El Chile que bosteza

José Venturelli. Recuerdo de un recuerdo

Otra vez el gobierno, graciosamente, le propone a la oposición un acuerdo nacional. Esta vez, para enfrentar la epidemia de coronavirus y sus horribles consecuencias, -ya reconocidas por liberales derechistas y liberales socialdemócratas-, aunque sería más correcto decir, el desastre social y humanitario provocado por su política. 

Ya de partida, la idea de un acuerdo nacional parece una comedia de equívocos, cuando no una grotesca farsa. 

Que nadie las viera venir; o como cínicamente dijo el ministro de salud,  sobrepasaran cualquier proyección epidemiológica e hipótesis sanitaria porque no sabía que la gente en algunos barrios es tan pobre y vive tan hacinada, es demasiado inventado como para comentarlo o siquiera discurrir acerca de ello. 

Lo impresionante es que algunos partidos y coaliciones de oposición hayan considerado seriamente este llamado, pese a los estropicios de las políticas de un gobierno que se jacta de haber creado una red de protección social y de salud, lo que con su proverbial puerilidad dice Piñera después de promover leyes para recortar salarios y despedir trabajadores. 

En efecto, su presunta red de protección social no es más que la suma de algunos miserables bonos y un salario de emergencia que está por debajo de la línea de pobreza y en el colmo de la desfachatez, para aquellos que han tenido la suerte de tener un contrato de trabajo en el último tiempo, uno financiado por su propio seguro de cesantía mientras dura la emergencia sanitaria o después de haber sido despedidos. 

Doblemente aporreados, los trabajadores y trabajadoras, deberían estar agradecidos de Piñera y sus amigos y de los partidos y dirigentes opositores que con tan solícito republicanismo lo asisten. 

Algunos en el FA incluso se quejan de no haber sido convocados y otros, como el presidente del PR, hasta reconocen públicamente sus dudas respecto de su decisión de asistir al dichoso acuerdo. Semanas antes, la presidenta del Colegio Médico había convocado a un panel de connotados economistas liberales para hacer propuestas para enfrentar la situación crítica que con encomiable firmeza ya había denunciado en varias ocasiones anteriormente. 

Las conclusiones del famoso panel fueron, por supuesto, oportunamente recibidas -y con beneplácito- en palacio y por el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. La suerte de una población víctima de estas políticas que se basan en las archiconocidas recetas de excepción y entrega de ayudas transitorias y milimétricamente focalizadas para guardar la plata para más adelante, estaba echada. 

Pese a toda la evidencia que demuestra que éstas son el origen del drama, los presidentes y parlamentarios de los mismos partidos de oposición que asistieron a firmar el acuerdo de la noche del 15 de noviembre concurren con más o menos dudas a negociar alguna cosa y con la sincera convicción de estar haciéndolo por el bien de nuestro sufrido pueblo. 

Puede ser. Difícil pero probable. El punto es que una vez más, se separan aguas en el campo opositor y ello lamentablemente, con excelentes resultados para Piñera y sus compinches. No se puede negar que para la derecha tampoco fue fácil tragar el sapo y que Desbordes jugó un papel clave aunque contara con la oportuna ayuda del "panzer". 

No se trata, en el caso de la oposición, de diferencias respecto de su postura frente al gobierno ni de la sinceridad o demagogia de sus abluciones de progresismo. Con el devenir de la administración derechista, se ha ido haciendo más evidente que el neoliberalismo criollo no resiste más parches y que estamos ya en plena transición hacia un nuevo país, una nueva sociedad y que tanto el desorden opositor como en menor medida, el derechista representan el trabajo de parto de un orden político completamente nuevo. Es en este punto donde se separan las aguas.

La apariencia de estar frente a un torbellino "que nadie vio venir" o que ha sobrepasado a partidos, organizaciones sociales y sindicales, estudiantiles; a referentes morales: que ha originado el prematuro quiebre del FA y su definición más centrista, dan cuenta de esto. Era algo que durante la primera administración de Piñera ya empezaba a aflorar, pero que a partir del 18 de octubre pasado adquiere mayor velocidad.  

