Cuando la ambición rompe el saco

Hans Holbein el joven. La danza de la muerte: la muerte y el avaro

La epidemia de coronavirus que ya cuenta casi mil contagiados, decenas de hospitalizados y dos fallecidos en nuestro país, puso en evidencia la incapacidad del sistema neoliberal en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades más básicas de la población.

Ciertamente es algo que chilenos y chilenas -especialmente los pobres y los trabajadores - experimentaban todos los días desde hace mucho tiempo, acumulando rabia y descontento antes de la aparición del coronavirus hasta estallar en el levantamiento popular del 18 de octubre.

Precisamente donde el Estado debía garantizarlas, es donde se expresaba todos los días la indigencia del sistema para satisfacerlas, sometiendo a condiciones indignas al pueblo: en los consultorios y hospitales públicos; en el sistema de transporte y la educación escolar y universitaria; en la vida de los pensionados y pensionadas y hasta en los servicios básicos de vivienda, agua potable y electricidad, todo ello disimulado por una modernidad de tierra financiada por ellos mismos.

Haciendo alarde de esa capacidad sofística que caracteriza a autoridades políticas e ideólogos liberales, los medios intentan hacer aparecer el levantamiento y la protesta social como la causa de lo que en realidad son las razones que lo motivan: la destrucción de empresas y fuentes de trabajo y el consecuente aumento del desempleo, así como el deterioro de  los servicios y su encarecimiento.

Pero  la crisis sanitaria ha tenido una segunda consecuencia aún más importante y es que ha hecho evidente también el carácter de clase del sistema y de la sociedad que se ha construido en los últimos treinta o más años.

El paquete de medidas económicas anunciadas por el gobierno ni siquiera disimulan al respecto.

Un paquete que no tiene por finalidad -excepto en las pomposas declaraciones con que se le presenta- ayudar a la población a sortear las dificultades que esta conlleva. Peor aún, las medidas que se adoptan tienen un evidente sentido de clase, que es salvar a los empresarios y proteger sus negocios, mientras el mensaje al pueblo y los trabajadores, es que se sacrifiquen y sostengan patrióticamente el peso de la crisis sanitaria que no es otra cosa que mantener dentro de lo posible las ganancias de sus empleadores aun a costa de su salud y la de sus familias.

Hasta la forma de comunicarlas es la de un patrón dirigiéndose a sus inquilinos, con un discurso que deambula entre la amenaza y la descalificación -lo que hace muy cínicamente el Ministro de Salud como si fuera un capataz- hasta el tono caritativo y los llamados a la unidad de los más compasivos dirigentes de la derecha.

O del Ministro de Hacienda proponiéndole a sus colegas del gabinete bajarse el sueldo en un treinta por ciento para, supuestamente, asimilar su esfuerzo al de los trabajadores que deberán cobrarse el salario de su propio seguro de cesantía o simplemente renunciar a él con tal de mantener la pega, como si su sueldo fuera comparable al de un trabajador promedio, que es menos de quinientos mil pesos.

Un cinismo intolerable y al que no se puede responder con tecnicismos pues ni siquiera admiten una argumentación racional. Se trata de pura ideología. Ideología de clase que es espetada por todos los medios y que ofende la pobreza y las necesidades que padecen millones.

Que expresa unos valores, una cultura y concepción del mundo que asume como si fuera de lo más natural la desigualdad y la sobreexplotación y el endeudamiento de trabajadores y trabajadoras para sostener esos valores y estilo de vida -incluyendo carreteras y construcciones faraónicas, malls y supermercados, AFP´s, etc.- haciéndolos aparecer como si fuera del interés de toda la sociedad hacerlo.

Es quizás uno de los rasgos más llamativos de esta crisis, el que precisamente la ideología dominante pierda esa aura de "objetividad" y por el contrario, que todas aquellas ideas que parecían "ideologizadas" o a las que se pretendía hacer aparecer de esa manera, recobren legitimidad política e incluso "académica".

Es la razón por la que el buenismo ramplón de los flamantes ministro de hacienda y ministra del trabajo, haya quedado en bancarrota tan prematuramente para hacerse evidente que entre los Larraín y los Briones no hay mucha diferencia tratándose de doctrina y posición política.

A la oposición no le queda más que insistir en ello pues el discurso del consenso y la unidad nacional para enfrentar la epidemia no tiene ninguna lógica en la realidad social cuando la primera autoridad sanitaria, económica y política del país defiende de modo tan impúdico los intereses de clase de los empresarios y los dueños del capital, lo que resulta evidente y ofensivo para cualquiera.

Llegados a este punto, es previsible además, que la codicia, la ambición y la avaricia en que se sostiene el modelo terminen por romper el saco; y la epidemia y sus más probables consecuencias de aumento de la pobreza y exclusión, así como el paternalismo y el autoritarismo con que ha sido enfrentada, acaben pasando la cuenta a los sectores que han dominado a  nuestra sociedad en las últimas décadas.

