¿Son necesarios los partidos y para qué?

Los partidos políticos en Chile, históricamente, cumplieron un papel muy valorado por la sociedad. Su descrédito actual es un fenómeno más o menos reciente.  ¿De dónde proviene? Ciertamente de condiciones estructurales que son muy profundas como la privatización de las relaciones sociales, la disminución de las funciones y tamaño del Estado, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, el deterioro de la calidad de la educación, la herencia de la dictadura militar expresada todavía en miedo y desconfianza, transmitida a lo largo de la transición pactada.

Pero a todas estas condiciones estructurales u “objetivas”, habría que agregar las que provienen de sus propias prácticas y métodos o lo que comúnmente suele incluirse en el tópico de las condiciones “subjetivas”. Este debate acerca del partido político es muy antiguo en la izquierda. No hay ninguna novedad en la crítica de los partidos políticos y la reivindicación de la autonomía tan en boga en la actualidad.

Si lo parece es porque producto de aquellas condiciones estructurales, los vicios y deformaciones organizativas como el verticalismo y la burocracia, se hacen más visibles y las críticas que a través de su historia se han hecho mutuamente las diversas concepciones del partido o la organización política, más radicales.

Fundamentalmente dos: en primer lugar, la de que los partidos  utilizan al movimiento social como masa de maniobra, para alcanzar ciertos objetivos que tienen que ver con su propia reproducción (lo que lleva al concepto de “la clase política”) y no con la sociedad real (a lo que alude un impreciso concepto de “la sociedad civil”).

En segundo lugar, la de que los partidos políticos funcionan como compartimentos estancos y con lógicas y procedimientos propios que no tienen ninguna legitimidad social o que provienen únicamente de sí mismos, como una suerte de norma “objetiva”. Es decir, que son burocracias autónomas y antidemocráticas.

Éstas cruzan transversalmente y se aplican a las dos concepciones clásicas de “partido de masas” y “partido de cuadros”. Un debate viejísimo y que solamente tiene cierta actualidad porque en él se podrían rastrear los antecedentes para entender el estado actual de los partidos, su relación con la sociedad o el movimiento social y las razones de su exigua legitimidad actual.

Partidos políticos, movimiento de masas y reformismo

A lo largo de todo el siglo XX, los partidos políticos protagonizaron la lucha por el control del Estado, por medio de la conquista del Poder Ejecutivo y la construcción de mayorías en el Parlamento. En ambos casos, la conquista de amplias masas del electorado, resultaba fundamental.

Miguel Enríquez, en una entrevista que concediera a Marta Harnecker en la revista Chile Hoy el año 1971, comparaba el poder con un salchichón del que ambas partes representaban sólo una porción –pero no la totalidad del poder del Estado- y en eso basaba su crítica a la concepción estratégica de la Unidad Popular, en tanto estrategia que no resolvía “el problema del poder”, problema principal de toda estrategia revolucionaria.

Esta concepción dejaba a un lado, sin embargo, que el poder -como es reconocido en la actualidad por todo el mundo, excepto tal vez por el trotskismo más dogmático- se halla distribuido también por toda la sociedad, que es una lección que tempranamente asimilaron los partidos de la “izquierda  tradicional” y el movimiento obrero.

En efecto, la lucha por las “reformas” que impulsaron los partidos de izquierda y el movimiento sindical chileno, también eran parte de la lucha por el poder.

Reformas que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida material de los trabajadores y sus familias; de participación, de negociación y de poder de los sindicatos y las organizaciones sociales; de ampliación de derechos políticos, como el sufragio universal, los registros electorales y la cédula única, todas reformas que, entre otras cosas, hicieron posible el triunfo de la UP y el despliegue del movimiento de masas más impresionante de toda nuestra historia.

De manera que la conquista de amplias masas del electorado, no solamente eran un objetivo para la conquista de alguna porción –admitiendo incluso que fuera parcial- del Estado. En efecto, esa condición nunca fue exclusivamente formal sino que comportaba un contenido preciso, que era la ampliación de los derechos del pueblo chileno,  condición necesaria para la conquista del poder por esas mismas masas, supuestamente, “utilizadas” por la “clase política” como masa de maniobra de “estrategias reformistas”.

Esto no quiere decir, sin embargo, que la relación que establecieron partidos políticos y movimiento social fuera fácil. Los mismos procesos de formación de los partidos y sus sucesivas divisiones y fraccionamiento dan cuenta de ello. Los cambios y evolución de su línea política también. Habría que ser muy simplista para concebir esta relación como una historia relativamente homogénea, rectilínea y predecible.

Esta misma evolución tiene que ver con la formación de  fracciones de clases y movimientos sociales que encarnan nuevas contradicciones, contradicciones que no habían sido previstas o que no fueron asimiladas por los partidos y sus respectivas estrategias. Por ejemplo, el lugar que el movimiento de pobladores y campesinos ocupa en la formación de la “revolución en libertad” de la DC, lugar que el MIR intenta recuperar para una estrategia más radical de cambio social.

Los partidos de cuadros y los vicios burocráticos

La evolución de las luchas del pueblo y la izquierda chilenos, dio lugar también a la construcción en el siglo XX de partidos como el MIR o como el MAPU, muy distintos a los tradicionales PC y PS. Partidos en que confluyen diversas vertientes teóricas, doctrinarias y políticas de los años sesenta: el guevarismo y la revolución cubana, el Concilio Vaticano II y el cristianismo de izquierda y el estructuralismo marxista.