Por cierto, no la suficiente y los acuerdos nacionales promovidos por la derecha, tanto como la presión de la lucha de masas que se libra en las calles, le ponen el acelerador, aunque sea en diferentes direcciones. ¿Significa esto que la unidad opositora es imposible o que la derecha va a sufrir un cisma? No necesariamente.  Significa simplemente que hay que saber distinguir lo inmediato, lo urgente, lo necesario, de lo que se va a proyectar por décadas, del nuevo Chile que bosteza, sin olvidar ni uno ni otro. 

Entre un neoliberalismo moribundo y este nuevo Chile que empieza a despertar, hay en todo caso un punto de inflexión que es la nueva Constitución. En este punto la unidad de la oposición es posible y necesaria y los esfuerzos del gobierno, encabezados desde las sombras por Chadwick y compañía, son precisamente para enredar, dificultar y posponer lo más posible. 

En lo inemdiato, las tareas para enfrentar la epidemia y sus consecuencias. Las oposición tiene propuestas, iniciativas de ley que han sido sistemáticamente invisibilizadas por la prensa oficialista  y su propia incapacidad y torpeza -entre otras, la de correr a tropezones a acordar con el gobierno, cosas que las contradicen y las dejan en letra muerta, o la de ir siempre a la zaga de un pueblo que resiste y se organiza, gracias casi  únicamente a su instinto de clase y la memoria de décadas de luchas por el pan, la salud y la vivienda- . 

Ya llegará el momento de evaluar y será el pueblo quien lo haga. Tanto por la experiencia de la epidemia, como de acuerdo a qué tan justo, tan libre, tan democrático y tan lindo sea el futuro de sus hijos e hijas. 

La encrucijada

Francisco Goya. La romería de San Isidro

Se ha gastado un mar de tinta para describir las maniobras del gobierno que han favorecido a los empresarios y los banqueros durante la emergencia provocada por la epidemia de coronavirus.

Medidas administrativas y legales que van en ayuda de las grandes compañías a través de créditos financiados con plata del Estado, créditos administrados además por los mismos bancos que controlan.

Medidas que favorecen los despidos, legitiman el escamoteo de los salarios y la informalidad en el empleo, generando efectos permanentes en el aumento de la pobreza y la exclusión así como en el crecimiento de las extraordinarias ganancias de unas cuantas empresas y la consiguiente concentración de la riqueza.

Todo esto, presentado con un aura de objetividad y gravedad académica que ya nadie considera seriamente, excepto los comentaristas de EMOL y uno que otro columnista cuya ocupación es precisamente ensalzarlos con citas bíblicas y de filósofos de la antigüedad. 

El salvataje de la banca, la reducción de los salarios y de las prestaciones de los servicios del Estado a lo más mínimo -de lo que dan cuenta las precarias condiciones del sistema hospitalario y de atención primaria de la  salud pública para enfrentarla-; la flexibilización del empleo y el fomento de la informalidad, son un paquete de respuestas conocidas pero que con una engañosa sofística,  es expuesto como una novedosa solución a la emergencia sanitaria y sus consecuencias. 

Toda la derecha, con férrea disciplina, se encarga de machacar día y noche el paquete, tratando de sacar provecho de la crisis para aplicar su clásica receta de schock, la misma con la que enfrentó la crisis del 81 y con la que antes, en los setenta, impuso el modelo neoliberal. 

Las respuestas de la  oposición  no dan cuenta de la agenda derechista. Es precisamente lo que le impide articular una respuesta unitaria y coherente. Se debate entre reacciones a la emergencia de la coyuntura, defensa de un desvencijado sentido de lo público; de los pocos derechos que el sistema no ha logrado arrebatar aún a los trabajadores y grotescos esfuerzos por demostrar seriedad y capacidad de gobernar. 

La actual crisis del modelo que el levantamiento popular del 18 de octubre dejó en evidencia, y que sus defensores pretenden resolver usando como pretexto la crisis sanitaria, desafía a la oposición precisamente a demostrar su voluntad de emprender las reformas políticas y sociales que éste planteó.

