La pandemia está pariendo una nueva escuela

               Julio Escamez, "Niños y girasoles" 

El PADEM es un instrumento de planificación de política pública local instaurada en el marco de la reforma educacional impulsada por el presidente Eduardo Frei R. en 1995. Su sentido era planificar la educación pública municipal con la participación de las comunidades. Sin embargo, a poco andar, se transformó en un ejercicio burocrático de adaptación de la oferta de educación municipal a la evolución de la matrícula modelada por las necesidades del mercado educativo. El resultado fue su transformación en la certificación política del cierre de escuelas públicas.  

El PADEM 2022 se da en condiciones excepcionalísimas. En efecto, se elabora en medio de la pandemia más prolongada y grave que hayamos vivido en un siglo y de un proceso de cambios estructurales partiendo por la elaboración de una nueva Constitución. La pandemia ha significado, en los hechos, la interrupción del servicio educativo en forma presencial por más de un año, lo que se ha traducido en que hay miles de estudiantes de los que no se sabe nada porque no asisten a clases on line, han dejado de ir a buscar materiales como guías y pruebas elaborados por sus maestros y maestras o incluso las ayudas de la JUNAEB porque están en cuarentena, se han cambiado de casa, trasladándose incluso de comuna y hasta de región. La mayoría de ellos en barrios pobres de las grandes ciudades; inmigrantes o chicos y chicas que habitan en zonas rurales del país. 

Todo ello hace que la matrícula seguramente va a sufrir más cambios que los que se dan en un contexto sanitario normal. La presunción de base del neoliberalismo educativo, que es la evolución de la matrícula producto de la desigual distribución de la calidad de la oferta educativa, yace entre los anaqueles y estanterías de Libertad y Desarrollo y el CEP pues las necesidades de las familias, producto de la pandemia, tienen que ver con el shock que ha significado para ellos la enfermedad; la pérdida del trabajo y de ingresos; la disgregación de la familia y la consecuente interrupción de lazos y entornos sociales y culturales; la muerte de familiares amigos y vecinos o vecinas. 

Por lo demás, el que los niños y niñas no hayan tenido escolarización, ha redundado en retraso de aprendizajes esenciales como la lectura y la escritura; hay otros que no han tenido culminación formal de sus ciclos ni licenciatura de octavo año y cuarto medio normal, por ejemplo. Las jefaturas de curso se han ejercido por whatsapp y ello ha significado que los límites entre la vida privada y la vida social de los miembros de la comunidad escolar se han borrado generando stress en asistentes de la educación, profesores, profesoras y sus familias; los equipos docentes se han reunido en forma telemática y las actividades escolares como conmemoraciones y efemérides no se han celebrado de manera regular. En una palabra, la comunidad no ha tenido una vida normal este año y medio y la cultura escolar está completamente alterada. 

La desmunicipalización de la educación pública, mientras tanto, se ha interrumpido no solamente por la pandemia y todo este dantesco panorama. Ha tenido dificultades porque el gobierno actual le ha puesto obstáculos, no entregando los recursos humanos y materiales necesarios y hasta podría presumirse que le ha sido bastante funcional en sus planes de hacerla desaparecer. El abandono que han denunciado valientemente alcaldes como la edil de Santiago Irací Hasler, cuando más se necesitaba el apoyo del Estado a las escuelas públicas, demuestran que la pandemia ha sido para el gobierno de Piñera, como el huracán Katrina para George Bush. 

Las políticas que ha implementado no dan cuenta de la emergencia sanitaria y la interrupción de las clases presenciales. Ha insistido en cambio en hacer como que todo fuera normal cuando es evidente que no lo es. Insiste con la aplicación del SIMCE y la evaluación docente introduciendo un nuevo factor de stress en el sistema, ya de por sí suficientemente stressado. Y lo que es peor, cuando todo el país está pendiente de lo que resuelva la Convención Constitucional acerca del rol del Estado en educación, por ejemplo el del Ministerio de Educación, de los nuevos Servicios Locales de Educación; la definición del Derecho a la Educación y el rol de las familias, qué se entiende por Libertad de Enseñanza etc. el Ministro Figueroa abandona olímpicamente sus obligaciones respecto de esta crisis probablemente como una manera de resolverlas por la vía de los hechos. 

Y pese a ello, logra zafar de la acusación constitucional, gracias a los votos de un grupo de parlamentarios de oposición rastreros.

Pero el pueblo no lo olvidará.  No. El pueblo necesita las escuelas y liceos públicos que han sido durante este año y medio, junto con los CESFAM y la red hospitalaria del servicio nacional de salud, el sostén que mantiene algo de la cohesión social que el neoliberalismo ha hecho trizas. Ello incluye ciertamente la campaña de vacunación de que tanto se jacta el gobierno como si fuera un mérito propio y no la obra de cientos de salubristas, entre ellos el ex presidente Allende, que lo construyeron. 

