, a la institucionalidad creada por la Nueva Educación Pública, los Servicios Locales de Educación Pública. 

Ésta ya cuenta con 36 Servicios Locales funcionando con sus establecimientos, sumando así más de 640 mil estudiantes y párvulos, y casi 119 mil docentes, asistentes de la educación y educadoras de párvulos. Por tanto, más del 50% del nuevo sistema se encuentra instalado, el que debiera concluir en 2029 con las 346 comunas traspasadas a los 70 Servicios Locales creados por la Ley 21.040. 

Resulta evidente para cualquier observador objetivo que no estamos hablando de un sistema imposibilitado estructuralmente de funcionar, como sí ha demostrado serlo el sistema municipal, que arrastra deuda y déficits crónicos, malos resultados académicos y deterioro del servicio.

El coro de prosélitos de la privatización y la concepción de la educación pública como plan focalizado -el que la concibe como "la educación de los pobres"- no ha podido ocultar su algarabía. Lo mismo los alcaldes de derecha; algunos sobrevivientes del pinochetismo, liberales y conservadores de diversas especies y denominaciones que coinciden en su consideración del individuo como una especie de “alma pura” que no tiene nada que ver con sus congéneres.

La respuesta del sindicalismo docente, en cambio, es de una tranquilidad pasmosa. Los recortes que se han realizado ya, y los que se anuncian para la ley de presupuesto 2027, parecieran no conmover a los dirigentes del Colegio de Profesores y Profesoras, quienes se mantienen fielmente impertérritos a su agenda reivindicativa. Parecieran no darse por enterados que el gobierno de Kast no solamente no va a negociar con el gremio por pura buena voluntad; sino de que no va a sostener la tendencia de reformas que se vienen realizando desde hace como veinte años y que, por el contrario, viene a ponerles el freno de mano para profundizar la precariedad y el agobio laboral de los y las docentes.

Sin desmunicipalización ni creación y expansión de la Nueva Educación Pública, lo mejor es olvidarse de cambios al sistema de financiamiento; un curriulum nacional que exprese verdaderamente las aspiraciones y demandas de la sociedad en lugar del catálogo de contenidos actual; de dignificación de la docencia y el derecho a la educación. En lugar de luchar por completar dichas reformas, el sindicalismo docente va a permanecer preso de la defensa de los derechos que no le han sido arrebatados y los que ha logrado arrancar al sistema neoliberal en los últimos diez años.

La intención de Kast, Arzola y el resto de la derecha, es terminar de ahogar lo que queda de educación pública, mantener el actual sistema de financiamiento y la ineptitud y en no pocos casos, los vicios administrativos de los actuales responsables de la educación estatal para que termine de morir o quede disminuida a su más mínima expresión: la educación de los pobres y los más deprivados, como siempre lo han soñado.

Los conservadores, la ven como una amenaza. Demasiados niños y jóvenes juntos, y lo que es peor pensando. Un grupo de trabajadores y profesionales que les inculcan ideas peligrosas, como cuidado del medioambiente; respeto por los derechos humanos; a convivir democráticamente incorporando a las diferencias de clase, nacionales, étnicas y de género, todo lo contrario del mundo preconizado por Kast y su secta de fanáticos religiosos y a la que pretende arrastrarnos.

El anuncio de Arzola, por lo tanto, no es “tomémonos un tiempo y veamos”. Es más bien, dejemos morir a la educación pública y de esa manera, nos deshacemos de la molestia que significa el gremio docente. Todavía es tiempo de recuperar la iniciativa. No hacerlo, un boleto seguro a a intrascendencia. 

Cuestión de lógica

Georg Baselitz. Die Mädchen von Olmo. 1981

                             
                                         

Estos días, el proyecto estrella de la administración derechista que gobierna el país entró en una etapa crítica. Se juega mucho en esta pasada y aritméticamente, faltan apenas un par de votos para que vea la luz verde. Pero la cosa no es tan simple, como sumar y restar. 