Su situación entonces, no puede ser otra que dispersión y desencuentros, toda vez que a este respecto, no son más que algunos puntos muy específicos los que la unen. Y quizás insuficientes para hacerse cargo de ésta. Ni siquiera para ser una efectiva oposición a Piñera.

El costo ciertamente lo está pagando el pueblo, que ha soportado hasta ahora, aunque no podría decirse por cuánto tiempo  más lo hará, los brutales efectos de la enfermedad, el empobrecimiento producto de los despidos, los recortes de salario; la falta de servicios públicos gratuitos, de calidad y oportunos, agravados por la política de schock derechista.  

Esta situación de crisis del modelo, velada por la emergencia sanitaria, es la encrucijada que va a determinar, probablemente por mucho tiempo, las contradicciones que van a agitar el devenir de los acontecimientos políticos; las reivindicaciones que harán emerger movimientos de masas y organizaciones y quizás superarán a los ya existentes;  alianzas políticas y programáticas que se proyectarán ciertamente más allá de la crisis sanitaria. 

La oposición

Jean Michelle Basquiat. Notary

El gobierno de Piñera ha sobrevivido a uno de los levantamientos populares más intensos, radicales y prolongados de los que se tenga recuerdo.

No es el primero de nuestra historia ni será el último. La espontaneidad que lo ha caracterizado no es tampoco una singularidad suya.

El mito historiográfico de la gran estabilidad de nuestra democracia; la capacidad de nuestra institucionalidad política de integrar a diversos grupos sociales –incluso durante el predominio del llamado Estado de Compromiso- oculta, en efecto, la intensa lucha que han protagonizado los trabajadores y el pueblo desde los albores de la República por conquistar sus derechos y expandir cada vez más los límites de dicha institucionalidad, muchas veces –quizás la mayoría de ellas-  sin programa ni táctica ni representación política.

La transformación y el cambio consisten, precisamente, en la construcción de ese programa, de esa táctica y representación política del pueblo. Por esa razón surgieron los partidos populares en el transcurso del siglo XX; la  Central Única de Trabajadores, y la Unidad Popular. Por esa razón también en el transcurso de la lucha antidictatorial, estos formaron destacamentos militares que fueron un componente esencial de dicha lucha.

El mito original de un pueblo “puro”, que premunido únicamente de su rabia, su necesidad y aspiraciones -igual como lo hace el de la inmutable estabillidad de nuestra democracia- oculta el carácter político del cambio y el que éste es también el resultado de una voluntad de organización y combate que se propone objetivos y/o su politización como parte esencial de su explicación.

Paradójicamente, en el transcurso de la epidemia de coronavirus -un evento inesperado por cierto- pese a haber dejado en palmaria evidencia la falta de escrúpulos de la derecha y el gobierno; su violencia y su deshonestidad; su desprecio por los sufrimientos del pueblo, hay dirigentes “opositores” que incluso plantean que en una circunstancia como la epidemia, “no se puede actuar como oposición” o que “en momentos de crisis es importante que se respete a las autoridades”.

Autoridades que, primero, mienten, encubren asesinatos, mutilaciones y tortura; falsifican información, y que en el transcurso de la epidemia la ocultan, hacen la vista gorda con los abusos de las empresas con los consumidores y de los empleadores con los trabajadores.

Es más, que con el pretexto de la emergencia sanitaria aprovechan de sacar adelante iniciativas en materia de empleo y negociación colectiva y financiamiento para la banca y la empresa privada que en otras circunstancias quizás no habrían podido.

Es evidente que todo esto solamente hace honor a su carácter de clase. Nunca antes, quizás desde la dictadura militar, había sido tan evidente los intereses que defiende un gobierno y la institucionalidad política de la que dispone para ello. Ya ni siquiera disimula.

Y ello porque se prepara para lo que viene después de la epidemia, mientras la oposición se debate entre un republicanismo chusco y la defensa de unas posiciones desvencijadas por los embates de todo un sistema y de lo que dispone, así como de su propia incapacidad.

La epidemia solamente se ha encargado de hacer más notorio, lo que ya de suyo era evidente el 18 de octubre y más urgente o más rápido lo que, de todas maneras, iba a pasar.