Por ello el Estado debe garantizar que todos los niños y niñas que lo requieran tengan una escuela a la que asistir; asistencialidad escolar para cubrir todas sus necesidades y las de las familias que lo requieran; un lugar de aprendizaje y socialización y no solamente para repasar la materia que no pudieron estudiar durante la interrupción de las clases presenciales. 

Para ello, por cierto, deben existir las escuelas y liceos públicos en todas las comunas del país. Lo mismo respecto de la recuperación de la matricula perdida, abriendo las escuelas para recibir a todos y todas, también a las familias que lo necesiten porque a falta de un Estado que se hiciera cargo de la emergencia sanitaria, muchas escuelas fueron el lugar al que acudir en momentos de necesidad. Porque en la escuela el pueblo se reúne, festeja, organiza la solidaridad y la asistencia mutua como históricamente lo ha hecho, algo que para la mentalidad clasista del ministro de educación y del gobierno es incomprensible. 

La asistencia a clases no se recuperará si convocamos a los estudiantes y sus familias a hacer lo mismo de siempre.Se debe contextualizar los aprendizajes pues la cultura y los saberes del curriculum no están flotando en el hiperuranio de las ideas, que es lo que parecen creer la derecha y el gobierno. No. Los contenidos del curriculum están en las prácticas cotidianas de las comunidades, en su historia y los resignifican diariamente por medio de su experiencia. 

Por ello, incentivar la asistencia sólo se logrará a través del fortalecimiento de las actividades de socialización, culturales, deportivas y de solidaridad entre vecinos y vecinas. 

Sólo una par de líneas para referirse al rol que en esta nueva escuela jugarán los docentes y los trabajadores u trabajadoras de la educación. Reconstrucción de comunidades docentes; atribuciones para los consejos de profesores y consejos escolares en la elaboración de los planes de recuperación de sus escuelas y menos asesorías técnicas externas, presión por el cumplimiento de metas y planes envasados, es lo que se necesita. 

El PADEM de este año que viene debería ser una especie de plan del emergencia, de reconstrucción, de recuperación de la vida, la esperanza y una comunidad escolar que sea protagonista de los cambios que vive el país en la actualidad. Tal como después del terremoto del año 38 el presidente Aguirre Cerda creó la CORFO impulsando no sólo la reconstrucción sino el desarrollo del país, la pandemia debiera ser la oportunidad para recuperar la educación pública del país sobre nuevas bases.

La historia la hacen los pueblos

                    Renato Guttuso. La Vucciria 

Las últimas definiciones conocidas de la subcomisión de Reglamento de la Convención Constitucional, desestimando la rebaja del quórum de aprobación de 2/3 a 4/7 y de realización de plebiscitos intermedios para resolver sobre materias donde no se alcance dicho quórum, parecen dar por concluido un debate que se refiere a la legitimidad democrática del proceso y a los mecanismos de participación ciudadana. O al menos eso quisieran algunos. 

Resulta inconcebible que sectores democráticos y de oposición se aferren a su acuerdo del 15 de noviembre con la derecha y el gobierno como a un talismán -acuerdo que según ellos mismos no fue sino una manera de "evitar un derramamiento de sangre" y de destrabar la resolución del conflicto político social instalado por la revuelta del 18 de octubre. Visto desde ese punto de vista, parece que -como todo lo que hicieron durante treinta años- la necesidad se transformó en virtud. 

La rebaja del quórum y la realización de plebiscitos para resolver sobre materias importantes del proceso constituyente, no son solamente una manera de resolver ciertas trabas que se pudieren presentar en su desarrollo -precisamente el interés declarado de la derecha y del que dan cuenta todas sus actuaciones desde su instalación, considerando que ni siquiera alcanzó el tercio que le habría permitido bloquear cualquier reforma. 

La rebaja del quórum y los plebiscitos intermedios son especialmente formas de facilitar la participación popular en el desarrollo del proceso y cautelar que éste no se encapsule en una institución en la que la sociedad deposita grandes esperanzas, confianza y anhelos de representación. Eso sin considerar la presunta intangibilidad de los tratados internacionales -incluidos los que con frenesí impulsó la Concertación en sus viejos buenos tiempos- y que han tenido al gobierno obsesionado con la aprobación del TPP 11 o de sacar adelante la reforma a las pensiones en el Parlamento. 