Entre otras cosas, enarbolan una crítica al carácter instrumental que habrían establecido los partidos de la izquierda tradicional con el movimiento social.

La responsabilidad del cuadro, en efecto, no es movilizar a las masas en función de ciertos objetivos reivindicativos o de conquista de alguna cuota de poder del Estado tras la conducción del partido. Es una concepción que se inspira, más  bien, en la apreciación de la inminencia del triunfo de la revolución y del cambio social, entendido como acontecimiento, no como proceso.

Por esa razón, el militante –el cuadro- es concebido como un profesional de la revolución, en lo posible de una altísima preparación teórica y política e incluso técnica, tanto como para hacerse cargo de la construcción de un nuevo Estado y una nueva sociedad.

Esto se expresaría en un tipo de partido muy compartimentado en relación al movimiento social y que establece dicha relación a través de instancias intermedias y no a través de su inserción real. Se trata, en efecto, de una concepción en que el partido adopta formas movimientistas, federativas –del tipo de las anarquistas- y que, producto de su altísima compartimentación en relación con lo social, establece formas híbridas descritas generalmente con el rótulo de “político-social”.

De ahí que este tipo de organización tienda a la especialización por tareas sectoriales, por ejemplo, o técnicas. Los frentes de masas tienden a separarse unos de otros y en muchos casos a desarrollar una concepción autónoma de la táctica en relación con la totalidad de la organización. Lo que a los ojos del leninismo más ortodoxo parece oportunista, para esta concepción resulta algo completamente natural.

En este tipo de organización, la individualidad ocupa un lugar protagónico. En efecto, el militante es el protagonista principal de la política y la suma de las individualidades –cuya expresión más caricaturesca fueron los escritos de Regis Debray en los sesenta- la responsable de realizar los cambios, apoyados por un fuerte movimiento de masas.

Entonces, el caudillismo es uno de los rasgos principales de esta forma de organización política.

Por esta razón, la formación de grupos alrededor de cuadros y dirigentes que terminan institucionalizados como “tendencias” no es un defecto de este tipo de organización sino uno de sus rasgos inherentes. Por supuesto, estas tendencias tienen razones doctrinarias y políticas y no es puro personalismo su motivación principal. Sin embargo, su formación no sería posible sin ese componente que hace de lo colectivo la suma de las individualidades, aún cuando estas compartan determinadas concepciones teóricas y políticas.

La doctrina entonces, no ocupa el lugar de elemento articulador de una identidad, una concepción estratégica y programática sino la de una herramienta de análisis. Así, va incorporando conceptos y categorías de acuerdo a sus necesidades y la aparición de nuevos fenómenos.

De esa manera, el dilentantismo es una característica lógica de este tipo de organización en la que la fraseología insustancial y el uso de palabras rebuscadas, reemplaza la intención política y la visión de la totalidad.  

El problema en la actualidad

Los errores y deformaciones burocráticas y antidemocráticas de los partidos políticos, y de los partidos de izquierda en primer lugar, son incuestionables.

Pero no es la crítica abstracta y general la que hará evolucionar la relación del movimiento social con los partidos hacia formas más “horizontales”  como se dice en la actualidad, sino su inserción e interrelación, el debate permanente entre las organizaciones de masas, los partidos y sus dirigentes; su apertura a la asimilación de los cambios sociales, antes que la corrección de procedimientos o la incorporación de novedades teóricas, algo tan burocrático como lo que se critica bajo el estandarte de la autonomía.

Se deben relevar en la actualidad la importancia de la lucha por las reformas parciales como medio de construcción de movimiento social y de diálogo entre partidos y sociedad. Al mismo tiempo, se las debe poner en relación con el cambio global o con la totalidad del poder.

Esta condición, en todo caso, exige la disposición de una “subjetividad”, una voluntad organizada y decidida que es el partido político. Puede adoptar diferentes formas; pero siempre como una subjetividad, esto es, una voluntad que se plantea horizontes de cambio global que están más allá de lo inmediatamente dado.

Precisamente, es en esta apelación a la totalidad en la que radica la posibilidad de diálogo entre partidos y movimiento social. La instrumentalización del movimiento social por parte de los partidos políticos, es el resultado de la compartimentación de las luchas sociales y el que éstas no sean comprendidas como parte de una estrategia global de cambio social.

Se deben abrir, pues, los partidos a la más amplia participación, la participación de miles y millones de personas. La especialización por tipos de tareas o por frentes, o la conformación del partido como organización de profesionales especializados en tareas técnicas (que pueden ser el medioambiente, la educación, el urbanismo o lo sindical, etc.) sólo profundiza la desafección de las masas de la política.

Nada de esto, sin embargo, va a ser el resultado de un seminario académico, un congreso ni de un descubrimiento súbito, como no lo fue tampoco en el siglo XX; sino de la experiencia del movimiento de masas y los partidos, tal como lo fue entonces. 

Voluntad, autonomía y política cultural

Alberto Giacometti. Diego, 1953

Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de unas formas de relacionarse los seres humanos entre sí y cómo en estas relaciones van estableciendo ciertos principios que les sirven para orientar su propia vida, que es una vida social.