La derecha, como siempre, ha aprovechado la coyuntura para sacar adelante su política y realizar los preparativos que le permitan enfrentar lo que se venía anunciando antes del llamado “estallido social” con el menor costo posible para quienes representa: banqueros, financistas, empresarios, compañías transnacionales, etc. Ha hecho gala de su inveterado sentido de la oportunidad y su falta de pudor.

El pueblo, mientras tanto, resiste con una sensación de desamparo que conmueve y ofusca a cualquiera que tenga un mínimo de decencia y no viva en la realidad alterna del poder o los estrechos límites de un corporativismo que lo vuelva miope. Lo más probable es que surjan iniciativas de sobrevivencia, de solidaridad de clase, de ayuda mutua, las que provienen de la experiencia de a lo menos un siglo de luchas por el trabajo, la vivienda, la salud y la educación públicas, la alimentación popular, los derechos de la infancia.

Pero ellas están en contradicción permanente e inevitable con un sistema político que las constriñe, que las limita a una sobrevivencia que reproduce la exclusión pues actúan en contra de la avaricia y afán de ganancias de la clase empresarial –lo que es denominado eufemísticamente “crecimiento”- a menos que se oriente a la transformación radical de las condiciones en que se produce y reparte el resultado del trabajo.

Ese es, hoy por hoy, el verdadero límite entre oficialismo y oposición. Ya sea por miopía, por ignorancia o derechamente por haber abdicado de su rol opositor, es lo que aparece difuso y torpe.

La transformación de la necesidad en programa político es lo que el momento histórico reclama de los demócratas. El ciclo de luchas populares que se inició el 18 de octubre del año pasado, tenía precisamente esa motivación, la de una oposición permanente y antagónica del pueblo –aún inconscientemente y con una importante dosis de espontaneidad- con el neoliberalismo global.

En apariencia, esto fue interrumpido por la epidemia de coronavirus, una ocasión ciertamente muy bien aprovechada por la derecha y el gobierno. Pero no es una interrupción. Es exactamente lo contrario, la manifestación más radical de los funestos efectos del sistema y las razones que lo motivaron, una manifestación de las razones que explican el levantamiento; la demanda por una nueva Constitución y cambios profundos al modelo de desarrollo que ha posibilitado el enriquecimiento escandaloso de unos pocos a costa de la exclusión, la pobreza, el agotamiento y la angustia de la mayoría.

Que algunos sectores opositores, seducidos por décadas de un consumismo desenfrenado y por la respetabilidad académica del dogma liberal, se debatan entre presunciones de responsabilidad política y añoranzas de la política de los acuerdos, se ha transformado ya en el principal obstáculo ´para la unidad de la oposición. 

Ello, sin embargo, no va a ser obbstáculo tampoco para que el pueblo vuelva a manifestarse y que lo haga aún con más radicalidad.

Cuando la ambición rompe el saco

Hans Holbein el joven. La danza de la muerte: la muerte y el avaro

La epidemia de coronavirus que ya cuenta casi mil contagiados, decenas de hospitalizados y dos fallecidos en nuestro país, puso en evidencia la incapacidad del sistema neoliberal en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades más básicas de la población.

Ciertamente es algo que chilenos y chilenas -especialmente los pobres y los trabajadores - experimentaban todos los días desde hace mucho tiempo, acumulando rabia y descontento antes de la aparición del coronavirus hasta estallar en el levantamiento popular del 18 de octubre.

Precisamente donde el Estado debía garantizarlas, es donde se expresaba todos los días la indigencia del sistema para satisfacerlas, sometiendo a condiciones indignas al pueblo: en los consultorios y hospitales públicos; en el sistema de transporte y la educación escolar y universitaria; en la vida de los pensionados y pensionadas y hasta en los servicios básicos de vivienda, agua potable y electricidad, todo ello disimulado por una modernidad de tierra financiada por ellos mismos.

Haciendo alarde de esa capacidad sofística que caracteriza a autoridades políticas e ideólogos liberales, los medios intentan hacer aparecer el levantamiento y la protesta social como la causa de lo que en realidad son las razones que lo motivan: la destrucción de empresas y fuentes de trabajo y el consecuente aumento del desempleo, así como el deterioro de  los servicios y su encarecimiento.

