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| Rembrandt van Rijn. Los sindicos de los pañeros de Staalmeesters. 1662 |
La situación del Poder Judicial, se caracteriza por un desprestigio
que ha descendido a niveles de conventillo, de modo tal que quienes están
llamados a administrar justicia aparecen involucrados en truculentas tramas de
tráfico de influencias, pago de favores y corrupción. Incluso altos magistrados
conceden entrevistas para descartarse, dar explicaciones o señalar su
desconocimiento, cuando es precisamente para lo contrario para lo que la
sociedad y el sistema político los ha puesto en esa posición.
La fiscalía se ha transformado en el último tiempo, en epicentro
de esta crisis y corazón de la cloaca en que se ha convertido. Es evidente que no
trata de la misma manera a todos a los que investiga. A unos los persigue
y expone con los pretextos más inverosímiles, incluyendo sospechosas y
"oportunas" filtraciones imposibles de explicar, que contrastan con
el secretismo con el que otros y otras son tratados. La colusión entre ésta y
los medios es, pues, más que sospechosa, característica esencial de la crisis, y
sólo un republicanismo acartonado es capaz de defender todavía estas
instituciones decadentes y su hipócrita independencia, sin sonrojarse siquiera.
Así las cosas, no tiene nada de rara la proliferación de
hipótesis y recetas de solución que se manifiestan luego en lo que
eufemísticamente suele llamarse "dispersión" o
"fragmentación" del sistema político, “mal” que pretenden resolver
algunos honorables, haciéndolo más restringido, eliminando la competencia y
la disidencia que provoca semejante corral, en lugar de reformar las
instituciones y remover de las altas responsabilidades para las que han sido
asignados, a los responsables de este vergonzoso espectáculo que ya colmó la
paciencia de la opinión pública, que por lo demás es sólo uno de sus síntomas
más evidentes.
Para la derecha tradicional y también para algunos dizque
“progresistas” que le temen más a la transformación que al autoritarismo y
burocracia del actual sistema político, el clasismo y arbitrariedad del sistema
judicial y el uso y abuso que de él hace la empresa privada, la solución no es
otra que reproducir esas mismas características del sistema político, económico
e institucional vigente. De esa manera, aparece ante los ojos de cualquiera
protegiéndose a sí misma y a la elite económica que se ha beneficiado de esta
cuestionada institucionalidad, pese a toda la evidencia disponible de su
incapacidad para seguir organizando la vida social.
Luego, no tiene nada de raro que las recetas facilonas de
la ultraderecha y el fascismo seduzcan a masas despolitizadas que primero no
entienden razonamientos tan abstrusos que pretenden decir que restringir la participación,
el pluralismo y la competencia política, van a mejorar la calidad de la
democracia y luego, las rechazan como demostración del encapsulamiento del
régimen político y la defensa corporativa que de él realizan sus miembros a los
que por esa razón se moteja de modo impreciso “clase política”, asignándoles
una independencia demasiado benevolente cuando en realidad se trata de simples
funcionarios pagados de las grandes empresas, como ha quedado demostrado ya
innumerables veces (casos PENTA, CORPESCA, SQM, ISAPRES, etc.).
Quienes tienen la osadía de denunciarlo, son rápidamente
acallados; motejados como anárquicos, disolventes, populistas, autoritarios,
chavistas, castristas, intolerantes y un rosario de epítetos que sólo
demuestran el temor de quienes todavía defienden el orden de cosas actual. Epítetos
que procuran dar la impresión de una situación de aparente equilibrio de
fuerzas que solo favorece a los fascistas que intentan asimilarse a las fuerzas
políticas que legítimamente pretenden disputarse la conducción del gobierno,
contando eso sí con la cándida colaboración de un progresismo exánime frente a
las tareas de transformación política y social que reclama la hora actual.
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