Por consiguiente, estamos hablando además, de una “moral”. Ello, en el sentido de una concepción del mundo y unos valores que le dan consistencia a un grupo social porque le ayudan a entenderlo, a relacionarse con él y entre sus miembros, a modelarlo y en este proceso, modelarse a sí mismo como grupo.

Los valores que inspiran a una sociedad, por lo tanto, no son el resultado estadístico de la reunión de los valores individuales.

No se trata, en efecto, de principios abstractos que se pueden vivir supuestamente en la soledad de una conciencia divorciada de lo social. Ni los valores –sean éticos, estéticos, o políticos - ni la cultura son el promedio de las conciencias individuales pues éstas se van formando juntas y en la relación que establecen entre sí.

Para la concepción dominante en la actualidad, sin embargo, la cultura es una suerte de núcleo irreductible, inmodificable, que consiste en un repertorio de valores ya dados a hombres y mujeres, anteriores a su propia acción y sobre los cuales sólo es posible escoger entre “esto o aquello”.

Es la razón para que las encuestas y los estudios de opinión se convirtieran en jueces irrefutables de la sociedad y actúen como potencias determinantes de la política y la cultura.

La popularización de una versión vulgarizada del pensamiento de Antonio Gramsci, tuvo hondas repercusiones en el pensamiento de la izquierda, desde los años ochenta en adelante y ello en la legitimación de esta concepción de la cultura.

En efecto, para esa concepción vulgar la cultura y la moral -que en el pensamiento de Gramsci son el resultado final de toda acción política y de la lucha de clases- son una suerte de esencia trascendente que orienta las acciones de un grupo social. La lucha política por lo tanto, la lucha entre dos sistemas de valores opuestos y no la disputa por el poder.

Cuando para Gramsci son la cultura y la moral la expresión de diversas formas de concebir el mundo y las relaciones entre los seres humanos a partir de su diversa posición frente al poder y la sociedad –esto es, frente a otros grupos y clases sociales - y no un posicionamiento de los seres humanos frente a la sociedad a partir, originariamente, de aquellos valores que conformarían la cultura.

Para la concepción popularizada de Gramsci en el último tiempo -hegemónica en el campo de la izquierda hasta hoy- la lucha política consiste, pues, en una disputa entre conservadores y liberales, entre demócratas y autoritarios, entre racionalistas laicos y fundamentalistas religiosos, entre progresistas y reaccionarios.

De esa manera, la política se fue convirtiendo desde fines de los ochenta del siglo XX en una esfera cada vez más separada de la sociedad real y en el hiperuranio del poder, en el que incluso tratándose de enormes movilizaciones de masas, éstas no lo hacen en torno al poder político sino en función de esas ideas, supuestamente autónomas, trascendentes y objetivas.

La política, entonces, llegó a no tener nada que ver con lo real y a no materializarse por consiguiente, en ninguna reforma cultural, que era la promesa de la transición y a dejar las cosas casi intactas en relación a como las dejó la dictadura.

La política dominante de la transición de hecho –incluyendo a un segmento importante de la izquierda-, postuló que menos Estado iba a traer aparejado el despliegue de la iniciativa de más sociedad civil, más autonomía, más libertades individuales y colectivas. Pero a lo que hemos llegado es más control, exclusiones y desigualdad. Más dependencia de los consumidores al control de las empresas; menos poder de negociación de los sindicatos; más concentración de la riqueza y de los medios de comunicación; incluso menos posibilidades para elegir.

O sea todo lo contrario de lo prometido entonces. En resumidas cuentas, menos sociedad civil.

Y lo que ha traído aparejado esta pérdida de libertad y autonomía del individuo, pese a la promesa liberal -la “agenda liberal” como la llamaban algunos durante los gobiernos de la concertación- es un deterioro de la voluntad, de la iniciativa individual, y por cierto, también la colectiva, en el capitalismo actual.

Por paradójico que parezca, es supuestamente la libre iniciativa individual el fundamento de la vida social para la cultura dominante; y sin embargo, lo que menos hay es libertad individual y acción intencionada. Esta se limita a la libre elección de las posibilidades que aquella ofrece.

Esta capacidad de elección está limitada además -según reconocen los mismos liberales- por el acceso a la información y las posibilidades disponibles en el mercado (que en el neoliberalismo puede ser de cualquier cosa). Pero ello, a su vez, está limitado por la desigualdad inherente del sistema, que es una característica esencial de tipo de subjetividad diversa de la concepción antropológica dominante en la actualidad, supuesto fundamento de la competencia y por lo tanto de la creatividad y la iniciativa.

Es decir, las asimetrías de información de las que se quejan los liberales como causantes de la desigualdad, la exclusión y las asimetrías de poder y por lo tanto, la causa de la pérdida de libertad y autonomía individual, proviene de la misma concepción antropológica del liberalismo y de la naturaleza del mercado que actúa como su estructura determinante en última instancia.

Es esta situación la que provoca una suerte de inacción o falta de iniciativa que el posmodernismo postulaba en el conocido tópico de la “desaparición de los sujetos”, en el capitalismo de fines del siglo XX. En primer lugar la clase obrera, que ha sido declarada muerta y enterrada varias veces desde entonces, pese a que por ejemplo en Europa, en los últimos cinco años ha habido más huelgas que en los sesenta y cinco o setenta años transcurridos después de la segunda guerra.