Nadie duda de la autentiticidad de las declaraciones de los convencionales de oposición electos ni de su voluntad de elaborar una Constitución que supere efectivamente las definiciones jurídicas, políticas e institucionales que han sostenido el sistema neoliberal desde 1980 a esta fecha. Pero no hay que olvidar tampoco, que la Convención Constitucional ha tenido que ser objeto de sucesivas enmiendas, entre ellas las que posibilitaron la participación de los pueblos originarios, la paridad de género y de los independientes, porque el acuerdo de noviembre no los consideraba. En efecto, el dichoso acuerdo no era tampoco lo que todos sus suscriptores hubiesen preferido. 

No. El asunto no es de principios; es más bien de orden político. Resulta curioso que los mismos que acusaban en el pasado al Partido Comunista de transar con la Concertación y ser parte de una presunta "clase política" para embaucar al pueblo traficando con su autonomía, hoy en día den sus votos para precisamente, impedir la participación directa del pueblo y/o hacer necesarios, por la vía del quórum, un acuerdo con sectores de centro, moderados o comos se les quiera llamar, para alcanzarlos. Lo mismo respecto del proceso constituyente impulsado en su momento por el gobierno de la NM, que a través de los Encuentros Locales Autoconvocados, movilizó a miles y que incluso, podría considerarse fue más "ciudadano" que el actual. 

Lamentablemente chilenos y chilenas no se caracterizan por la buena memoria y algunos la tienen bastante selectiva. 

Ciertamente, llegar a acuerdos que puedan beneficiar al pueblo, es algo que nunca se podría desechar por una cuestión de principios. Casos de este tipo de moralismo fariseo se vieron muchos en el siglo XX, en los que partiendo de premisas de principios se dedujeron posiciones políticas profundamente conservadoras y/o acciones con resultados reaccionarios. El asunto es que los acuerdos sean efectivamente la expresión de movimientos de masas, de posiciones contradictorias y no de "consensos". 

Exactamente eso es lo que encierra esta discusión sobre el Reglamento de la Convención Constitucional: el significado de los acuerdos y resoluciones de la Convención. En este sentido además, no se trata de una discusión acerca de los procedimientos solamente sino de la naturaleza del proceso. Nosotros, la izquierda, ¿queremos un proceso realizado en las alturas o un proceso participativo y popular? ¿Creemos que los acuerdos y resoluciones de la Convención serán el resultado de un consenso o de una resolución democrática de las contradiciones de clase que cruzan a este proceso? ¿Creemos realmente que el proceso constituyente está única y exclusivamente en la Convención o aspiramos a que se viva en los barrios, en los lugares de trabajo, en las escuelas y en todas las formas de la vida social? ¿La tan cacareada ciudadanía consiste en haber ido a votar por los convencionales o en el involucramiento activo en el proceso? La última palabra no está dicha, tal como no lo estuvo el 15 de noviembre aunque la derecha pretenda hacerlo aparecer así. Como dijo el Presidente Allende la historia la hacen los pueblos y en este caso, está recién comenzando

¡A cumplir!

León Trotsky en su monumental Historia de la Revolución Rusa, plantea que una de las características de toda auténtica revolución, es la constitución de un poder dual. Uno representativo del orden que se desmorona, que desaparece barrido por la marea social de los insurrectos, quienes habían estado entre los dominados hasta entonces, y el poder que representa la nueva sociedad que está por nacer y que surge de las entrañas de ese pueblo excluído. 

Una versión en cámara lenta, es lo que hemos presenciado con la instalación de la Convención Constitucional. Efectivamente, el Gobierno de Sebastián Piñera sucumbe lánguidamente ante su inoperancia e intrascendencia, mientras el Parlamento parece el escenario de la cuenta regresiva para la generación entera de dirigentes políticos que protagonizaron la transición, haciendo de sus discusiones la búsqueda imposible a los grandes temas de la República en los marcos de la actual Constirución, hasta que ellos sean resueltos por la Convención. En resumidas cuentas, la iniciativa política la tiene la Convención. 

Despertando el escándalo y la incomodidad siútica de la derecha chilena, hemos visto el último mes a un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, representantes de pueblos indígenas, también de partidos de izquierda, sesionar en el ex Congreso en medio del bochinche y contraviniendo toda la acartonada solemnidad de la democracia de los consensos, para tratar los temas acuciantes de la República. Los “poderes fácticos”, como se ha denominado al sector hegemónico de la transición, no tienen ya capacidad de detener este proceso, sólo obstaculizarlo. 

Por esa razón, usando toda su maquinaria propagandística, la derecha y el empresariado han tratado de hacer aparecer la Convención como un conventillo; una reunión freak de desadaptados que pretenden socavar las bases de la sacrosanta sociedad cristiana occidental o en el mejor de los casos, malgastar los recursos públicos. La derecha en lugar de aceptar su condición de minoría y actuar con decencia y espíritu republicano –que es al menos, de lo que presume hasta que pierde- ha sido la quinta columna que pretende desacreditar a la única institución legítima del sistema político urdiendo provocaciones rayanas en la ordinariez, como las protagonizadas por Teresa Marinovic, o interpretaciones ideologizadas a cargo de Marcela Cubillos, luego ampliamente difundidas por sus centros de estudio y su poderosa red de medios de comunicación. 

