sábado, 28 de marzo de 2026

Un cóctel explosivo

Honore Daumier. El levantamiento. 1860



 

A pocos días de asumir, el nuevo Gobierno ya tuvo que enfrentar una crisis de proporciones. El alza de los combustibles fue la chispa que encendió la hoguera, pero solo parcialmente.

La reducción del impuesto corporativo de primera categoría del 27% al 23% y la reintegración del sistema tributario junto con la instrucción de ajustar el presupuesto de todos los ministerios en un 3%, generó un schock anticipado, difícil de explicar y justificar a un gobierno que se ha dado a sí mismo el título de "gobierno de emergencia", lo que ha puesto en entredicho precisamente el argumento, al comparar la situación actual con la que había meses antes de que asumiera.

Detrás de la crisis hay varios factores que se conjugaron para aguarle la fiesta a Kast apenas dos semanas después de haber asumido, razón por la que la derecha lo mantiene oculto, tirando al choque a sus rudos ministros de hacienda e interior y quemando un fusible antes de tiempo, que es la vocera Mara Sedini, que hace rato ya tiene olor a claveles.

Entre esos factores, su servilismo frente a la administración Trump, a la que ha aplaudido todos sus dislates, especialmente en este caso su incursión en Irán, motivo del alza de la bencina y el kerosene, lo que lo imposibilita de dar una explicación razonable al pueblo que lo escogió, sin entrar en contradicciones con sus propias definiciones previas, y que según las encuestas, prematuramente le quita su apoyo.  

La diferencia en la manera en que trata a trabajadores y clase media con las facilidades que otorga a los empresarios, ha puesto al descubierto, además, el carácter de clase de su gobierno. Y eso no pasa desapercibido. No hay manera de disimular. El paquete de medidas anunciado por el gobierno en su versión criolla de la Ley Omnibus, la llamada Ley de Reconstrucción Nacional, no deja espacio a interpretaciones. La bofetada es demasiado evidente y la teoría del chorreo ya no tiene el aura de cientificidad y pureza técnica que tenía hace treinta años, lapso de tiempo en el cual no ha dado frutos destacables.

Es más. La pobreza sigue siendo una realidad estructural, que se refleja en los bajos salarios, pensiones bajo la línea de pobreza e informalidad, la que es apenas parchada por planes focalizados y transferencias directas e indirectas desde el Estado a los más pobres, pero que el dichoso plan de reconstrucción se propone eliminar.  Lamentablemente para Rossana Costa, el CFA y la tecnocracia monetarista, según sus propias palabras, tampoco garantiza crecimiento económico, el que ha sido ajustado desde la afiebrada profecía de Quiroz de crecer a un 4% a apenas un 1,5 o 1,8. Evidentemente esa magra cifra no alcanza para gratuidad, salarios, educación y salud públicas, transporte digno para el pueblo y al mismo tiempo, las tasas de ganancia que esperan recuperar los empresarios, siempre ávidos de embolsar más.

Ello augura una dura pugna por llevarse la tajada del león. Al pueblo -según el plan, se da por descontado- no le corresponde mucho excepto el sacrificio. Pero entre los empresarios, la repartición de las ganancias que se obtengan según este "modesto" guarismo va a ser probablemente objeto de más de una polémica. Especialmente la manera de administrarlas. Han retornado, por esa razón, viejas glorias de la transición como Mathei y Longueira tratando de poner un poco de racionalidad, intento del que difícilmente se podrían augurar los resultados por ahora ni si serán escuchados. Lo mismo los tradicionales partidos de derecha haciendo lo propio respecto de la gestión de gobierno.

Esta, hay que decirlo, no se ha caracterizado precisamente por su prolijidad y si no fuera por su hegemonía absoluta en los medios y su circunstancial mayoría en el Parlamento, habría justificado las homéricas iras del pueblo, tal como lo hicieron el 2019 las declaraciones de funcionarios del gobierno de Piñera y del propio Piñera. Efectivamente, la ausencia de una oposición parlamentaria se nota de una manera que está dejando un espacio propicio para el crecimiento del populismo.

Espacio para una reedición de la política de los consensos no hay mucho, por no decir ninguno. La sola denominación que el gobierno ha hecho de sí mismo, lo confirma. La actuación de sus ministros, de los que el de vivienda se lleva las palmas por lo prepotente, y su mayoría en el Congreso sólo refuerzan esta disposición a arreglárselas solo y protegiendo el interés del puñado de ricachones a los que sirve.

El coctel resulta explosivo y la cosa no pinta para bueno. A la contracción del crecimiento, el retiro del Estado en lo que tiene que ver con educación y salud pública, a lo que se deben agregar trabajo, cultura, vivienda y medioambiente, hay que sumar el aumento de los precios y la inflación, también pronosticados por el BC, y para lo cual no había que ser pitoniso.

Estamos frente a una crisis en ciernes. No prepararse para hacerle frente es una irresponsabilidad, eludirla sin hacerse cargo de la profunda contradicción social, caracterizada por la desigualdad y exclusión que el gobierno de emergencia solamente está profundizando, el augurio de un seguro fracaso.


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