En efecto, el problema es que se trata de una decisión política y por lo tanto, una materia opinable. Los intereses en juego, contradictorios y su implementación pasaría por otras reformas legales y medidas administrativas que van a seguir agitándolos. Hasta ahora, han pesado más las críticas que ha motivado en su propio sector e instituciones que no son precisamente opositoras del modelo neoliberal. El CFA, el FMI, JP Morgan, a lo que hay que sumar periodistas y comunicadores sociales, que son los que realmente influyen en la opinión pública. 

La principal: el aumento del déficit fiscal que generaría la rebaja del impuesto corporativo y la imposibilidad de asegurar el porcentaje de crecimiento que lo podría compensar en el mediano plazo. Como quien dice, que el proyecto es un "tufazo" de Quiroz. Lo que no dicen estos expertos, aun cuando demuestren un poco más de realismo, es que la rebaja de impuestos además es un favor que se le hace a las grandes empresas, así que los costos de ese menor crecimiento económico ni les va ni les viene porque sus ganancias ya están aseguradas. No así los programas de alimentación escolar; de salud mental; odontología; personas mayores; pensiones; un nivel decente de remuneraciones para trabajadores y trabajadoras, empleados y profesionales de clase media y un largo etcétera.

Las ridículas compensaciones que el PDG está negociando con hacienda, no dan más que para un par de fotos en portadas y sus correspondientes negociaciones, para mantener con vida a ese imbunche lo suficiente como para asegurar la aprobación de la idea de legislar. De pasada, asegurar su lugar al provocador en que se ha convertido Parisi, siempre dispuesto a terminar acordando cualquier porquería con Quiroz, con tal de salir en la foto. 

Su lógica es implacable de manera que las inconsistencias que se le reprochan van a terminar siendo resueltas por cambios no del proyecto, sino de la realidad. Finalmente, como siempre lo han hecho los liberales, el déficit se puede resolver vendiendo un par de empresas del Estado o por medio de "racionalizaciones" en servicios públicos, como ya lo vienen haciendo los ministerios desde que asumió Kast. 

Quiroz ha sido consistente en cuanto a su propósito. Ha demostrado desde antes de ser ministro de hacienda que es un férreo defensor de los intereses de las grandes empresas. Un fiel seguidor de la doctrina de Pinochet de hay que "cuidar a los ricos". Por esa razón, las críticas no lo amilanan. Muy suelto de cuerpo ha respondido a los cuestionamientos que desde su propio sector le hacen a su receta, que ésta no se puede analizar y criticar separando las diferentes medidas que contempla sino que tiene que ser vista como un conjunto. 

A eso se refiere cuando dice que el CFA, lo mismo que todos los críticos de su plan, comparten un mismo propósito que es recuperar dinamismo y el crecimiento económico de manera que sus aspectos cuestionables desaparecen en su rigurosa lógica interna y su comprensión. 

Es decir, a los efectos reales que se puede suponer casi con toda seguridad va a tener, responde con la fe de carbonero de los economistas neoliberales en sus sofismas. Semejante ideologización, propia de fanáticos religiosos, se expresa finalmente en violencia física y simbólica. Los recortes en cultura, a cargo de un liberal de pura cepa como Undurraga, lo demuestran.

El problema del plan de Quiroz no es su lógica o su inconsistencia interior, sino la filosofía de clase que lo inspira. También su resistencia a concebir, por razones obvias, que hay otras maneras de enfrentar una ralentización típica de los ciclos económicos y los riesgos que implica para una economía pequeña y excesivamente abierta como la chilena el retroceso de la globalización neoliberal, que no son la apertura indiscriminada de nuestro comercio, la privatización y el ajuste. 

Es justamente el rol de la oposición hacerlo y señalar que una sociedad y una economía soberana; con igualdad, derechos asegurados y donde todos y todas sean considerados ciudadanos, no sólo consumidores con derecho a voto, es posible y necesaria. 