Pero  la crisis sanitaria ha tenido una segunda consecuencia aún más importante y es que ha hecho evidente también el carácter de clase del sistema y de la sociedad que se ha construido en los últimos treinta o más años.

El paquete de medidas económicas anunciadas por el gobierno ni siquiera disimulan al respecto.

Un paquete que no tiene por finalidad -excepto en las pomposas declaraciones con que se le presenta- ayudar a la población a sortear las dificultades que esta conlleva. Peor aún, las medidas que se adoptan tienen un evidente sentido de clase, que es salvar a los empresarios y proteger sus negocios, mientras el mensaje al pueblo y los trabajadores, es que se sacrifiquen y sostengan patrióticamente el peso de la crisis sanitaria que no es otra cosa que mantener dentro de lo posible las ganancias de sus empleadores aun a costa de su salud y la de sus familias.

Hasta la forma de comunicarlas es la de un patrón dirigiéndose a sus inquilinos, con un discurso que deambula entre la amenaza y la descalificación -lo que hace muy cínicamente el Ministro de Salud como si fuera un capataz- hasta el tono caritativo y los llamados a la unidad de los más compasivos dirigentes de la derecha.

O del Ministro de Hacienda proponiéndole a sus colegas del gabinete bajarse el sueldo en un treinta por ciento para, supuestamente, asimilar su esfuerzo al de los trabajadores que deberán cobrarse el salario de su propio seguro de cesantía o simplemente renunciar a él con tal de mantener la pega, como si su sueldo fuera comparable al de un trabajador promedio, que es menos de quinientos mil pesos.

Un cinismo intolerable y al que no se puede responder con tecnicismos pues ni siquiera admiten una argumentación racional. Se trata de pura ideología. Ideología de clase que es espetada por todos los medios y que ofende la pobreza y las necesidades que padecen millones.

Que expresa unos valores, una cultura y concepción del mundo que asume como si fuera de lo más natural la desigualdad y la sobreexplotación y el endeudamiento de trabajadores y trabajadoras para sostener esos valores y estilo de vida -incluyendo carreteras y construcciones faraónicas, malls y supermercados, AFP´s, etc.- haciéndolos aparecer como si fuera del interés de toda la sociedad hacerlo.

Es quizás uno de los rasgos más llamativos de esta crisis, el que precisamente la ideología dominante pierda esa aura de "objetividad" y por el contrario, que todas aquellas ideas que parecían "ideologizadas" o a las que se pretendía hacer aparecer de esa manera, recobren legitimidad política e incluso "académica".

Es la razón por la que el buenismo ramplón de los flamantes ministro de hacienda y ministra del trabajo, haya quedado en bancarrota tan prematuramente para hacerse evidente que entre los Larraín y los Briones no hay mucha diferencia tratándose de doctrina y posición política.

A la oposición no le queda más que insistir en ello pues el discurso del consenso y la unidad nacional para enfrentar la epidemia no tiene ninguna lógica en la realidad social cuando la primera autoridad sanitaria, económica y política del país defiende de modo tan impúdico los intereses de clase de los empresarios y los dueños del capital, lo que resulta evidente y ofensivo para cualquiera.

Llegados a este punto, es previsible además, que la codicia, la ambición y la avaricia en que se sostiene el modelo terminen por romper el saco; y la epidemia y sus más probables consecuencias de aumento de la pobreza y exclusión, así como el paternalismo y el autoritarismo con que ha sido enfrentada, acaben pasando la cuenta a los sectores que han dominado a  nuestra sociedad en las últimas décadas.

De lo que haga la oposición depende en gran parte que así sea.

La peor catástrofe

John Bratby. Table top, 1955

El levantamiento popular que empezó el 18 de octubre pasado y que se extiende sin visos de ser detenido por acuerdos cupulares ni soluciones "en la medida de lo posible", planteó asuntos que nuestra sociedad no se había cuestionado en décadas. 

Fundamentalmente la desigualdad; la discriminación en sus diferentes variantes; el abuso y el autoritarismo. 