De lo que haga la oposición depende en gran parte que así sea.

La peor catástrofe

John Bratby. Table top, 1955

El levantamiento popular que empezó el 18 de octubre pasado y que se extiende sin visos de ser detenido por acuerdos cupulares ni soluciones "en la medida de lo posible", planteó asuntos que nuestra sociedad no se había cuestionado en décadas. 

Fundamentalmente la desigualdad; la discriminación en sus diferentes variantes; el abuso y el autoritarismo. 

Todo lo anterior, hasta octubre pasado, era interpretado como si se tratara de defectos accidentales del modelo y no como factores estructurales de éste. Una manera muy académica de barrer, discretamente, la basura debajo de la alfombra.

Bueno, otra vez fue la protesta social  la que se encargó de demostrarlo, no la academia. Es más, ésta lo ha obviado de manera grotesca para seguir insistiendo en explicaciones como la de los diferentes ritmos de la modernización, la teoría del chorreo, el crecimiento y expansión de la clase media y sus nuevas aspiraciones, etc. 

El pueblo movilizado se encargó de desnudar el carácter ideológico de estas explicaciones y teorías. Y por esa razón, tampoco ha cedido a los cantos de sirena de la cacareada "agenda social" del gobierno de Piñera ni se ha conmovido con los "gestos de republicanismo" de sectores opositores que se han apresurado a aprobarle en el Parlamento varias "genialidades" como la reforma a las AFPs y el salario mínimo garantizado. 

Bueno, como reza el viejo y conocido refrán, "nunca falta un roto para un descocido". 

Es como si el pueblo movilizado en el levantamiento popular, los ignorara pues la realidad a la que aluden no existe, no es la suya; es una especie de realidad alterna regida por leyes muy lógicas pero que no tienen nada que ver con la que viven diariamente trabajadores y trabajadoras, empleados, estudiantes, pobladores y deudores habitacionales; pueblos originarios, pequeños empresarios y comerciantes, etc. 

La propia emergencia sanitaria instalada por la epidemia del coronavirus da cuenta de esta situación. 

Un Estado desmantelado por las políticas neoliberales y limitado e inerme para hacerle frente -gracias a la Constitución que el pueblo exige cambiar- usa la misma emergencia producida por la epidemia para prolongar  su agonía, obligando a la población a hacerse responsable de ella, mediante su aislamiento, cuando más necesario es encontrarse. 

Ni Borges lo habría imaginado mejor. 

Es esa la razón por la que el proceso constituyente, tal como lo concibieron e intentan conducirlo los sectores conservadores y las clases dominantes de la sociedad, tarde o temprano, va a ser desbordado y va a generar un proceso de consecuencias impredecibles. 

No es una revolución en el sentido más ortodoxo del término. Pero es precisamente en los momentos en que parecieran entrar en crisis las explicaciones "ortodoxas", cuando se producen cambios históricos, políticos y sociales de consecuencias más profundas y duraderas. 

En estas ocasiones es cuando se ponen a prueba la capacidad política  y la convicción. En este caso, respecto de la necesidad de impulsar ahora, no más adelante, las reformas políticas que le permitan a la sociedad hacerse cargo de estos supuestos "defectos accidentales" que una y otra vez demuestran la catástrofe que es el neoliberalismo.

Resulta ilógico esperar que pase la emergencia para hacerse cargo de ella. La misma incapacidad de la primera autoridad sanitaria del país para hacerse cargo hasta que los municipios intentaran alguna medida; la especulación con medicamentos e implementos de seguridad como mascarillas, alcohol y otros son una demostración de la necesidad de enfrentar la tarea, señalando sin ambigüedades ni dudas que el origen de la catástrofe no es el virus sino el desmantelamiento de los servicios públicos.

Ello impulsando al mismo tiempo cambios de fondo y haciendo desde ya propuestas del Estado que queremos y que Chile necesita. Un Estado con la obligación de garantizar los derechos económiso-sociales de la población; con capacidad de crear empresas para -a lo menos- hacerse cargo  de ello. 

De disponer de más recursos a través de una mayor recaudación; con capacidad de regular los mercados y al mismo tiempo, posibilitar la participación directa de las comunidades a nivel local y de las organizaciones sociales de estudiantes, trabajadores, profesionales, etc. en la elaboración de políticas nacionales en relación con las necesidades e intereses del pueblo. 

Para ello, en todo caso, se requiere convicción. Tomar una posición y actuar en consecuencia. No se puede esperar que la verdadera catástrofe haya pasado para hacerle frente. 

¿Por qué una nueva Constitución?

Edvard Munch. Trabajadores volviendo a casa. 1913

Para quienes han ocupado posiciones de poder en el Estado, la empresa, los medios de comunicación y el sistema educativo durante los últimos treinta años, la democracia no es más que un conjunto de normas que organizan las relaciones entre los poderes del Estado y de éste con los ciudadanos y que existen, aparentemente, con independencia del contenido al que aluden.

