Educación y democracia a cincuenta años de la UP

Allende saludando a los niños en la Plaza de la Constitución 1971

 

 

 

La última vez que se hizo un proceso participativo para definir una política educacional de Estado, fue en 1971 durante el gobierno de la Unidad Popular. En ese entonces, soplaban aires de revolución en todo el mundo y la humanidad entera se planteaba la posibilidad de construir una nueva sociedad, desde diferentes posiciones doctrinarias, políticas y morales. La oposición de las fuerzas conservadoras a dicha política educacional; a su sentido y propósitos, pese a ser el resultado de un evento democrático y representativo de la diversidad del país que los incluía, fue sólo una de sus justificaciones del golpe de estado. 

Los acuerdos de ese congreso, reflejaban esa atmósfera de cambios que se expresan en una propuesta educacional que se hacía cargo de los problemas de exclusión, de atraso del sistema escolar y de construcción de una nueva convivencia para construir un país moderno, justo, democrático y soberano. Se planteaba la educación como un factor efectivo de cambio social porque la transformación, y no la adaptación al cambio, era el sentido de la política educativa.

El desastre educativo que significó la dictadura, marcado primero por una brusca caída de la matrícula en los años setenta; el empobrecimiento del servicio como resultado de las políticas de ajuste y restricción del gasto fiscal impulsadas por los Chicago Boys; la anarquía que resultó de una descentralización chapucera que fue la municipalización; posteriormente por la crisis económica de los años ochenta que se superpone a la instalación del mercado de los colegios particulares subvencionados que producto del congelamiento de la UTM en 1985, sufren una enorme crisis de cierres, embargos y quiebras, solamente comenzó a remontar a fines de los años ochenta.

Durante la transición, la instauración del financiamiento compartido de la educación le propinó un golpe mortal a la educación pública, en tanto que propició un éxodo masivo de matrícula de familias de clase media al sector particular subvencionado; las reformas curriculares apuntaron todas, sin excepción, a la adaptación de nuestro sistema escolar a los principios de la globalización neoliberal -la privatización, la competencia y la alta productividad- y el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación profundizó el carácter subsidiario del Estado haciendo de las necesidades de mejoramiento del sistema, un nuevo mercado dominado por las ATE's, las fundaciones y las universidades privadas.

Pero los tiempos han cambiado. La globalización neoliberal está en franco retroceso y el proteccionismo y los Estados nacionales, supuestamente muertos y enterrados en los años noventa del siglo pasado, están de vuelta. La guerra y las periódicas crisis financieras del sistema, han exigido de todo el mundo medidas de protección de sus mercados y de su industria, partiendo por los campeones del libre comercio, como los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el cambio climático solamente da cuenta de la irracionalidad de las relaciones entre la producción, la tecnología y el medioambiente; de los efectos de la desregulación de los mercados y el debilitamiento del Estado, indigente a la hora de organizarlos, así como de su incapacidad de otorgar siquiera garantías de sobrevivencia de la especie.

 

En nuestro país, el rocambolesco proceso constituyente en curso, da cuenta de las tensiones que provoca precisamente este intríngulis en el que el neoliberalismo ha colocado a la humanidad y la necesidad de modernizar la sociedad de acuerdo a estas realidades, contra las resistencias de los que se han visto beneficiados por él, quienes han amasado fortunas pantagruélicas y construido verdaderos imperios empresariales a nivel nacional y transnacional, a costa de los trabajadores y trabajadoras y del medio ambiente.

Resulta absurdo seguir resistiéndose a los cambios del sistema educativo. Finalmente, el sentido de las políticas educacionales, no solamente es adaptarlos a nuevas realidades, a las transformaciones de nuestras sociedades. Tal como se lo planteara el gobierno popular presidido por el doctor Salvador Allende, el sentido de la política educativa es finalmente la transformación. Hasta las políticas conservadoras lo hacen, tratando de adaptar las dóciles mentes de jóvenes y niños a las sociedades existentes, incluidas las políticas noventeras que se proponían la preparación de una "población de alta productividad", "flexible", con capacidad de "adaptarse a la incertidumbre", etc.

Nuestras escuelas y liceos siguen organizándose y pensando, como si la infancia y juventud siguiera siendo la misma y como si en el mundo y el país no pasara nada. Seguir oponiéndose, como la mayoría conservadora del Consejo Constitucional, a los cambios apelando al sentido común es solamente una demostración de su verdadera idiosincrasia; esto es, su moral reaccionaria que sostiene que si existe y resulta familiar, es lo que corresponde. Lo mismo que planteaban los defensores del latifundio y el inquilinaje; la exclusión de los derechos civiles y políticos de la mujer; la discriminación de las diversidades sexogenéricas, a las que consideraba, y sigue considerando, desviaciones o enfermedades.

Se han dado pasos importantes desde el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Ahora se debe consolidar lo avanzado y seguir profundizando en las reformas educativas. Tareas pendientes son el cambio al sistema de financiamiento de la educación que durante la cuarentena que se extendió entre el año 2020 y el 2021, demostró ser un ideologismo. Asimismo, hacerse cargo de cambios en los contenidos y objetivos del curriculum, todavía anclados en la globalización.