Todo lo anterior, hasta octubre pasado, era interpretado como si se tratara de defectos accidentales del modelo y no como factores estructurales de éste. Una manera muy académica de barrer, discretamente, la basura debajo de la alfombra.

Bueno, otra vez fue la protesta social  la que se encargó de demostrarlo, no la academia. Es más, ésta lo ha obviado de manera grotesca para seguir insistiendo en explicaciones como la de los diferentes ritmos de la modernización, la teoría del chorreo, el crecimiento y expansión de la clase media y sus nuevas aspiraciones, etc. 

El pueblo movilizado se encargó de desnudar el carácter ideológico de estas explicaciones y teorías. Y por esa razón, tampoco ha cedido a los cantos de sirena de la cacareada "agenda social" del gobierno de Piñera ni se ha conmovido con los "gestos de republicanismo" de sectores opositores que se han apresurado a aprobarle en el Parlamento varias "genialidades" como la reforma a las AFPs y el salario mínimo garantizado. 

Bueno, como reza el viejo y conocido refrán, "nunca falta un roto para un descocido". 

Es como si el pueblo movilizado en el levantamiento popular, los ignorara pues la realidad a la que aluden no existe, no es la suya; es una especie de realidad alterna regida por leyes muy lógicas pero que no tienen nada que ver con la que viven diariamente trabajadores y trabajadoras, empleados, estudiantes, pobladores y deudores habitacionales; pueblos originarios, pequeños empresarios y comerciantes, etc. 

La propia emergencia sanitaria instalada por la epidemia del coronavirus da cuenta de esta situación. 

Un Estado desmantelado por las políticas neoliberales y limitado e inerme para hacerle frente -gracias a la Constitución que el pueblo exige cambiar- usa la misma emergencia producida por la epidemia para prolongar  su agonía, obligando a la población a hacerse responsable de ella, mediante su aislamiento, cuando más necesario es encontrarse. 

Ni Borges lo habría imaginado mejor. 

Es esa la razón por la que el proceso constituyente, tal como lo concibieron e intentan conducirlo los sectores conservadores y las clases dominantes de la sociedad, tarde o temprano, va a ser desbordado y va a generar un proceso de consecuencias impredecibles. 

No es una revolución en el sentido más ortodoxo del término. Pero es precisamente en los momentos en que parecieran entrar en crisis las explicaciones "ortodoxas", cuando se producen cambios históricos, políticos y sociales de consecuencias más profundas y duraderas. 

En estas ocasiones es cuando se ponen a prueba la capacidad política  y la convicción. En este caso, respecto de la necesidad de impulsar ahora, no más adelante, las reformas políticas que le permitan a la sociedad hacerse cargo de estos supuestos "defectos accidentales" que una y otra vez demuestran la catástrofe que es el neoliberalismo.

Resulta ilógico esperar que pase la emergencia para hacerse cargo de ella. La misma incapacidad de la primera autoridad sanitaria del país para hacerse cargo hasta que los municipios intentaran alguna medida; la especulación con medicamentos e implementos de seguridad como mascarillas, alcohol y otros son una demostración de la necesidad de enfrentar la tarea, señalando sin ambigüedades ni dudas que el origen de la catástrofe no es el virus sino el desmantelamiento de los servicios públicos.

Ello impulsando al mismo tiempo cambios de fondo y haciendo desde ya propuestas del Estado que queremos y que Chile necesita. Un Estado con la obligación de garantizar los derechos económiso-sociales de la población; con capacidad de crear empresas para -a lo menos- hacerse cargo  de ello. 

De disponer de más recursos a través de una mayor recaudación; con capacidad de regular los mercados y al mismo tiempo, posibilitar la participación directa de las comunidades a nivel local y de las organizaciones sociales de estudiantes, trabajadores, profesionales, etc. en la elaboración de políticas nacionales en relación con las necesidades e intereses del pueblo. 

Para ello, en todo caso, se requiere convicción. Tomar una posición y actuar en consecuencia. No se puede esperar que la verdadera catástrofe haya pasado para hacerle frente. 

¿Por qué una nueva Constitución?

