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| Allende saludando a los niños en la Plaza de la Constitución 1971 |
La última vez que se hizo un
proceso participativo para definir una política educacional de Estado, fue en
1971 durante el gobierno de la Unidad Popular. En ese entonces, soplaban aires
de revolución en todo el mundo y la humanidad entera se planteaba la
posibilidad de construir una nueva sociedad, desde diferentes posiciones
doctrinarias, políticas y morales. La oposición de las fuerzas conservadoras a
dicha política educacional; a su sentido y propósitos, pese a ser el resultado
de un evento democrático y representativo de la diversidad del país que los
incluía, fue sólo una de sus justificaciones del golpe de estado.
Los acuerdos de ese congreso,
reflejaban esa atmósfera de cambios que se expresan en una propuesta
educacional que se hacía cargo de los problemas de exclusión, de atraso del
sistema escolar y de construcción de una nueva convivencia para construir un
país moderno, justo, democrático y soberano. Se planteaba la educación como un
factor efectivo de cambio social porque la transformación,
y no la adaptación al cambio, era el sentido de la política educativa.
El desastre educativo que
significó la dictadura, marcado primero por una brusca caída de la matrícula en
los años setenta; el empobrecimiento del servicio como resultado de las
políticas de ajuste y restricción del gasto fiscal impulsadas por los Chicago
Boys; la anarquía que resultó de una descentralización chapucera que fue la
municipalización; posteriormente por la crisis económica de los años ochenta
que se superpone a la instalación del mercado de los colegios particulares
subvencionados que producto del congelamiento de la UTM en 1985, sufren una
enorme crisis de cierres, embargos y quiebras, solamente comenzó a remontar a
fines de los años ochenta.
Durante la transición, la
instauración del financiamiento compartido de la educación le propinó un golpe
mortal a la educación pública, en tanto que propició un éxodo masivo de
matrícula de familias de clase media al sector particular subvencionado; las
reformas curriculares apuntaron todas, sin excepción, a la adaptación de
nuestro sistema escolar a los principios de la globalización neoliberal -la
privatización, la competencia y la alta productividad- y el sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación profundizó el carácter subsidiario
del Estado haciendo de las necesidades de mejoramiento del sistema, un nuevo mercado
dominado por las ATE's, las fundaciones y las universidades privadas.
Pero los tiempos han cambiado. La
globalización neoliberal está en franco retroceso y el proteccionismo y los
Estados nacionales, supuestamente muertos y enterrados en los años noventa del
siglo pasado, están de vuelta. La guerra y las periódicas crisis financieras
del sistema, han exigido de todo el mundo medidas de protección de sus mercados
y de su industria, partiendo por los campeones del libre comercio, como los
Estados Unidos. Al mismo tiempo, el cambio climático solamente da cuenta de la
irracionalidad de las relaciones entre la producción, la tecnología y el
medioambiente; de los efectos de la desregulación de los mercados y el
debilitamiento del Estado, indigente a la hora de organizarlos, así como de su
incapacidad de otorgar siquiera garantías de sobrevivencia de la especie.
En nuestro país, el rocambolesco
proceso constituyente en curso, da cuenta de las tensiones que provoca
precisamente este intríngulis en el que el neoliberalismo ha colocado a la
humanidad y la necesidad de modernizar la sociedad de acuerdo a estas
realidades, contra las resistencias de los que se han visto beneficiados por
él, quienes han amasado fortunas pantagruélicas y construido verdaderos
imperios empresariales a nivel nacional y transnacional, a costa de los
trabajadores y trabajadoras y del medio ambiente.
Resulta absurdo seguir
resistiéndose a los cambios del sistema educativo. Finalmente, el sentido de
las políticas educacionales, no solamente es adaptarlos a nuevas realidades, a
las transformaciones de nuestras sociedades. Tal como se lo planteara el
gobierno popular presidido por el doctor Salvador Allende, el sentido de la
política educativa es finalmente la transformación. Hasta las políticas
conservadoras lo hacen, tratando de adaptar las dóciles mentes de jóvenes y
niños a las sociedades existentes, incluidas las políticas noventeras que se
proponían la preparación de una "población de alta productividad",
"flexible", con capacidad de "adaptarse a la
incertidumbre", etc.
Nuestras escuelas y liceos siguen
organizándose y pensando, como si la infancia y juventud siguiera siendo la
misma y como si en el mundo y el país no pasara nada. Seguir oponiéndose, como
la mayoría conservadora del Consejo Constitucional, a los cambios apelando al
sentido común es solamente una demostración de su verdadera idiosincrasia; esto
es, su moral reaccionaria que sostiene que si existe y resulta familiar, es lo
que corresponde. Lo mismo que planteaban los defensores del latifundio y el
inquilinaje; la exclusión de los derechos civiles y políticos de la mujer; la
discriminación de las diversidades sexogenéricas, a las que consideraba, y
sigue considerando, desviaciones o enfermedades.
Se han dado pasos importantes
desde el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Ahora se debe consolidar
lo avanzado y seguir profundizando en las reformas educativas. Tareas
pendientes son el cambio al sistema de financiamiento de la educación que
durante la cuarentena que se extendió entre el año 2020 y el 2021, demostró ser
un ideologismo. Asimismo, hacerse cargo de cambios en los contenidos y
objetivos del curriculum, todavía anclados en la globalización.
Tal como lo fue en 1971, no es
una tarea de la que pueda hacerse cargo solamente un gobierno o una alianza de
partidos. Es el pueblo el llamado a hacerlo, a través de las más variadas
formas de participación, movilización y debate.
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