Cultura de la mayoría o cultura de la democracia

Jacques Louis David. El juramento de los horacios. 1784

El resultado de la esperada encuesta CEP en su última versión, desató un vendaval de recriminaciones mutuas entre académicos, cientistas sociales y dirigentes políticos. Este hecho por sí solo habla del deterioro de las relaciones al interior de nuestra elite o como erróneamente la llaman algunos, “la clase política”. 

En efecto, la otrora incuestionable encuesta CEP, parámetro obligado de los tomadores de decisiones de políticas y planificadores en diversos ámbitos de la vida social –educacional, ambiental, laboral, etc.-, quedó a lo menos herida en su aura de cientificidad y objetividad.

Lejos quedaron los tiempos en que el elegante y culto Arturo Fontaine Talavera hizo del CEP  el lugar de reunión de la elite empresarial y de los protagonistas de la democracia de los acuerdos, donde se cocinaron consensos para mantener las bases del modelo neoliberal intactas, proveyéndolo al mismo tiempo de una mayor legitimidad a través de la ampliación del arco de posiciones políticas que lo sustentaron a fines del siglo XX. Son por lo demás, las que han hecho su reaparición y para lo cual han contado con titulares, portadas de revistas, lanzamiento de libros con biografías  y seminarios.

No es solamente que la encuesta del poderoso e influyente centro de estudios del liberalismo criollo haya sido puesta en cuestión o como algunos han supuesto, la dirección que de él ha hecho Harald Beyer, comparándolo con el abierto y tolerante Fontaine. Lo realmente cuestionado es el principio cultural por el que en los últimos veinticinco años, en lo que se denominó de modo bastante inexacto “transición a la democracia”, se erigió a la mayoría como sustituto de la soberanía popular.

En lugar de encarnar ideas de emancipación o cambio, ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, como incluso lo hiciera el liberalismo en la época de su pasado revolucionario, el principio de la mayoría que encarnan las encuestas y defienden los mercaderes de la opinión pública, manifiesta conformidad y su objetivo final, consciente o inconscientemente, es oponer una resistencia eficiente y tolerable a todo aquello que no lo haga. 

Es uno de los cambios culturales más importantes que se operaran durante los primeros gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura militar, ante el cual sucumbieron la socialdemocracia y el socialcristianismo en los noventa del siglo pasado con profundas consecuencias para estos sectores políticos.

Es en razón de ese cambio por el que, además, se consolida una empresa de la opinión pública, que con la presunta misión de medirla, en realidad lo que hizo y pretende seguir haciendo, es reemplazarla o decirle lo que tiene que opinar. Como la soberanía, para nuestros liberales, es en realidad la mayoría, la verdad es un promedio que se puede obtener mediante técnicas estadísticas que se transforman en un juez de la vida cultural de la sociedad. Obviamente, uno que se manifiesta frente a todas las esferas de la vida social. En efecto, hay encuestas para todo y de todos los tipos, hasta en los programas de radio y televisión.

Este nuevo poder habilitante de lo bueno y lo malo, de lo bello y lo justo de nuestra sociedad que son las encuestas de opinión, siempre se inclina a favor de las fuerzas de la conservación y no del cambio.

De esa manera, lo que en principio, debiera ser el resultado de una deliberación racional de la sociedad, termina siendo el tartamudeo de las encuestadoras y los estudios de opinión. Los fundamentos racionales de los anhelos y aspiraciones de la sociedad cobran un sentido completamente irracional que ya nadie entiende. El cuestionario de cualquier encuesta es un buen ejemplo; preguntas completamente inducidas, de una extensión incomprensible para cualquier ciudadano común, de las que se deducen finalmente unas conclusiones enteramente arbitarias, que son presentadas luego, como una “verdad”. 

Esta conversión de las fuerzas sociales y sus aspiraciones en potencias irracionales manipuladas mediante métodos científicos de medición de la opinión pública, puede derivar, como de hecho ha sucedido en el pasado, en una vuelta atrás hacia el autoritarismo y la represión. Afortunadamente, lo acontecido con la encuesta CEP indica que no es tan fácil.

De todos modos una condición necesaria para hacer posible una auténtica reforma cultural y la profudización de la democracia -además de las dificultades de la elite que ha hegemonizado el sistema político en los últimos veinte años para legitimar un instrumento tan importante como lo fue en el pasado la encuesta CEP, un acuerdo entre las fuerzas que están por la reforma  cultural, por una cultura de la democracia que se sustente en la soberanía popular y no en la mayoría, las estadísticas y las encuestas. 