Y por otra parte en el discurso que postula la autonomía, en relación a proyectos de cambio global o como planteaba el posmodernismo en los años ochenta del siglo pasado, y que es una de las fuentes de la renovación, la crítica de los “metarrelatos”, que ha sido la motivación para la construcción de teorías de diverso signo que postulan la primacía de lo local; de la autonomía de las luchas y los conflictos sectoriales y la crítica de la “clase política”.

Ésta, es una concepción que aún originándose en un área cultural europeizante, de raíz socialdemócrata –igual que las concepciones más populares y distorsionadas de Gramsci- han servido también para la construcción de un discurso radical en historia y ciencias sociales, que ha legitimado académicamente el distanciamiento de las luchas sociales de las disputas por el poder; y sembrado el apoliticismo y el sectarismo en el movimiento social.

Ahora bien, esto se expresa también en el maximalismo que renuncia a la lucha por las reformas bajo el supuesto de que éstas son inútiles porque los cambios estructurales o de fondo nunca se realizan o se posponen para un futuro indeterminado, cuando es precisamente lo contrario.

Ésta, que es una posición muy antigua y conocida en el campo de la izquierda desde inicios del siglo XX, presenta la particularidad de estar muy extendida a nivel social y no solamente entre los militantes de partidos y colectivos de izquierda. Se puede apreciar especialmente en sectores de clase media (como los estudiantes y los profesores) muy despolitizados y termina manifestándose en un repliegue no en lo social, sino en la vida privada –que está completamente permeada por el consumismo y la cultura dominante.

En resumidas cuentas, la pérdida de autonomía y libertad, que se limitan a la elección entre las posibilidades que brinda la cultura dominante como estructura ya dada y no como el resultado de la práctica humana, que ha originado el capitalismo neoliberal en los últimos treinta años en nuestro país, no solamente ha redundado en una inacción y deterioro de la voluntad a nivel individual, sino que además, ha actuado como mecanismo de freno a todo proyecto colectivo de reforma social y también cultural. Y ello, lo que resulta más grave, entre los mismos colectivos sociales y políticos, como sindicatos, organizaciones estudiantiles y hasta partidos de izquierda.

Ello se puede apreciar en el apoliticismo, un confuso maximalismo y el discurso autonomista.

Este no es el resultado inesperado o aleatorio de acontecimientos impredecibles. Ha sido así por una acción intencionada, el resultado de luchas en que las clases dominantes del país impusieron un sistema que no es sólo económico o político. Es fundamentalmente un modelo cultural impuesto desde el Estado y que puso al mercado como paradigma. Se trata entonces de un problema político que requiere una solución política y respecto del cual, aparte el propio Estado, las organizaciones sociales  y los partidos, especialmente los partidos de izquierda, tienen una gran responsabilidad.

¿Por qué es necesaria una política cultural?

Renato Guttuso. La Vucciria

Ser radical es atacar el problema por la raíz. Y la raíz, para el hombre, es el hombre mismo.

Carlos Marx

En el año 1995, el entonces Ministro de Educación del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle,  Sergio Molina Silva, terminaba su presentación ante el Senado de la República sobre la reforma educacional, diciendo que “el conjunto de políticas que presentamos al Senado representan una política cultural”.

En el discurso de todos los ministros que le siguieron se enfatizaba la preparación frente a los desafíos de una economía  global y la sociedad del conocimiento y la información.

Es más o  menos lo que planteaban insistentemente los discursos de inauguración de año escolar de todos los ministros de educación desde entonces.

A veinte años, podría sostenerse que si las reformas contenidas en el programa del gobierno actual no han avanzado más y más rápido; y por el contrario, que han sido  dificultosas y originado controversias  y debates profundamente ideologizados, es por la resistencia cultural que han generado no solamente entre los empresarios y sectores liberales y conservadores, de derecha y representantes de lo que se ha denominado de modo un poco simplista “la vieja guardia de la concertación”.

Ha sido así también por lo contradictorias que han resultado para segmentos de una población “de clase media” despolitizada y consumista, formados desde entonces y para la que, según plantea Andrés Velasco en su polémica columna del diario El Mercurio, todo aquello que pretende reformar el actual Gobierno, es lo que “le resulta familiar”.

El Gobierno de Piñera, no pasó de ser un espasmo extraordinariamente contradictorio: por una parte, una continuidad de esa política cultural, intentos de profundizarla y consolidarla en ciertas materias, como las relaciones laborales y realizar algunas privatizaciones pendientes, interrumpidos por episodios de resistencia a los movimientos sociales que intentaban -al mismo tiempo que  rechazaban esta política de consolidación del modelo-,  recuperar lo perdido, aun sin horizontes de cambio global al frente.

La contradicción que agita entonces a nuestra sociedad es cultural. Radicalmente cultural; y se origina en un proceso reformista que entra en contradicción inevitable y permanente con la cultura dominante conformada durante el proceso denominado de “transición a la democracia” y de la que todavía obtienen sus ímpetus las fuerzas que se oponen a que haya cambios, por tibios que sean.  

En esta atávica concepción, la política cultural sin ser una política explicitada en un cuerpo de obligaciones del Estado y de Derechos Sociales relativos al acceso, producción e intercambio de bienes culturales de la sociedad y los individuos, configura una política privatizadora por la vía de la omisión.

Ciertamente que esta omisión de la política pública, para el liberalismo campante de los últimos veinte años, no fue ni lo es ahora un problema, porque parte del supuesto de que las elecciones culturales son un asunto estrictamente individual y no el resultado de una acción colectiva ni menos de una política del Estado.

