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| Rafael Sanzio. La escuela de Atenas 1510-1511 |
Con la elección de Jeanatte Jara en las próximas elecciones
presidenciales y el triunfo de la amplia coalición democrática que la respalda
en las parlamentarias, es posible completar las expectativas de igualdad,
dignidad y participación del pueblo y amplias mayorías sociales y
nacionales.
Como casi siempre, fueron los y las jóvenes estudiantes,
los que les abrieron el camino y no es casualidad que así haya sido siempre.
Ello, porque es en el sistema educacional, precisamente, donde se expresan las
contradicciones sociales, moduladas por la cultura como un campo de batalla
donde se enfrentan concepciones de mundo y valores que proviniendo de las que
se viven en la familia, el barrio, la etnia, la nacionalidad y la clase de
origen, entran en conflicto con las que predominan en la sociedad y la escuela, el liceo y la
universidad recrean.
Las luchas del movimiento estudiantil, unidas a las que el
magisterio venía sosteniendo desde la dictadura militar, han abierto el camino
a reformas que progresivamente, desde el año 2006, han ido cambiando su fisonomía.
Primero la derogación de la LOCE y su reemplazo por la LGE, que elimina los
conceptos más retrógrados del marco regulatorio de la educación pública,
herencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional; reconoce las modalidades
educativas y a la Comunidad Escolar y sus derechos; y cambia la composición del
Consejo Nacional de Educación.
Luego de las históricas jornadas del 2011, se obtiene la
derogación definitiva de la Ley General de Universidades, promulgada por la
Junta Militar en 1981. Esta ley impedía la elección democrática de los rectores
y la participación triestamental en los órganos colegiados de gobierno
universitario, lo que es modificado recién en el segundo gobierno de la
Presidenta Bachelet.
Además, hizo posible la gratuidad de la educación superior
y la eliminación del CAE, lo que se encuentra en su última fase de discusión
legislativa por medio de la creación del FES, sistema de financiamiento de los
estudios de pre grado que incluso favorecería a quienes no sean beneficiarios
de la gratuidad y establece beneficios para los deudores del sistema
antiguo.
En el caso de la educación escolar, el legado del segundo
gobierno de la Presidenta Bachelet, es la regulación del sistema particular
subvencionado, hasta entonces verdadero mercado persa en el que se aplicaba a
la perfección eso de "socialización de las pérdidas y privatización de las
ganancias" a través del más chabacano lasaiz faire, oculto
tras la aplicación de un dudoso concepto clasista de libertad de enseñanza
contenido en la Constitución actual y reforzado por la introducción del
financiamiento compartido en los años noventa y que recién con la Ley de
Inclusión se viene a corregir.
En segundo lugar, la Nueva Educación Pública. Ésta crea un sistema único dependiente del mineduc a través de la Dirección
de Educación Pública. Modifica su gobernanza a través de la
creación de instancias intermedias conocidas como SLEP, las que reemplazarían a
los municipios como responsables de su administración, gestión y
dirección.
Un futuro gobierno democrático y progresista debe concluir
este ciclo de reformas comenzadas gracias a las luchas del movimiento
estudiantil y las comunidades escolares y universitarias, modificando el sistema de financiamiento de la educación escolar basado en una
cuestionable antropología que sustenta una noción de la libertad que la reduce
a la posibilidad de escoger, pero no de crear lo que exige condiciones
materiales que las actuales políticas de financiamiento impiden.
En segundo lugar, la determinación de los grados de
autonomía del nivel local del sistema nacional de educación pública. La
dirección del sistema, sin duda, debe estar en el mineduc en términos
curriculares y técnico pedagógicos, pero ampliando los márgenes de libertad
para el nivel intermedio (los SLEP) y local (las escuelas) para desarrollar sus
proyectos. Ello sólo sería posible si en lugar de ser una lista interminable de
contenidos y objetivos, el curriculum se centra en las habilidades, que fue el
sentido de la adaptación curricular durante la pandemia.
Finalmente, lo que algunos llaman el cambio de
"paradigma educativo" o sea, responder la vieja pregunta ¿para qué
nos sirve el sistema escolar? ¿para qué educamos? Ya es un lugar común decir
que las novísimas tecnologías de la información y las redes sociales han puesto
en tensión a la escuela y especialmente a sus docentes. Que fenómenos como la
inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales; la inmigración
y el reconocimiento de los derechos de las divergencias sexogenéricas han
puesto en tensión a una escuela todavía organizada en torno a concepciones de
los siglos XIX y XX.
Pero estas siguen asemejándose más a las de nuestros padres
que a la información y la forma en que nuestros niños, niñas y jóvenes la
consumen en sus celulares y aparatos electrónicos. Que los discursos sobre el
éxito, y los beneficios de la competencia no les dicen nada en relación con sus
experiencias de fracaso para las cuales no los prepara; tampoco para la
convivencia con la diversidad y la diferencia, mientras los clasifica por el
resultado de las pruebas.
El triunfo en las próximas elecciones presidenciales y
parlamentarias, abre las puertas a una profunda transformación. Es a eso a lo
que te le temen la derecha y los empresarios, todavía nostálgicos de la
dictadura de Pinochet, como lo dejó claro el flamante vocero de Evelyn Matthei
estos días. Oponerse a esta tendencia a la reforma del sistema educacional, la
garantía segura de una nueva revolución pingüina, o un 2011. Se trata de una
reforma cultural, la única que puede garantizar la consolidación de un sistema
educacional moderno y democrático y uno de los que representa la posibilidad de
contener el avance de las ideas fascistas que se ocultan tras la defensa de lo
habitual, de lo conocido, es decir del sentido común.
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