De no ser así, el aparente triunfo de la democracia que es la consideración de la opinión pública a la hora de tomar decisiones políticas en todos los ámbitos de la sociedad, va a terminar por corroer los fundamentos racionales de la democracia e inclinándola a favor de las fuerzas reaccionarias.

La nueva situación política

Tiempo de definiciones para la sociedad

Marinus Van Reimerswaele. El comerciante y su mujer

Una vez concluido lo que dio en llamarse el primer tiempo de la administración de la presidenta Bachelet, hubo un cambio notorio en la situación política del país. En efecto, han reaparecido en todos los medios, los protagonistas de la denominada “democracia de los acuerdos”.

Obviamente los acuerdos no son, para ellos, los que se alcanzan al interior de la coalición con la que se ganó las elecciones presidenciales; la que hizo posible elegir diputados y senadores, nombramientos en la administración pública y el aparato del Estado. Ni tampoco con las organizaciones y el movimiento social.

En efecto, como lo sugieren todos los protagonistas de la transición y la política de los consensos, son acuerdos con quienes están fuera de la coalición y se han manifestado brutalmente en contra de lo que la mayoría de los electores respaldó. Resulta francamente absurdo que quienes obtuvieron a duras penas un tercio de los votos en los últimos  comicios, emplacen a rediseñar los proyectos de reforma desde cero.

Más absurdo es, en todo caso, que considerando esa correlación de fuerzas, haya quienes supongan y postulen que son necesarias alianzas fuera de la Nueva Mayoría para darles legitimidad.

Lo lógico sería, en cambio, preguntarse cuál es el sentido de la coalición hoy por hoy y oponerle una propia respuesta. De acuerdo a lo declarado por los dirigentes de todos los partidos de la Nueva Mayoría, incluido Gutenberg Martínez quien incluso le puso fecha de término, sería la misma que el 11 de marzo de este año: la implementación del programa comprometido con la ciudadanía.  

Ese es el desafío actual de la Nueva Mayoría, tras lo cual debiesen cerrar fila todos quienes militan en los partidos que la conforman, los dirigentes y movimientos sociales interesados en las reformas tributaria, educacional, laboral, constitucional, al sistema de pensiones, dejando al mismo tiempo a los empresarios y la derecha en su posición de minoría política, social, moral y cultural.

Ello no obsta, por supuesto, a que apelando a su autonomía y en función de sus propias reivindicaciones, el movimiento social aspire a incorporar elementos a las reformas que las enriquezcan en contenido y respaldo , situación que los partidos políticos debiesen atender, expresar y procesar en el Estado y las instituciones en un diálogo franco y de respeto mutuo.

No para otra cosa fue la lucha contra la dictadura hace ya veinte o treinta años y por la cual todavía hoy se aspira a tener una democracia plena.

No es extraño, en este sentido, que las encuestas señalen persistentemente que, pese a los altos niveles de aprobación y respaldo al gobierno y la Presidenta de la República, estos mismos hayan caído en el caso de algunas de las medidas contenidas en su programa.

Eso pues las encuestas son apenas un sucedáneo de las aspiraciones y demandas más profundas de una sociedad. Son, más bien, la expresión de fuerzas que están disputando permanentemente  su simpatía y la subjetividad de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños. Por lo tanto, es como si a través de un promedio obtenido mediante técnicas estadísticas, se expresara la capacidad de un sector determinado para influir en la opinión pública, lo que podría denominarse “el sentido común”.

Lamentablemente, a las inconsistencias y falta de convicción con las reformas de algunos sectores que no son de derecha e incluso en algunos casos, son parte de la Nueva Mayoría, se debe sumar la de quienes compartiendo que se deben realizar, han planteado tantas dudas y reparos frente a éstas, que finalmente han sido hechas aparecer por la oposición y los empresarios, como políticas sin respaldo y por lo tanto, como una posición tan débil que basta con insistir  majaderamente en su “torpeza” y falsificar su contenido, para tumbarlas a través de un par de encuestas.

Es precisamente ese espacio de ambigüedad el que ha facilitado en el último mes solamente, la recomposición o al menos los intentos, del bloque de los consensos y que hegemonizó la transición con tan buenos dividendos para los empresarios, los violadores de los Derechos Humanos que hasta la actualidad se mantienen impunes, los comerciantes de la imagen, la publicidad y la entretención masiva.