Tal como lo fue en 1971, no es una tarea de la que pueda hacerse cargo solamente un gobierno o una alianza de partidos. Es el pueblo el llamado a hacerlo, a través de las más variadas formas de participación, movilización y debate. 

La reacción cultural

Georg Grosz. Ecce homo, 1923

La derecha está empeñada  en una campaña tan intensa como quizás no se veía desde la época de la Unidad Popular. Nunca antes, desde las vergonzantes improvisaciones de Pinochet y Merino, se había escuchado de sus dirigentes un lenguaje tan agresivo; tan prosaico y cargado de epítetos, proyección de temores ideológicos y sentimentalismo. Su anticomunismo es exactamente eso, una expresión de su pobreza de ideas; la necesidad de justificaciones ideológicas a sus dogmas y profesiones de fe así como de sus propuestas reaccionarias y antipopulares.

Por cierto, la ofensiva de la derecha tiene un propósito objetivo que es la mantención del orden de cosas actual, que ellos consideran como algo natural y a la ideología que lo sostiene, como el más sano sentido común. En esto precisamente consiste su conservadurismo y respecto de ello, entre la "derecha liberal" y la secta religiosa de JAK no hay mucha diferencia. El consenso entre autoritarios y liberales, que es característico de las sociedades capitalistas bajo el predominio del neoliberalismo, es la expresión de esta misma afirmación de hecho sobre la presunta naturalidad de la sociedad de mercado, la propiedad privada y la competencia, como pilares de la convivencia social. 

En este sentido, cualquier intento de reforma social que ponga en cuestión siquiera esta pretensión, es visto por la reacción como un atentado al sentido de la realidad; un contransentido, un dislate, cuando en el fondo,  no es más que temor a cualquier cambio que pueda poner en riesgo los privilegios, las inequidades y abusos sobre los que se sostiene dicho orden de cosas. La defensa que la derecha ha hecho de las AFP's tras el cándido slogan "con mi plata no" es un buen ejemplo de esto. Tan evidente es, que  la acción que presentó el dirigente empresarial derechista y ex candidato al consejo constitucional Juan Sutil en contra del diputado Diego Ibáñez por sostenerlo, fue rechazada por los tribunales. 

El triunfo de Millei en la hermana República Argentina es expresión más o menos del mismo fenómeno. Facilitado ciertamente por el desastre que le heredó el amigo de Piñera, Mauricio Macri, que la dejó endeudada por varias generaciones, y a merced del FMI, del que dijo después que se trata de "buenas personas". Mientras a él le presto la friolera de cincuenta y cuatro mil millones de dólares que se esfumaron en los intersticios del sistema financiero, se ha llevado durante la administración de Alberto Fernández más de nueve mil en pago de obligaciones con él. Es más que claro lo que significa "realidad" para la derecha y el gran empresariado. Y por extensión, lo que significa no aceptar que ésta es un puro hecho sobre el que no se puede decir mucho, menos plantearse la posibilidad de modificarla. 

En eso precisamente consiste el fascismo; en la imposición de lo real como si se tratara de un puro hecho. Consiste en convertir la realidad, con todo lo que tiene de violenta, excluyente e injusta, en el "sano sentido común". La violencia verbal de Millei, en este sentido, no es muy distinta que la del tristemente célebre diputado republicano Gonzalo de la Carrera. Ambos se han hecho famosos por sus calumnias; sus afirmaciones rimbombantes y agresivas. Esta violencia es, después, presentada con toda naturalidad en tono campechano por los medios, los mismos que después hacen de un par de tuits sobre carabineros de hace como diez años, un insulto a la República. 

Esta ofensiva conservadora, caracterizada además por su hipocresía, no ha enfrentado ninguna resistencia y ello ha facilitado la naturalización de su sentido y significado. Los trabajadores y trabajadoras; los y las jóvenes, las etnias originarias, los pobladores sin casa y las disidencias sexogenéricas, han sido colocadas en los márgenes de lo real. Esto es, en el lugar de sus manifestaciones exteriores sin poder siquiera referirse a sus fundamentos. Hacer frente a la pobreza, la contaminación, la enfermedad, las exclusiones de diverso tipo, pero nunca a la sociedad que las genera y agrava sus consecuencias; vivir de las migajas que chorrean de la mesa de las transnacionales y de los grandes empresarios o tratando de arrancárselas, pero nunca cuestionar la desigualdad que las origina. 

Detener esta ofensiva derechista es una necesidad perentoria para avanzar en la implementación del programa. Es urgente retomar la iniciativa; que el fascismo siga avanzando y detenga las reformas planteadas por el Gobierno en educación, pensiones, equidad de género, salud y recursos naturales, no es inevitable. Esto excede ciertamente la capacidad del gobierno y deben ser las organizaciones de masas y los partidos que lo sustentan los que asuman la responsbilidad de hacerlo. Ello requiere superar el corporativismo y poner las demandas de cada sector, en relación con la totalidad de lo político y generar las condiciones para facilitar y promover la vinculación del programa de gobierno con sus reivindicaciones.

