
Honore Daumier. El levantamiento. 1860
A pocos días de asumir, el
nuevo Gobierno ya tuvo que enfrentar una crisis de proporciones. El alza de los
combustibles fue la chispa que encendió la hoguera, pero solo parcialmente.
La reducción del impuesto
corporativo de primera categoría del 27% al 23% y la reintegración del sistema
tributario junto con la instrucción de ajustar el presupuesto de todos los
ministerios en un 3%, generó un schock anticipado, difícil de explicar y
justificar a un gobierno que se ha dado a sí mismo el título de "gobierno
de emergencia", lo que ha puesto en entredicho precisamente el argumento,
al comparar la situación actual con la que había meses antes de que asumiera.
Detrás de la crisis hay
varios factores que se conjugaron para aguarle la fiesta a Kast apenas dos
semanas después de haber asumido, razón por la que la derecha lo mantiene
oculto, tirando al choque a sus rudos ministros de hacienda e interior y
quemando un fusible antes de tiempo, que es la vocera Mara Sedini, que hace
rato ya tiene olor a claveles.
Entre esos factores, su
servilismo frente a la administración Trump, a la que ha aplaudido todos sus
dislates, especialmente en este caso su incursión en Irán, motivo del alza de
la bencina y el kerosene, lo que lo imposibilita de dar una explicación
razonable al pueblo que lo escogió, sin entrar en contradicciones con sus
propias definiciones previas, y que según las encuestas, prematuramente le
quita su apoyo.
La diferencia en la manera
en que trata a trabajadores y clase media con las facilidades que otorga a los
empresarios, ha puesto al descubierto, además, el carácter de clase de su
gobierno. Y eso no pasa desapercibido. No hay manera de disimular. El paquete de
medidas anunciado por el gobierno en su versión criolla de la Ley Omnibus, la
llamada Ley de Reconstrucción Nacional, no deja espacio a interpretaciones. La
bofetada es demasiado evidente y la teoría del chorreo ya no tiene el aura de
cientificidad y pureza técnica que tenía hace treinta años, lapso de tiempo en
el cual no ha dado frutos destacables.
Es más. La pobreza sigue
siendo una realidad estructural, que se refleja en los bajos salarios, pensiones
bajo la línea de pobreza e informalidad, la que es apenas parchada por planes
focalizados y transferencias directas e indirectas desde el Estado a los más
pobres, pero que el dichoso plan de reconstrucción se propone eliminar. Lamentablemente para Rossana Costa, el CFA y
la tecnocracia monetarista, según sus propias palabras, tampoco garantiza
crecimiento económico, el que ha sido ajustado desde la afiebrada profecía de
Quiroz de crecer a un 4% a apenas un 1,5 o 1,8. Evidentemente esa magra cifra
no alcanza para gratuidad, salarios, educación y salud públicas, transporte
digno para el pueblo y al mismo tiempo, las tasas de ganancia que esperan
recuperar los empresarios, siempre ávidos de embolsar más.
Ello augura una dura pugna
por llevarse la tajada del león. Al pueblo -según el plan, se da por
descontado- no le corresponde mucho excepto el sacrificio. Pero entre los
empresarios, la repartición de las ganancias que se obtengan según este
"modesto" guarismo va a ser probablemente objeto de más de una
polémica. Especialmente la manera de administrarlas. Han retornado, por esa
razón, viejas glorias de la transición como Mathei y Longueira tratando de poner
un poco de racionalidad, intento del que difícilmente se podrían augurar los
resultados por ahora ni si serán escuchados. Lo mismo los tradicionales
partidos de derecha haciendo lo propio respecto de la gestión de gobierno.
Esta, hay que decirlo, no se
ha caracterizado precisamente por su prolijidad y si no fuera por su hegemonía
absoluta en los medios y su circunstancial mayoría en el Parlamento, habría
justificado las homéricas iras del pueblo, tal como lo hicieron el 2019 las
declaraciones de funcionarios del gobierno de Piñera y del propio Piñera.
Efectivamente, la ausencia de una oposición parlamentaria se nota de una manera
que está dejando un espacio propicio para el crecimiento del populismo.
Espacio para una reedición
de la política de los consensos no hay mucho, por no decir ninguno. La sola
denominación que el gobierno ha hecho de sí mismo, lo confirma. La actuación de
sus ministros, de los que el de vivienda se lleva las palmas por lo prepotente,
y su mayoría en el Congreso sólo refuerzan esta disposición a arreglárselas
solo y protegiendo el interés del puñado de ricachones a los que sirve.
El coctel resulta
explosivo y la cosa no pinta para bueno. A la contracción del crecimiento, el
retiro del Estado en lo que tiene que ver con educación y salud pública, a lo
que se deben agregar trabajo, cultura, vivienda y medioambiente, hay que sumar
el aumento de los precios y la inflación, también pronosticados por el BC, y
para lo cual no había que ser pitoniso.
Estamos frente a una
crisis en ciernes. No prepararse para hacerle frente es una irresponsabilidad,
eludirla sin hacerse cargo de la profunda contradicción social, caracterizada
por la desigualdad y exclusión que el gobierno de emergencia solamente está
profundizando, el augurio de un seguro fracaso.
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