Edvard Munch. Trabajadores volviendo a casa. 1913

Para quienes han ocupado posiciones de poder en el Estado, la empresa, los medios de comunicación y el sistema educativo durante los últimos treinta años, la democracia no es más que un conjunto de normas que organizan las relaciones entre los poderes del Estado y de éste con los ciudadanos y que existen, aparentemente, con independencia del contenido al que aluden.

A confesión de partes, relevo de pruebas: un Parlamento con menos de un cinco por ciento de aprobación ciudadana, ratifica luego de algún debate y con los votos de un grupo de parlamentarios supuestamente opositores, las leyes enviadas al Congreso por un Ejecutivo con una cifra igualmente módica de aprobación, aun cuando no interpretan ni remotamente las demandas expresadas en las calles. 

La democracia es así reemplazada por una vaga noción de Estado de Derecho. De ahí a homologar democracia y "orden público" -o sea, respeto por las normas y actuación dentro de sus márgenes independientemente de su legitimidad- hay una distancia muy corta. 

Por ello el rol del Estado, para una concepción de la democracia  como ésta, se limita al resguardo del orden y la seguridad. Y en sus versiones más "bienintencionadas", como las sostenidas actualmente por algunos dirigentes socialistas y democratacristianos, sería una condición necesaria y anterior a ésta. 

Una suerte de "valor" trascendente y que está más allá del bien y el mal. Concepción de un conservadurismo decimonónico, por decir lo menos.

Es precisamente esta concepción y práctica tan conservadora de la democracia la que se encuentra cuestionada -y no teórica sino social y políticamente- por una población cansada de la desigualdad y el autoritarismo. 

El "orden público" ha sido quebrantado desde octubre del año pasado, por una sociedad que exige cambios, no de forma, sino al contenido y significado de nuestra institucionalidad. Y por esa razón, los apasionados llamados de la derecha y de la vieja guardia de la Concertación al consenso para condenar la violencia, no conmueven a nadie excepto a las élites empresariales, eclesiásticas y militares del país. 

Esa es la razón para que en el centro del levantamiento y según lo corroboran las encuestas -excepto CADEM-, mas de dos tercios de la población manifieste su demanda por una nueva Constitución y también en una alta proporción de consultados, a través de una instancia cien por ciento electa y con exclusión de parlamentarios en ejercicio, quienes son vistos como una expresión más de lo que hay que cambiar. 

Ello pues lo que expresa la Constitución actual tras esta apariencia de minimalismo y vacuidad, es la naturalidad de un orden social en el que la desigualdad es asumida como algo normal y hasta deseable; y respecto del cual la institucionalidad no tiene otra función que la de resguardar y mantener. 

Expresión de una ideología conservadora que postula una igualdad abstracta y que pasa por alto que el progreso y beneficio de la sociedad, no son -nunca han sido pese a su prédica cansona de treinta años- el resultado del chorreo, del beneficio de los sectores hegemónicos. Esta ideología en los hechos no es más que la legitimación de su despojo.  

Despojo que se realiza mediante todas sus actividades y de todas las maneras posibles. Esquilmando parte importante del salario -por ejemplo entregando una parte de éste al sistema financiero todos los meses, a travès de las AFPs o producto de la atomización de los sindicatos o simplemente renunciando a participar en ellos, lo mismo que a la posibilidad de negociar colectivamente-. 

Pagando por todo lo que pueda ser objeto de una prestaciòn de servicios, como la educación de los niños y los jóvenes o la salud; el traslado a través de la carreteras, créditos o arriendos usureros para tener vivienda, el agua, etc. 

La otra cara de la moneda y razón también del descontento y las luchas sociales y populares en la actualidad, son las soluciones autoritarias, los acuerdos truchos firmados entre gallos y medianoche y los llamados de los mismos contra los que se protesta en la actualidad, a respetar el orden público y condenar la violencia cuando ésta no proviene de los organismos de defensa y seguridad del Estado y cuestionan su legitimidad; sus acciones y también sus secuelas de muertos y heridos, vejados y maltratados y maltratadas.

Sin hacerse cargo de esto, como el problema de fondo; como la causa del descontento y la protesta social, ninguna solución va a llegar muy lejos ni va a entusiasmar a nadie. No son ciertos enclaves del sistema político o la sola institucionalidad del Estado lo que se haya en cuestión. Es el sentido de la democracia y es a ésto a lo que partidos, organizaciones sociales, sindicales, culturales y morales deben responder.