Este es el momento preciso para hacerlo.

¿Quién para a la derecha?

Juan Domingo Dávila. la perla del mercader. 1996

Desde que asumió, el gobierno del Presidente Boric ha sido objeto de la más desfachatada ofensiva por parte de la derecha y el gran empresariado, al mismo tiempo que añora en tono lastimero la "democracia de los acuerdos" y las "reformas responsables". Al coro encabezado por republicanos, se han sumado con tonos no menos chillones, la CPC y la derecha tradicional. 

La ideología que la sostiene se representa a Chile, en efecto, como si fuera una sociedad perfecta, en la que no hay antagonismo ni contradicciones; una sociedad en la que la desigualdad no representa un problema y la pobreza se puede resolver con un par de regulaciones. La pobreza en ningún caso tiene que ver con la desigualdad para sus sostenedores. 

Lo notable es que, pese a toda la evidencia disponible de su iniquidad, esta ideología siga teniendo la capacidad de incidir en los acontecimientos políticos y ejercer una capacidad considerable de persuasión. La realidad, caracterizada por una brutal desigualdad, violencia, exclusiones y abusos de diversa índole, no se expresa en ella y es más, es ocultada tras todos sus silogismos y tautologías, transformándose en el opio de los tecnócratas. 

Tiene el poder de transformar los absurdos más evidentes en verdades casi reveladas y disponer de explicaciones para todo, las que por muy lógicas que sean no tienen nada que ver con la realidad. Difundidos luego por medios de comunicación serviles a los intereses de sus auspiciadores, se transforman en verdaderas máximas del sentido común, que son precisamente las que ocupa luego el Partido Republicano y la UDI para atacar al gobierno, como lo hizo antes con la Convención Constitucional y lo seguirá haciendo ante cualquier intento de reforma social y política efectiva.  

Se trata de una ideología que transforma la realidad, con todo lo que tiene de excluyente, violento e injusto, en su mismo contenido.  

El avance de la derecha y de los grandes empresarios representados por la CPC en los últimos tres años, no se debe pues solamente a su condición hegemónica en los medios de comunicación. Ésta es, precisamente, expresión de su condición culturalmente dominante. Es resultado de su capacidad de hacer de su concepción del mundo, una realidad de hecho sobre la que poco se puede decir que le agregue algo de sentido. 

Por eso, la derecha a lo menos desde el 4 de septiembre pasado ha estado a la ofensiva. 

La capacidad de la reacción ha llegado al punto que la redacción de la Constitución que está realizando la mayoría conservadora del Consejo Constitucional, es prácticamente una profesión de fe difícilmente tolerable para una sociedad laica, democrática y moderna. La opción de permanecer con la Constitución actual no es una alternativa democrática, ni da cuenta de los acontecimientos políticos de los últimos cinco años. Anunciar el rechazo a la opción conservadora en el plebiscito del 7 de diciembre a estas alturas, aparte de un alivio a las buenas consciencias, no aporta en nada a las luchas por más democracia y justicia social si se mantiene dentro de los límites de una declaración de buenas intenciones y en la formalidad de una opción meramente electoral.

La única manera, pues, de enfrentar esta ofensiva reaccionaria es a través de la movilización social, en la que el pueblo ponga la realidad por delante y convierta las necesidades que se deducen de sus vidas reales, en el verdadero contenido de la discusión constitucional. Las clases dominantes agrupadas en la CPC y representadas en el sistema político por los partidos neoliberales de diversa denominación, es lo que han hecho, oponiéndose a la reforma tributaria, a la reforma de las pensiones, al cambio constitucional; calumniando, mintiendo sin pudor y luego victimizándose. 

Pero ¿Quién las detiene? Mejor dicho, ¿Quién se hace cargo del programa de transformaciones que favorecen al pueblo contra la oposición de la derecha y los grandes empresarios? 

Se comienza a apreciar una incipiente reactivación del movimiento social y sindical. Estos síntomas de reactivación de movimiento social; luchas por la memoria, por verdad y justicia en materia de violaciones a los Derechos Humanos; por mejores salarios y redistribución de la riqueza; democratización del sistema educativo, reforma del sistema de pensiones, vivienda digna y solución al problema del acceso a la salud; enfrentamiento a los inminentes efectos del cambio climático, solamente van a tener un sentido en la medida en que enfrenten a quienes se oponen a su realización y defienden un modelo de sociedad basado en el despojo, la sobreexplotación del trabajo y los recursos naturales, la exclusión y la mantención de los privilegios. 

A la ideología que postula al mercado, la competencia y el individualismo como la esencia de lo  humano, y al neoliberalismo como la ciencia que es el principio y final de la historia -el sentido común, lo que resulta familiar- es contra lo que hay que oponer una moral, una cultura basada en una concepción opuesta de la sociedad y el Estado. Solamente así, será posible enfrentar y parar la ofensiva reaccionaria que pretende escamotear la realidad y propinar una derrota definitiva al pueblo el 7 de diciembre.