Ambigüedad que cruza todo el espectro político y de la que algunos han hecho su trinchera: comunicadores sociales y periodistas que han hecho de ella una supuesta objetividad que los erige en jueces de la política y la sociedad; intelectuales y personalidades académicas descomprometidas que se ocultan tras la aparente pureza  de sus ciencias; dirigentes sociales que transitan entre el maximalismo y la reivindicación más trivial guarecidos tras una presunta “autonomía”; y aspirantes a líder político que la usan como táctica para mantenerse siempre vigentes en las turbulentas aguas de la situación política.

El segundo tiempo de la actual administración, por lo tanto, debiera ser un período en el que se consoliden las posiciones y se confirmen las voluntades de todos los actores, políticos y sociales.

No se trata, por cierto, de ser grandilocuentes ni de radicalizar posturas; se trata simplemente de impulsar los cambios que viene demandando la sociedad desde hace tiempo -y no precisamente a través de las encuestas sino desde la calle y las urnas- y consolidar las reformas contenidas en el programa de Gobierno.

Armando Rubio Huidobro

Debería hacerse un homenaje a Armando Rubio. Probablemente sólo un grupo de amigos íntimos y todavía menos probablemente, un más pequeño grupo de admiradores de su obra poética, sus apuntes en prosa, sus cuentos y diarios escritos en hojas de cuaderno y mecanografiados en máquinas de escribir, que a estas alturas les deben parecer a muchos piezas de museo, excepto a los que alguna vez, no hace muchos años, las usaron para hacer trabajos en el liceo o la universidad.

Armando Rubio es un poeta ochentista. Muy de su época, muy contemporáneo de la dictadura militar, casi pegado al régimen, como todos los que tuvimos la desgracia de crecer en la década del setenta. Tiene un tono opaco o tratando de hacerle justicia, se podría decir más bien de una tristeza brillante de empleado público cesante o de alumno adolescente de liceo fiscal, de chaqueta azul pizarra, sin solapas, pantalón gris con raya al medio y zapatos negros. 

Un pájaro raro entre tanto antipoeta de los ochenta –como señala Jaime Quezada-, tiene a la distancia un aura de tragedia desconocida, que le da el aspecto de un poeta recién llegado de provincia, aunque él mismo fuera santiaguino de pies a cabeza y amara a la ciudad quizás más que nadie. 

Pero es que en esa época, fines de los setenta y comienzos de los ochenta, Santiago era como un pueblo de provincia, aunque lo parezca sólo a la distancia y producto del desarraigo de los últimos veinte o veinticinco años, en que se transformó casi en una sucursal de Disneyworld o Miami. Entre la ciudad pobre y la ciudad bananera, Rubio sobrevive y sobrevivirá por siempre como un cronista del Santiago que estaba por morir o que estaba muriendo bajo la suela de los militares, igual que muchos hermanos y hermanas, amigos y novias, compañeros de liceo o de la facultad recientemente clausurada.

No hay que olvidar nunca que la facultad de ciencias sociales, en la que estudió Rubio un tiempo, fue cerrada por la dictadura por esos años o que el Instituto Pedagógico, en el que estaba la facultad de periodismo en la que estudiaba al momento de su muerte, fue separado de la Universidad de Chile por la Ley General de Universidades en 1981, ley que todavía no ha sido derogada y que impide la participación de los funcionarios no académicos y los estudiantes en la elección de autoridades unipersonales y participar de los organismos colegiados de Gobierno Universitario.

En fin, Rubio trasunta esa atmósfera triste y decadente. La identidad propia como depositaria y víctima -a veces inconsciente, a  veces rebelde- de la represión y el desarraigo de los años del boom y el apagón cultural. La autoimagen del desempleado o del transeúnte en tiempos del toque de queda; la decadencia y el oscurantismo de la moral de regimiento contrastando con el falso oropel de la empresa privada.

Todo ello hace que su poesía sea hoy en día necesaria; porque no debemos olvidar de dónde venimos. El poeta, el verdadero poeta, como dice su hijo, el también poeta Rafael Rubio, siempre habla de la contingencia, pues no hay temas más universales que los de la contingencia: No olvidar que el Chile globalizado y “moderno” de hoy, se formó en esos años terribles en que Rubio vivió, escribió, conversó con amigos un café en Los Cisnes, recitó en peñas y festivales, en la SECH, en la ACU y en las facultades controladas por rectores delegados y decanos militares.