Emergencia laboral

Ben Shan. Desempleados. 1938

Con ocasión de la conmemoración del 1° de mayo, este año, el Ministro Tomás Rau aprovechó de anunciar la otra emergencia de la que debe hacerse cargo el gobierno. La "emergencia laboral". Toda su actuación en estos primeros dos meses, ha sido de limitación de las demandas de los trabajadores y relativización de sus conquistas. La negociación del salario mínimo, en los días previos, solamente vino a confirmar su diagnóstico y la receta que pretende aplicar. Al contrario de los gobiernos anteriores, que han promovido el aumento sostenido del salario mínimo, lo que pretende Rau es limitarlo, con el viejo argumento de que encarece la contratación.

El argumento es bastante lógico y por eso mismo, bastante sospechoso de ser pura ideología. Pero la evidencia material es demasiado elocuente, casi un millón de desempleados. 

En efecto, el encarecimiento de los costos que implican los aumentos de remuneraciones, unidos a la reducción de la jornada laboral, a lo que él añade la reforma previsional por el aumento de la cotización con cargo al empleador, son lo que la provocaría. Curiosa manera de razonar la del ministro. Aumentar los salarios, facilitar las condiciones para que los trabajadores y trabajadoras dispongan de su tiempo y generar condiciones para que puedan jubilar dignamente, provocarían una situación que los perjudicaría. Las fórmulas para enfrentar esta curiosa crisis son archiconocidas y nunca han resultado. 

En este sentido, las viejas recetas como los subsidios a la contratación, la capacitación o gravar los despidos en un mercado laboral ya excesivamente flexible -aunque podría serlo más- no serían modificarlo mayormente y por esa razón le resultan prácticamente indiferentes a trabajadores y trabajadoras que ya se han habituado a la rotación, los empleos con flexibilidades horarias, multifuncionalidad y alta informalidad, que es justamente una de las razones por las que se pretende desregularlo todavía más.

También contención de las remuneraciones. Es decir, sumar a la graciosa rebaja de impuestos que acaba de anunciar su colega Quiroz, el respaldo del Estado a su avaricia y los argumentos técnicos que la avalarían. La lógica deja, entonces, de ser puramente formal para convertirse en una herramienta política.  

Por la historia sabemos lo que eso significa: planes de empleo de emergencia, que en el pasado se llamaron PEM y POJH y que aun cuando fueran la receta que aplicó la dictadura de Pinochet hace como cuarenta años, subsisten en planes de empleo municipal y bajo la forma de "emprendimientos" o diversas formas de empleo Uber. Por la manera en que el INE mide el desempleo, no sería raro que por estas razones Rau, Quiroz y Kast, se ufanen en un tiempo más de haber logrado el pleno empleo, comparándolo con el 8,9% actual, sin cuestionar siquiera lo que ello significa. 

Tampoco la sociedad. Ello en la medida que el trabajo no sea considerado más que como una ocupación, un hacer cualquiera. En tanto no sea visto como un factor determinante de la industria, de una estrategia de desarrollo nacional, más aun hoy en que el mercado flaquea, la globalización retrocede y las superpotencias compiten, cada vez más agresivamente, por el dominio de recursos, materias primas y mercados. Ello, aunque los nostálgicos de los viejos buenos tiempos del neoliberalismo, como los que actualmente gobiernan, no lo quieran admitir e insistan en sus impracticables recetas. 

Es lamentable que el 1° de mayo sea recordado este año por tan aciagas noticias y que el encargado de notificarnos de ellas sea un ingeniero comercial de la católica, ministro de Kast. 

El oficio N° 16

Alberto Burri. Sacco e rosso. 1954

Parece el título de un corrido mexicano, pero es de uno más de los zarpazos que Kast y Quiroz vienen a propinarle al gasto público para transferirlo a los privados bajo la forma de una rebaja ex ante de impuestos. 

El oficio N° 16 del Ministerio de Hacienda del 21 de abril, pese a las posteriores explicaciones, aclaraciones y eventuales rectificaciones, solamente viene a confirmar lo que Kast había prometido durante su campaña. Profundizar sobre esto resulta evidente y por ello excusado. 

