Rafael Sanzio. La academia de Atenas 1510-1512 |
El ministerio de educación está realizando una serie de
consultas y conversaciones con las comunidades educativas para realizar una
actualización del curriculum vigente. La derecha, como era de esperar, salió en
manada a criticar la iniciativa. Esta actitud se suma a su violenta oposición a
la desmunicipalización de la educación pública y los Servicios Locales de
Educación que reemplazarían a los municipios como sus responsables.
Con un oportunismo propio de su pensamiento de clase, le
endosa a estos todas las falencias y debilidades que son el resultado de un
sistema de financiamiento de la educación pública mezquino e ideologizado y de
décadas de administración municipal ignorante, improvisadora y producto de lo
primero, de una pobreza franciscana. En muchos casos, además, administraciones
burocráticas, sin política, como no sea ajustar su oferta a los vaivenes de la
matrícula en vez de planificarla para constituir una masa crítica de
estudiantes, apoderados y docentes que piensen en el país, la democracia y la
cultura.
Lo único que puede hacer para sostener esta postura
retrógrada y de oposición a los cambios que se vienen realizando en educación
desde el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, es presentar algunos
ejemplos aislados de supuestas exitosas administraciones municipales de la
educación y los números del SIMCE, que en realidad no dicen casi nada, excepto
que nuestra educación nacional hace décadas está en estado crítico y que además
es profundamente inequitativa. ¿Por qué la derecha prefiere mantenerla prisionera en los estrechos límites de este
sistema fracacasado -y no hablemos solamente de la educación pública-?
Prefiere hacerlo porque lo único que defiende es interés
de clase. Su oposición a las reformas que se realizan en educación es similar a
la que sostiene respecto de las AFP´s, del que sobran las evidencias acerca de
su fracaso como sistema previsional y su
insostenibilidad política y social. En ambos casos es la expresión más
conspicua de la profunda contradicción de clase que cruza a nuestra sociedad
entre un neoliberalismo fracasado en todos los frentes -no sólo el
educacional-, y las necesidades de democratización de la sociedad.
El argumento que ha esgrimido no puede ser más absurdo.
Básicamente consiste en decir que no se debe hacer una revisión del curriculum
escolar, o sea de lo que estudian niños, niñas y jóvenes en las escuelas y
liceos de Chile, sino hasta que demuestren ser capaces de aprenderlo. Es como
suponer que el curriculum escolar no es más que un inventario de contenidos
culturales que los y las estudiantes deben asimilar como si su mente fuera un
refigerador y los docentes administrar como si fueran unos burócratas que no
tienen nada que decir respecto de ellos.
Esa es la razón para el ataque de histeria de la derecha
y los conservadores. Defender un curriculum hecho a la medida de las pruebas
estandarizadas como el SIMCE, solamente demuestra que el círculo lógico en
torno al que gira nuestra educación nacional, que consiste en enseñar para a
rendición de las pruebas y éstas a su vez determinar lo que se debe aprender, es
la sublimación de la ideología del sistema. Este círculo lógico, que en
realidad es un círculo vicioso, ha demostrado una y otra vez su fracaso y no
son necesarias más pruebas, pese a que la derecha las exige con tono grave y
pontificador.
Lo mismo respecto de las reformas al sistema de educación
pública, el cual a pesar del evidente
fracaso de la administración municipal, que además se expresa en condiciones
laborales precarias que solamente son disimuladas por las correcciones y
regulaciones que el magisterio ha logrado arrancar a un poder político que no
las ve como condiciones de enseñanza sino como expresión del corporativismo y
la mezquindad de los y las docentes.
Los SLEP de hecho, deben cargar con toda la herencia de
ese fracaso, que incluye precarias condiciones materiales, deudas con los
trabajadores y en no pocos casos, plantas de empleados y trabajadores infladas
previo a los traspasos por alcaldes descachalandrados cuando no inescrupulosos
y desleales. Este traspaso, por lo menos, no ha significado asesinatos ni
despidos masivos, o pérdida patrimonial y salarial de sus trabajadores, como
fue la municipalización de la educación en los años ochenta del siglo pasado,
situación que por lo demás, es habitual actualmente de la administración
municipal en muchos casos.
La actualización curricular resistida por la derecha es
necesaria, lo mismo que la desmunicipalización de la educación escolar. Es
necesaria primero porque las condiciones sociales, políticas y culturales han
cambiado tanto en los últimos diez años, como para haber dejado obsoletas
ciertas presuntas verdades sobre las que descansaba. Como por ejemplo, la de
que la tendencia a la integtración comercial y la desaparición de los Estados
Nacionales es permanente, progresiva e inevitable; o la del optimismo ilimitado
en la capacidad de la ciencia y de la técnica para resolver todos los problemas
del género humano, sin que las humanidades o el pensamiento estético y la
creación artística tengan más responsabilidad que la de justificarlas o en el
mejor de los casos, parafrasearlas; o la de que la incertidumbre produce poco
menos que espontáneamente la adptación al cambio o la de que es su único
resultado posible cuando presumiblemente ha provocado también el resurgimiento
de los discursos de odio, discriminación y exclusiones de diverso signo o ha
facilitado su irrupción en Europa y América.
La actualización curricular propuesta por el mineduc es
un paso adelante en la democratización de la educación. Pero requiere muchos
cambios y adaptaciones. En primer lugar, respecto de la formación inicial
docente; también respecto de la cultura escolar, la administración del tiempo y
del plan de estudios; la evaluación educacional, y la planificación del
curriculum.
Oponerse sin embargo, usando como argumento que estos
cambios y adaptaciones no se han realizado, es una posición reaccionaria
similar a la que la derecha ha esrgimido. Es de esperar que el Consejo Nacional
de Educación -que es lo que ha pasado en otras ocasiones, por ejemplo cuando
negó la disminución de la frecuencia e intensidad del SIMCE hace unos años- no
cumpla el papel que la institucionalidad vigente le asigna, similar a la del
Banco Central y el TC, de obstaculizar las reformas y darle estabilidad al
sistema neoliberal.
El magisterio chileno en cambio; los trabajadores no
docentes de la educación, profesionales, técnicos y de servicios; los padres y
apoderados; las organizaciones estudiantiles; alcaldes y concejales de
izquierda y progresistas; parlamentarios; intelectualidad progresista y
académicos comprometidos con la educación debieran participar de este debate y
enfrentar de una vez a la tecnocracia economicista y el pensamiento
conservador, de la que hemos escuchado mucho estos días -la que propone desde
separar la facultad de ingeniería de la Universidad de Chile, del resto de la
universidad, hasta detener los traspasos de las escuelas públicas a los SLEP-.
Deben generar las condiciones políticas y de masas para hacerla posible y que
esta se haga conforme a los intereses nacionales y de la sociedad civil. Todo
lo demás es música.
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