A confesión de partes, relevo de pruebas: un Parlamento con menos de un cinco por ciento de aprobación ciudadana, ratifica luego de algún debate y con los votos de un grupo de parlamentarios supuestamente opositores, las leyes enviadas al Congreso por un Ejecutivo con una cifra igualmente módica de aprobación, aun cuando no interpretan ni remotamente las demandas expresadas en las calles. 

La democracia es así reemplazada por una vaga noción de Estado de Derecho. De ahí a homologar democracia y "orden público" -o sea, respeto por las normas y actuación dentro de sus márgenes independientemente de su legitimidad- hay una distancia muy corta. 

Por ello el rol del Estado, para una concepción de la democracia  como ésta, se limita al resguardo del orden y la seguridad. Y en sus versiones más "bienintencionadas", como las sostenidas actualmente por algunos dirigentes socialistas y democratacristianos, sería una condición necesaria y anterior a ésta. 

Una suerte de "valor" trascendente y que está más allá del bien y el mal. Concepción de un conservadurismo decimonónico, por decir lo menos.

Es precisamente esta concepción y práctica tan conservadora de la democracia la que se encuentra cuestionada -y no teórica sino social y políticamente- por una población cansada de la desigualdad y el autoritarismo. 

El "orden público" ha sido quebrantado desde octubre del año pasado, por una sociedad que exige cambios, no de forma, sino al contenido y significado de nuestra institucionalidad. Y por esa razón, los apasionados llamados de la derecha y de la vieja guardia de la Concertación al consenso para condenar la violencia, no conmueven a nadie excepto a las élites empresariales, eclesiásticas y militares del país. 

Esa es la razón para que en el centro del levantamiento y según lo corroboran las encuestas -excepto CADEM-, mas de dos tercios de la población manifieste su demanda por una nueva Constitución y también en una alta proporción de consultados, a través de una instancia cien por ciento electa y con exclusión de parlamentarios en ejercicio, quienes son vistos como una expresión más de lo que hay que cambiar. 

Ello pues lo que expresa la Constitución actual tras esta apariencia de minimalismo y vacuidad, es la naturalidad de un orden social en el que la desigualdad es asumida como algo normal y hasta deseable; y respecto del cual la institucionalidad no tiene otra función que la de resguardar y mantener. 

Expresión de una ideología conservadora que postula una igualdad abstracta y que pasa por alto que el progreso y beneficio de la sociedad, no son -nunca han sido pese a su prédica cansona de treinta años- el resultado del chorreo, del beneficio de los sectores hegemónicos. Esta ideología en los hechos no es más que la legitimación de su despojo.  

Despojo que se realiza mediante todas sus actividades y de todas las maneras posibles. Esquilmando parte importante del salario -por ejemplo entregando una parte de éste al sistema financiero todos los meses, a travès de las AFPs o producto de la atomización de los sindicatos o simplemente renunciando a participar en ellos, lo mismo que a la posibilidad de negociar colectivamente-. 

Pagando por todo lo que pueda ser objeto de una prestaciòn de servicios, como la educación de los niños y los jóvenes o la salud; el traslado a través de la carreteras, créditos o arriendos usureros para tener vivienda, el agua, etc. 

La otra cara de la moneda y razón también del descontento y las luchas sociales y populares en la actualidad, son las soluciones autoritarias, los acuerdos truchos firmados entre gallos y medianoche y los llamados de los mismos contra los que se protesta en la actualidad, a respetar el orden público y condenar la violencia cuando ésta no proviene de los organismos de defensa y seguridad del Estado y cuestionan su legitimidad; sus acciones y también sus secuelas de muertos y heridos, vejados y maltratados y maltratadas.

Sin hacerse cargo de esto, como el problema de fondo; como la causa del descontento y la protesta social, ninguna solución va a llegar muy lejos ni va a entusiasmar a nadie. No son ciertos enclaves del sistema político o la sola institucionalidad del Estado lo que se haya en cuestión. Es el sentido de la democracia y es a ésto a lo que partidos, organizaciones sociales, sindicales, culturales y morales deben responder.

La respuesta de la ultraderecha y el fascismo ya la conocemos y puede resultar mucho más sencilla y atractiva para una sociedad cansada y temerosa en momentos críticos.

Una solución a medias, por ejemplo un acuerdo que sirva para realizar algunas reformas al régimen político y ciertas regulaciones al sistema privado de pensiones podrá eventualmente tranquilizar las conciencias de algunos sectores opositores; dar un respiro a la derecha y salvar el resto del período de Piñera pero no harán más que posponer un desenlace que stermine por transformar defintivamente el orden social y político actual. 

Es eso precisamente lo que define a la izquierda y al progresismo. Y aparentemente llegó el momento en que esas definiciones sean las que realmente importen.