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| Antonello da Messina. San Gerónimo en su estudio, 1475 |
En los últimos días, previos a la elección, se ha desarrollado un pseudodebate sobre educación escolar a propósito de las cifras de deserción de docentes jóvenes del sistema, y las nuevas exigencias para estudiar pedagogía. Aparentemente un debate marginal pero que pone de manifiesto que todavía no todo está escrito y que en el próximo período presidencial podría estallar nuevamente en formas impredecibles.
Es curioso que estas polémicas no ocupen, como hace diez o quince años atrás, parte importante del debate programático en las elecciones presidenciales. Pareciera, producto de esta indigencia de propuestas en educación en el debate presidencial, que está todo hecho.
En efecto, una serie de reformas iniciadas con la promulgación de la LGE, aparentemente, movieron el fiel hacia otro tipo de problemas que no fueran los referidos al marco regulatorio de la educación chilena aunque por el momento no sean explícitos ni notorios.
Por medio de la LGE se reconoció a las modalidades educativas; a la comunidad escolar y sus derechos; se relevó la especificidad del sistema de educación pública de propiedad del Estado; y se modificó la composición del Consejo Nacional de Educación, antes llamado Consejo Superior de Educación.
Al mismo tiempo, y como resultado del acuerdo de la entonces ministra Yasna Provoste y los partidos de la oposición de derecha, se creó una suerte de institucionalidad anexa al mineduc, conocida como Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y una modalidad de subvención escolar, llamada "preferencial", destinada a los estudiantes más pobres y bajo la promesa de mejorar sus aprendizajes.
Con posterioridad, y como uno de los resultados de la oleada de protestas y movilización del año 2011, surge la Nueva Educación Pública, que crea un nuevo sistema nacional de educación pública de propiedad del Estado que reemplazaría a los municipios como responsables de ésta.
El conjunto de estas políticas no ha resuelto, sin embargo, sus dos características más grotescas, que son la desigualdad y fragmentación que lo definen. De hecho, dos características que se potencian mutuamente y que explican su mala calidad, tanto desde el punto del vista del servicio que ofrece como desde el de sus resultados académicos.
Aparentemente un sistema escolar que las ha normalizado de modo que señales como la deserción de jóvenes de la profesión docente; o la caída de las postulaciones a la carrera de pedagogía, son vistas como fallas inexplicables, fenómenos aleatorios y no un componente de esta crisis en ciernes.
Desigualdad y fragmentación son solamente síntomas de su pérdida de sentido. Del vacío de orientación y centralidad del sistema escolar para la sociedad, en el que ni estudiar ni enseñar parecen tener otra finalidad que cumplir un deber formal, tanto para recibir una certificación o reconocimiento social para acceder a oportunidades laborales o académicas como para ganarse la vida, tal como podría serlo en cualquier otro oficio o actividad.
A ello se suma, en las últimas décadas, la aparición de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las redes sociales y en los últimos dos años, la IA, fenómenos que han profundizado dicha crisis de sentido, que se arrastra desde hace décadas pero que recién hoy en día adquiere visibilidad.
El sistema de financiamiento del sistema escolar actualmente vigente es, a este respecto, sólo un mediador entre estos individuos que buscan dar cumplimiento a sus obligaciones formales con la sociedad y el Estado que es quien ejerce la función de facilitar las condiciones para que puedan hacerlo, pero que no representa ninguna aspiración común o propósito compartido. Un mero contrato, no la satisfacción de las necesidades de esta comunidad.
La compartimentación del curriculum escolar en pequeños paquetes de información, obedece precisamente a esta necesidad de medir las capacidades tanto de los docentes para transmitirlos, como de los estudiantes para adquirirlos y así confirmar su funcioamiento. No se trata de un intercambio cultural, de un debate acerca de su significado ni de la puesta en juicio de su valor de verdad o del sentido que representan para la sociedad sino tan solo unidades mensurables que harían posible verificar su cumplimiento. La expresión más grotesca de esta concepción educativa fueron los semáforos de Lavín, pero sigue aplicándose en formas menos violentas.
Aunque no se haya presente en el debate presidencial, la escuela chilena está en crisis. No sólo la escuela pública. Y aunque se silencie, es una crisis mucho más profunda que la que expresan los efectos de su financiamiento o la anarquía que reina en su estructura. Es la pérdida de sentido del rol que juega en la sociedad y que los acontecimientos más recientes sólo ponen de manifiesto.
Si los jóvenes desertan de la docencia antes de los tres primeros años de ejercicio; si ha caído la matrícula de las carreras de pedagogía y hay un déficit de apróximadamente treinta mil docentes en el país, cifra que tiende a aumentar, quiere decir que el nuestro, es un sistema escolar no sólo inequitativo, estratificado socialmente por origen de clase; en el que reina ademas una profunda fragmentación administrativa, territorial y curricular sino que expulsa a jóvenes que no encuentran sentido a enseñar, ni a lo que enseñan, lo que da cuenta de una crisis que es todavía más profunda.
