Fernand Leger. Los constructores, 1951
En el marco de la discusión de una nueva Constitución para Chile, el Derecho a
la Cultura debiera ocupar un lugar fundamental si no el más importante.
La mercantilización que la ha caracterizado durante los últimos treinta años de predominio del neoliberalismo, es el resultado de la aplicación del principio de subsidiariedad del Estado. Ello ha ocasionado verdaderos estragos, como la progresiva pérdida de libertad y autonomía de creadores y creadoras y su sometimiento cada vez más asfixiante a la industria de la entretención masiva; la limitación de la libertad individual y el sometimiento del gusto y la elección de "las audiencias" a lo que imponen medios cada vez más transnacionalizados.
La desaparición de patrimonio y saberes ancestrales, como la artesanía
tradicional, barrios enteros arrasados por el negocio inmobiliario, lengua e idiomas de pueblos originarios, la
agricultura familiar campesina, etc. son resultado de esta concepción de política cultural que cruza -reformas más, reformas menos- a la Constitución del 80.
Este empobrecimiento de la cultura, contra todas las
predicciones y promesas de los liberales de fines del siglo XX, ha corrido
parejo al deterioro cada vez más alarmante de la democracia y ha sido caldo
de cultivo -no sólo en nuestro país- para el surgimiento de comportamientos
discriminatorios, intolerantes y excluyentes, como el chovinismo, la xenofobia,
el racismo, la homo y la transfobia, el anticomunismo y todas las expresiones
de una ideología que para proteger posiciones de privilegio de las clases
poseedoras, intenta construir una sociedad hecha a imagen y semejanza de la
idea que tienen de sí mismas para lo cual necesitan presentar a un
"otro" que encarne todos aquellos atributos que no coincidan con esta
y combatirlas ideológica, cultural y materialmente.
Las quejas lastimeras del conservadurismo y la reacción
moral, no da cuenta de ella ni representa una
alternativa razonable a la cultura neoliberal. Es más, forman parte de esta
cultura y son, en última instancia, su defensa final, disimulando su conformidad
detrás de una rabiosa retórica tradicionalista, conservadora, autoritaria y
moralizante. Por cierto, producto del deterioro de la cultura y el
embrutecimiento de masas del neoliberalsimo -típico del fascismo-,
no faltan acólitos para posiciones tan prosaicas como las que expone Tere Marinovic, la secta de JAK y que apenas trata de disimular la UDI.
Para haber llegado a este punto, sin embargo, fue
necesaria una obra sistemática de negación de la memoria y finalmente de la
historia, la que fue reducida durante la transición pactada, a
una cuestión de opciones entre "esto y aquello", cuando son obra de
un proceso creativo de masas y no de elecciones individuales entre alternativas ya dadas. Nada más opuesto a los conceptos de libertad y autonomía modernos. Pero bueno, suficiente para conversos y fundamentalistas que la hegemonizaron.
Parte importante de esta concepción de política cultural, consistió en la proscripción de
la imagen que está representada por el patrimonio visual y sonoro de un pueblo
y finalmente de la humanidad, expresado en la cultura artística que es el
conjunto de las creaciones que nos hayan legado, y nos siguen legando todos los
días, artistas, escritores, artesanos, artífices, trabajadores de la cultura,
las artes y el patrimonio. Dicha proscripción se manifestó principalmente en el curriculum escolar en el que el contenido estético y humanista de la cultura fue cada vez más reducido a un lugar secundario si no prescindible y en la ausencia de una política de medios.
También forman parte de esa cultura artística, el debate
y la reflexión; los significados asociados a esas obras, a ese patrimonio, los
valores que los inspiran y que son recreados y resignificados por un público
que no es sólo audiencia sino autor en tanto participa de la construcción de
esos valores y significados que están presentes y que son también la
imagen, plasmada en libros, canciones, pintura, teatro y danza, etc.
La cultura artística debe ser, pues, un componente del Derecho a la Cultura que debe considerar la futura Constitución. Un concepto de la cultura que debe incorporar los derechos a la creación de todos y todas desde la infancia; el acceso a la cultura artística y al patrimonio visual y sonoro y especialmente a la libertad creativa de todes.
La institucionalidad que surja de la nueva Constitución, sólo hará posible el debate y la crítica cultural generando una institucionalidad estatal para ello y no como ha sido la inspiración del principio de subsidiariedad, tanto en su versión liberal social como abiertamente neoliberal, entregando al mercado y al presunto juego de los millones de elecciones individuales el acceso y el disfrute de la cultura artística.
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