La respuesta de la ultraderecha y el fascismo ya la conocemos y puede resultar mucho más sencilla y atractiva para una sociedad cansada y temerosa en momentos críticos.

Una solución a medias, por ejemplo un acuerdo que sirva para realizar algunas reformas al régimen político y ciertas regulaciones al sistema privado de pensiones podrá eventualmente tranquilizar las conciencias de algunos sectores opositores; dar un respiro a la derecha y salvar el resto del período de Piñera pero no harán más que posponer un desenlace que stermine por transformar defintivamente el orden social y político actual. 

Es eso precisamente lo que define a la izquierda y al progresismo. Y aparentemente llegó el momento en que esas definiciones sean las que realmente importen.

Acuerdo Nacional y levantamiento

Francisco Goya. Los desastres de la guerra, Placa 11 "Ni por essas"

A la DC y a la Socialdemocracia les pasa que cada vez que las cosas se ponen difíciles y hay que adoptar posiciones de abierta confrontación con los sectores dominantes de la sociedad,  tienen involuciones reaccionarias que contradicen de una manera incomprensible sus posiciones reformistas, transformadoras y democráticas.  

A lo largo de toda su historia, tanto la DC como el PR y ahora también, el PS y todas sus derivaciones, hacen coro para competir por ver quién es más conservador, más mesurado para referirse a las transformaciones que el país discute en la actualidad -nada menos que cambiar la actual Constitución- y más entusiasta y radical para condenar a quienes se movilizan por ellos. 

No han escatimado audacia para falsificar la historia política del país en los últimos cincuenta años y especialmente, los treinta que nos separan del fin de la dictadura de Pinochet.

Unos con menos pudor que otros, prefieren incluso dialogar y llegar a acuerdos con los mismos responsables de tanta tragedia, de tanta injusticia y hoy en día, de las flagrantes violaciones a los DDHH cometidas en estos meses de levantamiento popular. 

Parecen no darse por enterados de que ningún acuerdo con los mismos que se han visto beneficiados por un modelo que ha condenado a la exclusión y la pobreza a miles y millones de compatriotas, es imposible, a menos que sea uno que termine de una vez por todas con las condiciones que, precisamente, les han granjeado influencias, privilegios y poder.

En eso consiste precisamente la lucha de clases, frase que a algunos les provoca arcadas. 

Una reacción irracional, sentimental, incluso física, que en el caso de gente con educación, es embellecida con argumentos filosóficos, morales, históricos y políticos que sirve de soporte a posiciones reaccionarias, funcionales a las políticas derechistas, al autoritarsmo, a la exclusión, el clasismo y finalmente a la represión.

Argumentos que ignoran, igual que lo hace el fascista o el lumpen, los crímenes perpetrados estos días y que prefieren buscar a un tercero a quien hacer objeto de su ira o su insatisfacción.

Los que hoy protestan todos los días en la Plaza Italia; que destruyen los portales de cobro de las carreteras que les impiden entrar y salir de sus barrios sin antes pagar decenas de miles de pesos todos los meses; o viajan en el transporte público evadiendo para poder llegar a un trabajo por el que perciben un salario miserable; que marchan, tocan cacerolas y que en muchos casos son los que están en la primera línea, como Mauricio Fredes, son a quienes se debe el progresismo. 

Esa reacción irracional frente a los desafíos que la historia coloca por delante y su consecuente sublimación en discursos pseudorracionales -filosóficos, políticos y morales- sólo expresa el miedo a lo diferente y especialmente, el miedo al pobre, al que lucha por cambios de fondo; al que lucha por una nueva vida, aun cuando incluso se viera beneficiado por ella.

Por el contrario, cuando a la irracionalidad, al miedo, le ha ganado la razón, el  optimismo, la confianza en el pueblo, tuvimos la CORFO, el Estado Docente, la reforma agraria y la ley de JJVV, la nacionalización del cobre y el medio litro de leche. 

La situación histórica lo amerita.