Programa de gobierno, cultura y cambio político

Marc Chagall. Don Quijote

El programa de gobierno de la Nueva Mayoría es un programa de reformas políticas y sociales. No es un programa de cambios estructurales ni pretende remover las bases del modelo neoliberal desde sus cimientos, como sostuvo muy imprecisamente el senador Jaime Quintana en sus inicios. 

Ello, a menos que para el presidente del PPD, limitar los efectos inequitativos y marginadores del mercado en la distribución de bienes y servicios; establecer contrapesos que hagan más simétrica la relación entre consumidores y empresas; que éstas tributen efectivamente por sus utilidades y aporten proporcionalmente a su tamaño y ganancias al desarrollo del país y la sociedad, sea “remover los cimientos del modelo neoliberal".

Ello en realidad no es más que asegurar derechos reconocidos y garantizados en cualquier democracia occidental, excepto por cierto en la chilena, resultado de la transición pactada de los años noventa del siglo pasado, la que se realizó bajo sus cuatro gobiernos  y que algunos dieron por concluida cuando la derecha ganó las elecciones presidenciales en enero del 2010, hablando de "alternancia en el poder".

Probablemente, para quienes militan en partidos de la coalición de gobierno, que fueron parte de la Concertación y respaldaron u omitieron, sea desde el movimiento sindical y social, los partidos o el Parlamento, el que esos gobiernos no impulsaran con decisión medidas como éstas, hace que el que la actual administración lo haga, parezca tan audaz.

La derecha y los empresarios, también han aportado lo suyo a la construcción de este espectro, supuestamente, “estatista” y que pretende retrotraer al país a épocas anteriores a  la bonanza y desarrollo que representaron los años de la euforia liberal y de la globalización que auguraba Fukuyama tras la caída del Muro de Berlín, hace ya veinticinco años y a la que se sumaron muy rápidamente algunos sectores de izquierda y progresistas.

A partir de entonces, el desarrollo fue asociado al desarrollo de la empresa privada, que mediante esos misteriosos y desconocidos mecanismos del mercado, se convierte en fuente de prosperidad para las naciones, incluido Chile por cierto. Más empresas, más empleos, más consumo, más crecimiento, más ganancia, más inversión, más empresas y así sucesivamente en una era interminable de prosperidad y felicidad que sería el fin de la historia.

El que este modelo positivista de sociedad y desarrollo -que es un modelo de clase- haya sido puesto en duda por los porfiados hechos -esto es, por las contradicciones sociales y de clase que hacen evidentes las fluctuaciones cíclicas de la economía capitalista y la ola de protesta social que provocan-, es a lo que realmente le teme el empresariado, la derecha y la reacción católica, no que el programa pretenda removerlas desde sus cimientos.

El programa de gobierno de la presidenta Bachelet no hace más que señalarlas y hacerse cargo de ellas en un período acotado de tiempo.

Lo que antes era normal, ya no lo es. Eso es todo. Hasta marzo de este año, la privatización, el principio de subsidiariedad del Estado y la libre competencia como factores exclusivos del desarrollo económico y social. 

Y si bien no se podría decir que el programa de gobierno se plantee  su revocación inmediata, sí propone reformas que generan un debate acerca de la historicidad de estos principios, esto es pone en duda su naturalidad, su objetividad y por consiguiente, su actualidad.

Enfrentarse a ello es lo que provoca ansiedad y reacciones destempladas por parte del gran empresariado y también, hay que admitirlo, de quienes no siendo gran empresa, se han visto beneficiados por el traspaso de fondos públicos al sector privado por medio de subsidios y fondos concursables, gracias a una intrincada red de relaciones entre éste y el Estado que se construyó en los años noventa del siglo pasado.

La naturalización de la supuesta normalidad liberal de ese período, de la política de los consensos y el binominalismo, es lo que produce ese espejismo de reforma estructural que en algunos provoca euforia y en otros temor . 

Esta misma naturalización de los principios de la economía política neoliberal, es la que explica la primacía de lo técnico, la despolitización de la sociedad y finalmente su desmovilización, la que se produce en beneficio de sus supuestos representantes profesionales –ministros, parlamentarios, periodistas, que incluso muchas veces asumen la denuncia de la corrupción y vacilaciones de la “clase política” de la que ellos mismos son parte, como marca registrada.

Lo nuevo del programa de la Nueva Mayoría  es que reconoce y comienza a hacerse cargo de los derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales  de hombres y mujeres; jóvenes y niños, de chilenos, chilenas, mapuches y pueblos originarios.

El debate sobre la reforma laboral y la reforma educacional, han sido una manifestación de aquello y ha puesto al desnudo lo retrógrado y egoísta del gran empresariado y la derecha chilenos. Los retorcidos argumentos con los que pretenden defender la codicia, el abuso y hasta el latrocinio, muy pocos los consideran todavía seriamente.

Por lo tanto el cambio político que conlleva el programa de la Nueva Mayoría es que pone en movimiento o debiera hacerlo, la transformación de las relaciones entre lo público y lo privado; y entre el Estado y la Sociedad Civil. El que desnaturaliza la primacía de la empresa privada y por consiguiente, la exclusividad de que gozaron en el pasado los intereses de la clase empresarial en la definición de las políticas públicas. 