A lo más, son el resultado de intercambios entre individuos, intercambios escasamente regulados por el Estado y que en su acepción subsidiaria se limita a la provisión de recursos para que los bienes culturales sean proveídos, en última instancia, por agentes privados.

Entre ellos, la educación –escolar, técnica y universitaria-; la información y el entretenimiento. Es decir, cientos, miles de intercambios entre privados, que en la concepción atomista del pensamiento neoliberal son la esencia de la vida social y el fundamento de la cultura.

Finalmente, el resultado de la concepción liberal de la política cultural, es el retiro del Estado y la privatización; no es un defecto de la política del Estado el que no la tenga. Por el contrario, es su esencia, definida por el concepto de subsidiariedad. El resultado de esta política es su entrega a la “mano invisible” del mercado.

Para un programa de reforma, por consiguiente, o mejor dicho, para que cualquier proceso de reforma sea realizable y tenga perspectivas de éxito relativamente razonables, es necesario que se plantee una política cultural.

Política  cultural planificada, ejecutada y evaluada por el Estado en estrecho contacto y colaboración y sometida al escrutinio permanente de la Sociedad Civil: ciudadanos y ciudadanas, instituciones, partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales.

Esto es, debe ser una política en que se despliegue la más amplia consulta y participación social y política.

Dicha política además debe ser concebida en los marcos de la reforma educacional. Específicamente en el debate sobre lo que con mucha imprecisión ha dado en denominarse en los últimos años, "la calidad de la educación".

No se trata solamente de discusión acerca de la cretinista concepción de la calidad de la educación como cumplimiento de los estándares medibles a través de las pruebas estandarizadas. Ni tampoco de los métodos más apropiados para cumplir este propósito, los que van desde el adiestramiento puro y duro hasta las concepciones pseudoconstructivistas que han pretendido hacer  estas mediciones y el consecuente control al que han sido sometidas las comunidades educativas, más tolerables.

Se trata de la discusión acerca del significado de la escuela en nuestra sociedad y el tipo de hombre que se pretende formar en ella. Lamentablemente, los principios de la reforma –esto es, la educación como Derecho Social, la inclusión y el fortalecimiento de la educación pública-, todavía se escuchan apenas como un eco en nuestras escuelas y liceos.

Pesan más los resultados del SIMCE en la definición de sus políticas y se pueden encontrar todavía en sus PEI alusiones a la sociedad del conocimiento y la formación de competencias.

Otro eje de un movimiento de reforma cultural, es la construcción de una institucionalidad pública en materia cultural, de la que la creación del ministerio del área es sólo un primer paso. No puede ser solamente la creación de una oficina más de la administración pública de las muchas que gestionan, y asignan fondos del Estado que son entregados todos los años a privados  con el compromiso de realizar por él acciones específicas de las que después se debe rendir cuentas.

Se trata de construir una institucionalidad del Estado que coordine, que planifique, que evalúe la política pública articulado con los demás ministerios, intendencias y gobernaciones. Una política sistémica, que en sí misma, debe ser parte de la reforma cultural que nuestra democracia necesita.

Enseñanza del arte y reforma educacional

Giorgio de Chirico. Héctor y Andrómaca

En el marco de la reforma educacional actual, se escucha cada vez con más frecuencia la pregunta ¿Es necesaria la enseñanza del arte? Para unos no, porque es algo subjetivo, irracional, fuera de los límites de toda lógica y el resultado de una actividad puramente individual. En el mejor de los casos, la enseñanza del arte, se limita a la facilitación de espacios y condiciones, para el despliegue de esta individualidad autosuficiente.

Es lo que expresan estéticas expresionistas e informalistas que predominan especialmente en el ámbito de las artes plásticas y que se manifiestan en una concepción de la enseñanza y la evaluación extraordinariamente laxas, con un curriculum débil, de extensas unidades temáticas, objetivos de una gran generalidad y flexibilidad, y un énfasis muy moderado en los contenidos. Para esta concepción de la educación artística, su presencia en el Plan de Estudios no necesariamente implica una estructuración rigurosa y en sus versiones más extremas, la considera casi como una actividad extracurricular.

De todas maneras, como medio de expresión personal, autoconocimiento, y socialización, no deja por ello de considerarse su importancia en el curriculum educacional, incluso para esta concepción expresionista.

De otra parte, hay también quienes argumentan su incorporación a la educación desde el punto de vista del aporte que hacen en el desarrollo cultural de los y las estudiantes. Esto es, por su aporte en la formación en valores éticos, estéticos y del gusto, el conocimiento de la historia de las ideas y finalmente, en la formación de nuestras sociedades.

Desde el punto de vista conservador, hasta el que propugna el multiculturalismo y la posmodernidad se podrían encontrar las influencias de este punto de vista que se apoya mucho en las investigaciones históricas, el análisis semiológico de las obras de arte del patrimonio clásico y universal; hasta la publicidad, la televisión y el cine, y el uso de diversos lenguajes –no sólo de los clásicos medios como el dibujo, la pintura, la canción o la interpretación instrumental-.

Por último, también se podría defender la presencia del arte en la educación formal, por el aporte que hacen en el desarrollo de técnicas y habilidades que forman destrezas psicomotoras y de ubicación espacial y temporal, concepción de la forma, y el aporte que hacen en la adquisición de conocimientos en las áreas más duras del curriculum como las matemáticas, las ciencias y el lenguaje.