La poesía íntima, gentil, citadina y sin complicaciones retóricas ni formales de Rubio, es casi una poesía contra la estetización. Una que habla de hombre a hombre, que no tiene pretensiones de universalidad ni trascendencia transhistórica; la poesía de un ciudadano del Santiago de los años ochenta, más exactamente del pedagógico de los años ochenta, hablando de sí mismo y del tiempo en que le tocó vivir.

Los que entonces éramos muy niños y leíamos la revista La Bicicleta que compraban nuestros hermanos mayores y donde por primera vez lo leímos, le debemos un homenaje, que quizá no pase de ceremonia familiar, íntima. Pero necesaria.

El segundo tiempo

El segundo tiempo o el riesgo de la profecía autocumplida

Ben Shahn. La pasión de Sacco y Vanzetti

Una vez cumplido el plazo de cien días autoimpuesto para llevar a cabo las primeras cincuenta medidas de su programa, comienza la etapa de despliegue de una nueva manera de ejercer el gobierno. Los primeros cien días estuvieron marcados por el impulso inicial de su agenda. 

Se instalan, además, los temas laborales, entre ellos, el multirut, algunos puntos del código del trabajo y al sistema previsional concluyendo con el acuerdo por el salario mínimo entre la CUT y el gobierno. Del mismo modo, la discusión acerca de la reforma al sistema electoral binominal, empieza a ocupar un lugar cada vez más destacado y hasta la UDI, el cancerbero de la institucionalidad pinochetista, se ve en la obligación de entrar al ruedo. 

Incipientes movilizaciones lo caracterizaron también. En éstas se confunden expresiones de protesta contra el modelo, motivadas por los efectos que ha tenido en cuanto a desigualdad, deterioro de los servicios, exclusión, autoritarismo, mercantilización de la vida social, con reivindicaciones específicas. Todo ello, favorecido por unas expectativas de cambios efectivos y apertura política, producto de la derrota de la derecha en las elecciones, el programa del gobierno electo y la legitimidad del movimiento social y la lucha de masas como parte del ejercicio de la democracia.  

Todo esto hace que la situación nacional sea muy diferente a los últimos diez años del siglo pasado y los primeros diez del presente. Obviamente, esta nueva situación, aún sin ser la caída definitiva del modelo –como augurara optimistamente un conocido sociólogo el 2011- impone nuevas tareas al sistema político y a la sociedad civil. 

Como era de suponer, esto motiva la reacción de la derecha y los empresarios, los que usan toda su potente red de medios de comunicación, para desacreditar las reformas impulsadas por el nuevo gobierno y la coalición que lo apoya. 

A partir de ahora, a la fuerza y empuje del gobierno en estos primeros cien días, los sectores conservadores le oponen una reacción más inteligente que es una mezcla de intransigencia en la defensa de principios del modelo y búsqueda de acuerdos en torno a cuestiones muy precisas del programa. 

Buscar los intersticios, las  coyunturas y actuar sobre ellas, machacando majaderamente hasta conseguir una inflexión. En este sentido, la reedición de la política de los consensos, como muchos han temido que suceda en el futuro, depende de varios  factores. 

En primer lugar, la unidad de la Nueva Mayoría. El eje de dicha unidad, como lo han repetido  muchos dirigentes de los partidos oficialistas, es el programa comprometido con la ciudadanía. No más que eso. Ni menos tampoco. Pero evidentemente, el programa es la expresión de las capacidades del movimiento social y de los partidos políticos que lo conforman para darles una orientación.

Es precisamente en las fracturas de la coalición y aunque de otro modo, también de esta con la sociedad civil, que la derecha y el empresariado actúan buscando llevar agua a su molino. Una fórmula antiquísima de hacer política y respecto de la cual no hay más antídoto que la unidad. 

Observar cómo se resuelva esta situación es adoptar una posición política bastante cómoda y por supuesto muy conservadora, que de pasada le da una aire de superioridad moral a quien observa para poder decir luego, “…echo de menos que la Nueva Mayoría no adopte una posición más rupturista y de cambio más radical…”Cuando no para acusarla luego de traicionar al movimiento social. 