No es al conjunto de medidas contenidas en el programa de Gobierno a lo que le temen los empresarios y los sectores conservadores de la sociedad, medidas por lo demás que solamente se hacen cargo de los mínimos que incluso son compartidos por los países miembros de la OCDE. 

Decir, sin embargo, que por el solo hecho de plantearse un cambio cultural como el que suponen las medidas contenidas en él, se esté removiendo los cimientos del modelo neoliberal, es una exageración que podría terminar por desmovilizar a la sociedad y detener nuevamente cambios postergados por mas de veinte años. 

La crisis de la derecha

La crisis de la derecha y las perspectivas del nuevo cuadro político

Jacques Louis David. la muerte de Marat

Uno de los rasgos más llamativos del nuevo cuadro político, es la bancarrota de la derecha. En poco menos de un año de gobierno de la Nueva Mayoría, la Alianza ha sido incapaz de ejercer una oposición efectiva. No presenta nuevas propuestas y está atrincherada en la defensa del sistema y los privilegios de clase que garantiza; sus partidos están descomponiéndose sostenidamente, dando lugar a deserciones de militantes, formación de nuevos referentes; no tiene líderes y en general, cada reunión para recomponer su unidad, termina en una nueva pelea, antecedida por la de quienes no han sido invitados o se autoexcluyen.

El espectáculo es patético, aunque no es más que la confirmación de las tendencias que ya el 2012 se manifestaban. Un escenario inmejorable para las fuerzas que están por las reformas estructurales y la democratización del país. Sin embargo, hay factores que las frenan o que, a lo menos, las obstaculizan y hacen que su avance sea más lento y dificultoso que lo deseable.

En primer lugar, la pertinaz oposición de las organizaciones gremiales del gran empresariado. Probablemente, no hay nada inesperado o novedoso en este rasgo de la situación política. Resulta llamativo, sin embargo, que los empresarios actúen sin necesidad de intermediarios en el sistema político. Es efectivamente uno de los resultados de la crisis de la derecha. Pero también del lugar que ganaron en los veinte años anteriores, en que se convirtieron en “el factor principal del desarrollo económico” y consecuentemente, sus intereses en los intereses de toda la sociedad.

La percepción que el gran empresariado tiene del momento histórico y político, en este sentido, es la de estar en riesgo. La última ENADE es una demostración de ello y por esa razón, ponen toda su autonomía, decisión y el poder que todavía ostentan, en función de resistir cualquier intento de reforma.

El gran empresariado opina respecto de la reforma tributaria en el transcurso de su tramitación o lo hace hoy en día, respecto de las reformas laborales, o la asociación de ISAPRES o el gremio de las AFP’s respecto de la seguridad social, con aires de gran sabiduría y autoridad intelectual y moral.

Cuando la CUT lo hizo para manifestarse a favor de la reforma tributaria el 1° de mayo u hoy en día, respecto de las reformas laborales, no hace más que manifestar el anhelo de los trabajadores y trabajadoras de relaciones entre capital y trabajo más simétricas y repartición más equitativa de los frutos del crecimiento económico.

Ello es interpretado, sin embargo, como una actitud servil o una renuncia a su autonomía como representante de los trabajadores, con independencia de que se trate de demandas sostenidas por la Central desde hace décadas. Que el contenido de las reformas enviadas al Parlamento no las satisfagan por completo,  no obsta a que sean del interés de los trabajadores y que sean entre otras cosas, la expresión de su propia capacidad para incidir mayormente en ellas.

Los medios de comunicación de masas, actúan precisamente en ese sentido y azuzan el malestar social para oponerlo al gobierno que está empeñado en realizar reformas que le devuelvan a los chilenos y chilenas derechos conculcados por el neoliberalismo en sus treinta años de predominio en nuestro país, para que este mismo malestar no se oriente hacia el modelo sino hacia quienes propugnan las reformas. Se podría decir que el rol de los medios en este sentido es el que clásicamente han cumplido los provocadores en el movimiento social.

El fenómeno de la CONFEPA, padres y madres que en lugar de marchar por la gratuidad de la educación, lo hacen para seguir pagando y que se manifiestan con una intolerancia que raya en el fascismo, a favor de la discriminación en el sistema escolar -lo que en los últimos veinticinco años, se ha naturalizado como una práctica no solamente normal sino hasta deseable- es expresión de esto mismo.

La crisis de la derecha, pese a los esfuerzos de la UDI en este sentido, ha creado un espacio para que los partidarios y beneficiarios del modelo, busquen nuevas formas de representación e intenten sacar provecho de esta situación de naturalización del individualismo, el lucro y la discriminación.

No va a ser el espacio natural de la derecha tradicional que se cae a pedazos. Podría presumirse que tampoco va a ser el de formación de un populismo de tipo autoritario, como el que propugna Ossandón. Es un fenómeno completamente nuevo, en el que tienden a converger sectores sociales y políticos formados en los años noventa y que se erigen a sí mismos como herederos legítimos de la transición.

La crisis de los partidos que la derecha ha formado en los últimos treinta años plantea el desafío para los partidarios del modelo, de constituir una nueva representación, que se oponga con eficacia a las reformas que la sociedad reclama y que con marchas y contramarchas, se disputan  en el sistema político.

Que esta convergencia sea más rápida o más lenta depende de varios factores y que sea además, una opción de poder efectiva en unas próximas elecciones presidenciales también.