 La reciente renuncia de Catalina Parot a la secretaría ejecutiva de la Convención, tal como antes lo hizo el efímero Encina, sólo dan cuenta de que incluso en eso la derecha y el gobierno son ineptos. 

Afortunadamente, excepto un solitario Fuad Chaín y un desapercibido Felipe Harboe, no hay muchos representantes de la élite concertacionista, que por lo demás se encontraba más a gusto en Casa Piedra que en asambleas sindicales, universitarias y menos aún en manifestaciones callejeras, que es precisamente donde se podría haber encontrado meses antes, a muchos de los que hoy en día forman parte de la Convención. 

El discurso de Elisa Loncón al sumir la presidencia -acompañada de la Machi Francisca Linconao, presa política mapuche hasta poco antes- es un discurso de Estado que describe en pocas palabras un sueño del tipo de país al que aspira la inmensa mayoría de la sociedad representada en la aplastante mayoría de la Convención y en la ridícula representación de la derecha, el empresariado y los que ilegítimamente se han adueñado de la tierra y el agua que nos pertenece a todos. 

A estas alturas, la única posibilidad que le queda a la derecha es, como decía Trotsky, apelar al poder que todavía le queda, que está en el Congreso. El gobierno es un espantapájaros, una sobra del festín de los neoliberales que ya no tiene nada que ofrecer de enjundioso. En efecto, el discurso de la derecha ha sido hasta ahora, la defensa de la legalidad, del acuerdo del 15 de noviembre, intentando, como era de suponer, contener a la Convención Constitucional, limitando sus atribuciones y poniendo en cuestión su legitimidad. Evidentemente, es imposible que impida su funcionamiento y el resultado que seguramente ni en sus peores delirios, temió Jaime Guzmán, una nueva Constitución democrática surgida de una auténtica deliberación de la sociedad, de todas las naciones y culturas que la componen, de las clases y movimientos sociales que son parte del pueblo. 

El problema del reglamento sigue siendo importante, pese a que la derecha haya perdido el poder de veto pues ni siquiera alcanzó el tercio. Y pese a que incluso pirquineando votos, esta posibilidad se vea cada vez más lejana, debe facilitar el acuerdo entre los convencionales del pueblo y facilitar –precisamente lo contrario de lo intenta la derecha- la redacción y posterior aprobación de la Nueva Constitución. Bajar el quórum de aprobación es una manera de hacerlo pero especialmente, establecer los plebiscitos intermedios como mecanismo de resolución de diferencias y cuestiones no resueltas en la Convención. Es además una manera de mantener el estado de alerta y movilización de la sociedad alrededor de la Convención. Las fuerzas políticas y sociales presentes en ella, se proyectan además como las que disputarán la dirección del Congreso en el futuro y la velocidad y el desenlace del proceso constituyente están íntimamente ligados, además, por el resultado de la elección presidencial de noviembre. 

Por esa razón las fuerzas transformadoras presentes en ella, finalmente, se tendrán que expresar también en el próximo Parlamento que se elegirá en noviembre. Urge entonces que todos los esfuerzos apunten precisamente a su unidad ysu coordinación en la Convención y fuera de ella. Diferencias de apreciación en cuestiones de funcionamiento; respecto de las relaciones con la derecha y la Concertación va a haber muchas probablemente. Pero la Convención se prolongará a pesar de la derecha y la oligarquía neoliberal y así debe propiciarlo la propia Convención facilitando y propiciando el debate de la sociedad civil. 

No será única y exclusivamente en los pasillos del ex congreso; en las comisiones; en las actuaciones de la mesa que la preside donde se manifieste el poder constituyente instalado gracias a la movilización popular desatada el 18 de octubre de 2019, catalizador de la gigantesca ola de descontento de los excluidos y excluidas; de los explotados y explotadas por el sistema neoliberal contenido en la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán. Chile está cambiando. 

La oligarquía resistirá; ya lo está demostrando incluso en el primer mes de funcionamiento de la Convención. Lo va a seguir haciendo después de noviembre y tal como fue en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina y Brasil, no va a bajar los brazos hasta recuperar el poder. Por esa razón, los Desbordes, los Lavín, desaparecen de la escena dejando el protagonismo al fanatismo fundamentalista de JAK y su discurso facilón que apela a la emoción y el sentido común, cual Mussolini del cono sur. Es una batalla de largo aliento para la cual pueblo debe prepararse como dijo el presidente Allende en su último discurso. La tarea recién comienza ¡A cumplir!