Que su contenido de clase sea tan burdamente obvio y abundante, más que escandalizar, debiera mover a la determinación de los pasos que la oposición debiese dar en lo inmediato. No  precisamente respecto del oficio sino de la Ley de Reconstrucción Nacional. Esta es la avanzada. El famoso oficio viene a entregar orientaciones para la elaboración del presupuesto 2027 y mientras tanto, avanza la Ley de Reconstrucción en el Parlamento, trayendo varias linduras como la invariabilidad tributaria. Y en términos todavía más prácticos, corre el recorte de 3% en todos los ministerios excepto el de seguridad, sin saber todavía qué gastos sean los que cada uno de ellos vaya a disminuir. Gastos operacionales; en personal; viajes y viáticos o lo que es más probable, tal como lo viene a anunciar el oficio, programas que benefician al pueblo pero que para los avaros de hacienda representan un derroche. 

De pasar la dichosa Ley de Reconstrucción, la oposición en el presupuesto 2027 puede prepararse para el peor de los mundos posibles, como ya lo viene a anunciar el Oficio N° 16. No hacerse cargo del significado obvio de las políticas de Kast es quedarse en el plano de los sollozos. Lo mismo que los mutimillonarios y ultraderechas de todo el mundo, lo que pretenden es hacerle sostener sus obscenas utilidades a masas de trabajadores, trabajadoras, empleados, clase media y al medioambiente, transformado prácticamente en un enemigo del "progreso". 

En efecto, el Oficio, tal como la Ley de la imaginaria reconstrucción, es parte de una estrategia política de los grandes empresarios. Combina desregulación y reducción del gasto fiscal. La vía administrativa, reinterpretación de la ley a través de los reglamentos y el uso de decretos, han sido por ahora, las herramientas de las que ha hecho uso. Las grotescas performances de Kast y su gabinete, como el almuerzo en La Moneda, sólo es parte de sus condimentos pero no su esencia. Como Trump que todos los días nos sorprende con alguna nueva payasada mientras gana dinero a manos llenas, igual que sus amigos y financistas. 

Pasando estas, probablemente vendrá la desregulación de las relaciones laborales y como se han encargado de insinuarlo ya los ministros Quiroz y Mas la privatización de CODELCO. El programa de Kast contenía ya las líneas generales y en estos días solamente las ha ido desplegando. No hay nada de sorprendente. En sus dos mandatos Piñera tuvo períodos de gracia facilitados por las confusiones opositoras, que deambularon, salvo honrosas excepciones, entre la democracia de los acuerdos y la intransigencia democrática, ambivalencia que vino a resolver, como siempre, la movilización de masas que sobrepasó los límites de una acartonada institucionalidad política. 

Expresión de un mismo vacío: la inexistencia de una estrategia opositora, llamativamente obvia frente a la claridad de propósitos y la impudicia para exhibirlos de la derecha y el empresariado. El Mercurio, incluso, publica extensos reportajes consultándoles su opinión acerca de los énfasis que debiera tener la Ley de Reeconstrucción, que a estas alturas, y precisamente por esa razón, parece un menú que le lleva rebajas de impuestos, permisología, invariabilidad tributaria, subsidios a la contratación, reembolso de gastos con cargo al Estado, limitaciones  a la gratuidad, entre otros. 

En ambas ocasiones, además,  2011 y 2019, este vacío tuvo como resultado un empate que en los hechos, se expresó en un balón de oxígeno para las fuerzas de la conservación del modelo neoliberal y la Constitución del 80. 

Hoy, en cambio, la ausencia de una estrategia de reforma efectiva y democratización de la sociedad solamente facilitan las cosas a los que pretenden profundizar la desigualdad, el autoritarismo, el abuso y la destrucción del medioambiente con tal de sostener sus privilegios y los de quienes representan. Como siempre ha sido a lo largo de la aporreada experiencia del pueblo, los que no se hagan cargo de las demandas que la coyuntura hace a los demócratas, van a quedar en el mejor de los casos como un pie de página en los libros de historia. El problema es que el costo de su intrascendencia no lo van a pagar ellos sino el país entero, de no mediar una resolución decidida de enfrentar al gobierno de Kast y construir las condiciones para que el absceso que hoy afecta a la sociedad no se transforme en una infección generalizada y sea enfrentado, en cambio, como un síntoma de la enfermedad mortal que representa.