Pese a que por sí solas, todas estas maneras de argumentar la inclusión del arte en la educación y el curriculum escolar son suficientes para hacerlo -pese a la tendencia dominante en, a lo menos, los últimos veinte años- se debe considerar lo específico del arte y el lugar que ocupa en la actividad humana.

En efecto, el arte en sus diferentes expresiones es una forma de representación de la “verdad humana”, esto es del resultado de su actividad. No es la realidad sino su representación, la que es realizada por el hombre y tiene por tanto esta doble condición de ser realidad y representación al mismo tiempo.

Por consiguiente, en la actividad artística –por llamarla de alguna manera- se realiza una forma de conocimiento práctico en que el hombre conoce sus propias circunstancias históricas, sociales, éticas, y las escoge, las manipula, las modifica y con ello, también, modifica su actitud frente al mundo, que pasa de ser una reacción instintiva ante los estímulos, pura contemplación o manipulación instrumental, para transformarse en una vida auténtica pese a todas las limitaciones que enfrenta para poder realizarla en el sentido de ser una vida acorde a sus propias elecciones.

En este proceso que se realiza mediante la actividad artística, para lo cual no es necesario ser artista –ahí está Joseph Beuys para mostrarlo-, el hombre se decide por una existencia auténtica y cuestiona la rutina y la enajenación, distinguiéndose de ella, ejerciendo una labor crítica y hasta destructora de esa cotidianidad enajenada. Gran parte de los movimientos de vanguardia del arte del siglo pasado –en música, cine, poesía y artes plásticas-, se plantearon precisamente este propósito hasta la década del ochenta a lo menos.

El arte, por consiguiente, es una actividad profundamente liberadora y su realización una actividad compleja y específica que no se limita a la sola expresión individual o la adquisición de habilidades. Es una oportunidad de autoconocimiento, expresión personal, adquisición de conceptos y nociones espacio-temporales, historia social, etc. Pero además es una actividad en que se opera una modificación existencial de quien la realiza, desde sus formas más simples como el dibujo lineal y la canción, hasta el uso de la informática y tecnologías de las comunicaciones.

Su presencia en la educación sistemática, por consiguiente, no es enciclopedismo pedante ni mera entretención. La forma en que se debiese restituir la educación artística en el curriculum escolar en el marco de la actual reforma educacional, debe considerarlo.

Los intelectuales y la política en el Nuevo Ciclo

John Bratby. El inodoro

En Chile las noticias sobre corrupción, sobornos, campañas financiadas en forma fraudulenta, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, indignan a la opinión pública y sacuden, y lo seguirán haciendo, al sistema político. Ha sido objeto de debates, comisiones, editoriales y encuestas.

Lo que quedó en evidencia, primero por el denominado caso Penta, luego por SQM, y también por el caso CAVAL, son las promiscuas relaciones entre la empresa privada y la política. Se trata de una trama en que los negocios no solamente aparecen como un acompañante indeseado sino como un complemento necesario y hasta como una suerte de padrino. 

No se trata, sin embargo, de un problema moral; es un problema político y las actitudes y las maneras de enfrentarla, que al respecto asuman todos los interesados –partidos, organizaciones sociales, instituciones, medios de comunicación y ciudadanos de a pie- serán también políticas, aun cuando se engalanen de argumentos morales y seudofilosóficos y pretendan neutralidad o intenten mantenerla, bajo el hipócrita supuesto de que en eso consiste la objetividad y que en esa supuesta objetividad radica la tolerancia y el principio de la diversidad política y cultural.

El Mercurio, por ejemplo, rasga vestiduras por la probidad y plantea que esto afecta transversalmente al sistema político, de derecha a izquierda. Si son todos responsables, nadie lo es. Una bonita manera de exculpar no solamente a los directamente involucrados -en este caso, candidatos parlamentarios que financiaron sus campañas mediante recursos obtenidos a través de fraudes tributarios- sino a los que financiaron en forma fraudulenta esas campañas y los intereses que tenían para hacerlo.

Obviamente, al respecto ni El Mercurio ni la UDI se pronuncian porque para ellos no es ese el problema en tanto defienden las mismas posiciones e intereses. La derecha y los medios controlados por los grandes consorcios informativos y transnacionales de las comunicaciones, solamente defienden la supuesta “objetividad” que ha prevalecido en los últimos treinta años y que ha permitido a un pequeño número de empresas y grupos de interés conservador hegemonizar la sociedad. No la honestidad, la probidad y la rectitud en el ejercicio de la política con la que hacen gárgaras.

Pero la siutiquería y el arribismo cultural lo asume como si esa objetividad fuera del interés de toda la sociedad y como si los valores sobre los que descansa y que se hallan puestos en cuestión lo fueran también. Por lo tanto, reclaman liderazgo y consensos para salir de esta crisis que, supuestamente, nos afecta a todos como país.

Lo único que nos afecta como país, es que un grupo de empresas nacionales y transnacionales controle nuestras vidas y que para ello cuenten con partidos políticos y parlamentarios financiados para defender sus intereses haciéndolos pasar como los de toda la Nación y como si sus prácticas corruptas fueran un problema de todos. Ello avalado, facilitado y protegido por una institucionalidad política hecha precisamente con el propósito de que esto sea posible. 