Por esta razón, un entendimiento de todos los sectores de izquierda y que fueron opositores a Piñera, tanto dentro como fuera de la Nueva Mayoría, es urgente y necesario. No se trata solamente de reeditar, como ha sido sugerido últimamente, el arco de fuerzas políticas que derrotaron a Pinochet en el plebiscito. Han pasado ya casi treinta años desde entonces y la realidad nacional ha cambiado lo suficiente como para que el sistema de partidos y las coaliciones que le dan forma, expresen estos cambios. 

En tercer lugar, un despliegue mayor en el movimiento social y una relación de este con el gobierno, de nuevo tipo. En este sentido, llegó la hora probablemente, de que los partidos y colectivos políticos actúen sin tantos complejos trabajando por el desarrollo de las organizaciones sociales, respetando su autonomía –que por lo demás, no se resuelve en sus estatutos ni en las declaraciones de principios de las organizaciones políticas-, sin renunciar a su derecho y su responsabilidad de proponer horizontes de cambio global.

Un movimiento social que lucha por sus reivindicaciones, que exige el cumplimiento de las promesas de campaña y que también se moviliza para respaldar la acción del gobierno, es también un movimiento de nuevo tipo del que debe hacerse cargo el progresismo. 

Las reformas políticas, asimismo, se hacen cada vez más urgentes porque la institucionalidad pinochetista se encarga de ahogar y contener la democracia perjudicando de pasada a todo el espectro político. En efecto, por una parte limita la competencia, el surgimiento de nuevos partidos; amputa brutalmente su representatividad e induce artificialmente, instrumentalmente, el entendimiento entre sectores muy diferentes. 

En resumidas cuentas, la reedición de la política de los consensos no depende única y exclusivamente de las intenciones y capacidad de los sectores conservadores que en los veinte o veinticinco años anteriores, hegemonizaron el sistema político. Hay nuevas realidades que dificultan que esto suceda; cambios en la composición  de las coaliciones; un movimiento social más activo; nuevos liderazgos a nivel político que han surgido de éste; un recambio generacional; etc.

Pero eso no quiere decir que no pueda suceder. Como todo en la historia y la política, eso depende de la acción; de la práctica de todos y todas quienes están comprometidos con la democracia,  la justicia social, sea desde el movimiento social o las organizaciones políticas.

Que hay tras la defensa de la clase media

La defensa del sentido común o el dilema de la clase media

Georg Grosz. Los pilares de la sociedad

La clase media es hoy por hoy, el sector de la población más defendido y según algunos, también el más golpeado por los cambios que se ha propuesto el nuevo gobierno y especialmente, por su política educacional.

Desde el término de la dictadura, lo plantean incansablemente los liberales de todas las especies y denominaciones, la pobreza bajó de poco más de un cuarenta por ciento de la población a menos de un veinte, ello medido por su posibilidad de acceder a los bienes y servicios propios de una sociedad moderna. Toda una proeza que supuestamente habría dejado a nuestro país entre los más modernos de América Latina y a las puertas del desarrollo.

En principio, se trataría pues de un grupo social formado en los años noventa; definido fundamentalmente gracias al acceso de amplios, cada vez más amplios, segmentos de la población a la posesión de dichos bienes y servicios. Culturalmente es esta “posibilidad de poseer”, lo que caracteriza a la llamada “clase media”. 

Sin embargo, el paso de la posibilidad de poseer a la posesión efectiva, es el resultado de una serie de acciones entre las que se van desarrollando comportamientos habituales y valores que conforman un “sentido común” que le permite interactuar y relacionarse con su entorno material, social y cultural. Por consiguiente, este sentido común “de clase media”, como los de cualquier otro segmento social, ha sido lentamente modelado por las interacciones de este grupo con su entorno; es decir por su relación con lo real, incluyéndose a sí mismo.

La sistematización que de éstas han hecho las ciencias sociales y es presentada luego por los medios de comunicación de masas, es lo que se denomina corrientemente “la clase media” y lo que la legitima y la convierte en objeto del discurso público. Finalmente la imagen que tiene de sí misma es precisamente su resultado final.

Pero para que semejante fenómeno fuera posible, fue necesaria una profunda transformación de la sociedad como totalidad; no solamente de la subjetividad y el sentido común.  Y aunque, efectivamente, la “clase media” surgió y se desarrolló en los años noventa, los cimientos –como se dice vulgarmente- “estructurales” de su constitución como tal, son muy anteriores.