Los que tienen el problema son los que han incurrido en prácticas fraudulentas e ilegales aunque las consecuencias las pagamos todos. En ese caso, sólo en ese caso, se podría afirmar que estamos ante un "problema país”. 

Son los valores de una clase, las prácticas mediante las cuales obtienen el favor político -“la vista gorda” y “la manga ancha”- los que han sido elevados a la categoría de objetividad, de valores de toda la sociedad y su bancarrota, los que se presentan como un "problema país". 

Entonces, con una ingenuidad que raya en el conservadurismo, hay quienes se afanan en la denuncia de estas prácticas reñidas con la moral como un problema “del sistema” o de "la clase política". Pero ¿quiénes son los responsables? ¿Cuáles sus motivaciones? ¿Cuáles las consecuencias políticas de estas prácticas? Tampoco hay respuestas o en el mejor de los casos, son tan genéricas que no afectan a nadie. Una posición que, probablemente con muy buenas intenciones, termina por pavimentar el camino a la impunidad más grosera, para que nada cambie y esto se repita en el futuro mientras vivamos en una sociedad de clase como la actual. 

Por los mismos días que se conocían nuevos antecedentes en esta trama, morían Günter Grass y Eduardo Galeano. Dos intelectuales que no se dedicaron a pontificar acerca de la moral y las buenas intenciones, sino que se comprometieron políticamente con su tiempo. 

No fueron conciencias críticas de la Nación ni creadores de la "forma bella" porque no estaban por sobre la sociedad. Eran hombres de carne y hueso, hombres reales que en tanto tales, adoptaron posiciones políticas frente a la coyuntura y actuaron conforme a ellas y a su compromiso político, no motivados por la supuesta pureza ética del intelectual, o la neutralidad del “tolerante”. 

Fue, precisamente, lo que les valió persecución, censura y exilio o en el caso de Grass distorsión, soledad y reprensiones, por parte de los mismos que rasgan vestiduras sin comprometerse con su tiempo o haciendo la vista gorda frente a las violaciones a los DDHH en medio oriente o a las minorías étnicas en Europa.

Los intelectuales obviamente que van a ser inmunes a la crítica mientras estén parapetados tras la bella forma, tras la pseudoobjetividad del neutral, del “esto o aquello”. No son esos los artistas, los comunicadores, los escritores, ni los intelectuales que necesitamos. 

Los tiempos están cambiando; el país está cambiando y acontecimientos como los casos CAVAL, PENTA, SQM y los que todavía pueden venir en el futuro, son sólo una demostración de la decadencia de la sociedad neoliberal de los últimos treinta años, sus últimos estertores . Frente a ello es que los artistas y los intelectuales están llamados a tomar posición so pena de permanecer en la intrascendencia y la inutilidad. 

La política en el Nuevo Ciclo

Ben Shan. Desempleados

El problema principal para una política de izquierda en lo que ha dado en llamarse “el nuevo ciclo” es cómo involucrar a las masas en ella. Si algo la caracterizó en el período anterior, fue precisamente lo contrario. Ello no sólo se expresaba en altos niveles de abstencionismo y baja inscripción juvenil en los registros electorales, sino también en la baja tasa de sindicalización; el alejamiento de los partidos políticos del movimiento social; el carácter esporádico y desarticulado de las movilizaciones de masas. En fin por un desinterés generalizado y permanente por los asuntos públicos.

Todo el entramado institucional, partiendo por el sistema electoral binominal y la ley de partidos políticos, actuó y lo sigue haciendo, en este sentido de alejar a las masas de la actividad política.

Pero también las normas de la dictadura que no han sido derogadas y que se refieren a la regulación de las relaciones sociales, principalmente el Código del Trabajo. En el caso del movimiento estudiantil, la norma que prohibía la participación de los estudiantes en la elección de autoridades unipersonales y en los organismos colegiados de gobierno universitario o la que regula el funcionamiento de las organizaciones vecinales y territoriales y los gobiernos comunales.

Este alejamiento de la ciudadanía de la actividad política, redunda en una falta de control social sobre los actos de autoridades y representantes en el sistema político y el que, consecuentemente, ésta quede a merced de quienes tienen poderosos intereses para hacerlo y los recursos necesarios como para ello.

El resultado  está a la vista hoy por hoy: comportamientos arbitrarios, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en la realización de lucrativos negocios; pago de coimas por parte de las grandes empresas a parlamentarios y autoridades de gobierno. En resumidas cuentas, el control del dinero y los poderes económicos sobre la actividad política, esto es la captura por parte del gran empresariado de la actividad pública por autonomasia, esto es la política y los asuntos del Estado.

Es esta probablemente la situación a la que se refería León Trotsky en su monumental Historia de la Revolución Rusa, cuando parte afirmando que salvo en una situación revolucionaria, esto es, en una situación en que el orden jurídico, político, social y económico de un Estado se hace insoportable para las masas, éstas no participan en política.

Sólo entonces, según Trotsky, dichas masas la toman en sus manos. En los períodos de desarrollo normal, en cambio, la política -dice- la hacen “sus representantes profesionales”: monarcas, parlamentarios, ministros, periodistas. “Han de sobrevenir condiciones completamente excepcionales –dice Trotsky- , independientes de la voluntad de los hombres o de los partidos, para arrancar al descontento las cadenas del conservadurismo y llevar a las masas a la insurrección”. Frase épica, cargada de optimismo revolucionario pero que plantea un problema.