La privatización de los servicios y la venta de empresas del Estado durante los años ochenta y noventa, así como la introducción de los métodos de administración de la empresa privada en el sector público durante los años de euforia neoliberal. Todos ellos, factores que se  hallan a la base de unas nuevas relaciones sociales basadas en la interacción de los individuos en el mercado o dicho de otro modo de estos como individualidades abstractas.

Para poder llevar a cabo todo esto, fue necesaria antes la demolición del movimiento sindical por medio de la persecución, el exterminio físico de dirigentes obreros y militantes de partidos de izquierda.

El código del trabajo de Piñera y Pinochet, además de transformar las relaciones laborales favoreciendo a los empleadores, intentó destruir cualquier vestigio de de identificación con otros; de solidaridad de clase. En efecto, por una parte legitima políticamente y le da certeza jurídica a la superexplotación de la mano de obra, por medio de la  negación  del derecho a huelga y la negociación colectiva pero para ello era necesario desarticular los vínculos entre pares,fomentando la atomización y debilitamiento de los sindicatos.

Esta, fue una segunda etapa de esta transformación de los trabajadores en individualidades sin vínculos con otros y de esa manera en meros consumidores, que es por todo lo dicho hasta aquí, lo que define a la clase media.

Especial relevancia tuvo también, la desarticulación del Sistema Nacional de Educación, obra republicana de todo un siglo, por medio de la municipalización de la educación escolar y su financiamiento por medio del voucher o Unidad de Subvención Educacional, gracias a lo que floreció la industria de la educación particular subvencionada. Sólo gracias a estas dos reformas de la dictadura, desde mediados de los años ochenta, el sistema escolar pasó a ser un mercado de servicios en el que subsiste, a duras penas, un segmento de educación pública –como se decía corrientemente en los noventa y como todavía hoy repiten muchos- “para los pobres”.

Gracias a este principio de la política educativa, según el cual la educación pública es la educación de los pobres, ésta se transformó en un servicio focalizado y no una política de Estado, que es como la conciben, la planifican, la implementan y la evalúan todos los países democráticos, por muy liberales sus sean sus gobernantes.

Desde este punto de vista, es lógico que la reforma educacional ocupe un lugar tan importante en el programa  de la Nueva Mayoría y el gobierno de la presidenta Bachelet. Resulta obvio también que la derecha y los empresarios de la educación, por lo tanto, reaccionen con tanta radicalidad en contra de dicha  reforma.

Es simplemente que el conjunto de políticas planteadas por la coalición gobernante ponen en cuestión una parte de los fundamentos sobre los que se constituyen comportamientos que conforman los valores de una sociedad donde priman los intereses privados –o individuales- por sobre los públicos –o los de toda la sociedad-.  

Entonces, ¿es realmente a la clase media a quien golpean las reformas?

Tras toda la retórica de los dirigentes políticos que dicen estar preocupados de la clase media, lo que hay es la defensa a todo evento del sistema neoliberal que no es otra cosa que el entramado que le da sustento a intereses de clase y los convierte finalmente en la cultura dominante.

No se trata entonces de la mera defensa del modelo neoliberal y la privatización de la educación lo que se oculta tras la defensa retórica de la clase media. Es el sentido común dominante que no es otra cosa que la ideología que sustenta un ordenamiento de clase. El sentido común o lo que podría llamarse el sentido común de la clase media de la que todos dicen estar preocupados, no es otra cosa que la ideología dominante o la concepción de mundo de las  clases dominantes de la sociedad.

Un estilo de vida que se ha ido conformando como resultado de la destrucción del movimiento social y sindical; la reducción de la ciudadanía a una comunidad de consumidores; donde el individualismo y la competitividad han sido elevados a la categoría de principio fundamental de la cultura.

Entonces, no estamos sólo ante la defensa de unos principios de política social o de la política pública, como les gusta decir a los liberales. La batalla o la supuesta batalla por la defensa de la clase media es además una confrontación política en que la derecha, aprovechando eso sí el enorme capital que es su posición de dominio en el campo del sentido común, se apresta a constituir un movimiento de masas que de sustento material y social a su política de defensa de los intereses de las clases dominantes o hegemónicas de la sociedad y le permita plantearse la posibilidad de disputar la conducción del gobierno el 2017.

.