Evidentemente, es una crítica de Trotsky a la forma en que se desarrolla la política en Estados autoritarios y burocráticos y a ciertas formas de la democracia representativa. Se trata de una concepción de la política en que ésta consiste en una actividad que está sobre la sociedad.

Es una descripción, sin embargo, que deja en la nebulosa los mecanismos mediante los cuales el pueblo pasaría a tomar los asuntos políticos en sus manos. Entre la transformación estructural de la sociedad y los períodos de desarrollo normal, aparentemente, no habría nada, excepto la actividad política, de la cual las masas, el pueblo, la ciudadanía o como se le llame, seguirá siendo un mero espectador.

Para que la izquierda sea una real alternativa de masas, sin embargo, lo que se necesita es hacer una política de masas, en el sentido de que sea una política realizada por miles, por millones de personas, de trabajadores y trabajadoras, de jóvenes, de pobladores, etc. Esto es, que se pongan en movimiento, en función de ciertos objetivos democratizadores y con un sentido de cambio social, que es precisamente lo que intenta explicar el factor subjetivo y la apelación a la voluntad, la preocupación primordial de Lenin y más tarde de Gramsci.

Si como decíamos líneas antes, la característica principal de la política en el período de la “transición a la democracia”, fue el divorcio entre la sociedad civil y el Estado, la política entonces fue un asunto de especialistas. Primó una “política de cuadros” –de una alta especialización técnica además-, que las masas sólo debían refrendar en las urnas cada tanto, por lo demás bajo una institucionalidad política que consagraba este divorcio como una situación normal y hasta deseable.

En ciertas circunstancias, se pudieron generar hechos políticos e incluso, haber disputado el poder o un pedazo al menos. Pero eso no significa por sí mismo un cambio social. Tal vez un cambio político, que es lo que pasó después del plebiscito de 1988. Pero no hay un cambio social efectivo porque la política no la hacen las masas o como se dice actualmente, el movimiento social, sino cuadros técnicos y políticos, que además no necesariamente son militantes de los vilipendiados partidos sino que podrían ser también activistas de las ONG’s por ejemplo, de fundaciones y centros de estudio que hicieron de las asesorías a organizaciones sindicales, ambientalistas, de género, salud social, educación popular, etc. una manera de hacer política “de masas”.

En el extremo opuesto, está lo local. En este concepto de lo local, no solamente se encuentra incluido lo territorial, sino también lo sectorial, lo gremial y lo corporativo y en sus versiones posmodernas los temas emergentes como se les denominó en el período anterior, el de los años de la globalización neoliberal, como las identidades culturales y de género, el medioambiente, etc.  Eso tampoco logró ni lo va a hacer ahora -salvo ocasionalmente- involucrar a las masas en la política, y ha servido sólo para terminar por no tener nada que ver con  lo real, siendo como decían los filósofos idealistas "un alma pura".

La izquierda todavía se mueve entre esos extremos. Las elecciones municipales van a ser un momento trascendental respecto de estas definiciones. Tras la aprobación de la reforma del sistema electoral binominal la elección de concejales, la única con sistema proporcional, va ser un buen predictor del peso real de cada partido y por lo tanto, de cuántos escaños en el Parlamento debiera ocupar. En ella se van a conjugar entonces las cuestiones “locales” con  las visiones globales de sociedad que representan.

Los proyectos de sociedad son las que a partir de entonces debieran empezar a ponerse a la orden del día. El punto es que pensar que ese es un asunto de los especialistas, de los cuadros políticos en este caso, nos va a dejar en el mismo punto o podría hacerlo, que una vez terminados los períodos de la Concertación. Dejar, en cambio, que las luchas sociales evolucionen solas desde lo local porque los cuadros políticos, los funcionarios de partido, los burócratas del Estado y el aparato público y las ONG’s  lo que hacen es "ahogar la iniciativa de las masas", es como para quedarse esperando mientras el gran empresariado sigue hegemonizando la sociedad, buscando un relevo de tipo populista o autoritario, manipulando conciencias a través de las cadenas informativas y los medios de comunicación de masas.

Mientras tanto, la implementación del programa de gobierno debiera ser el elemento movilizador no sólo de los partidos políticos de la Nueva Mayoría, sino de todos los  sectores interesados en el cambio social, sean militantes o no de partidos políticos, funcionarios del Estado o dirigentes sociales. El poder del dinero y su hegemonía en el sistema político no se combate rasgando vestiduras por la  probidad y señalando a los corruptos o como la derecha ha querido hacernos creer, pensando que es el defecto de una presunta clase política -constructo ideológico mediante el cual todos son responsables y por lo tanto nadie lo es. Se hace comprometiéndose políticamente a favor de las transformaciones y construyendo una fuerza política y social suficientemente amplia como para hacerlas triunfar.

Programa de gobierno, cultura y cambio político

Marc Chagall. Don Quijote

El programa de gobierno de la Nueva Mayoría es un programa de reformas políticas y sociales. No es un programa de cambios estructurales ni pretende remover las bases del modelo neoliberal desde sus cimientos, como sostuvo muy imprecisamente el senador Jaime Quintana en sus inicios. 

Ello, a menos que para el presidente del PPD, limitar los efectos inequitativos y marginadores del mercado en la distribución de bienes y servicios; establecer contrapesos que hagan más simétrica la relación entre consumidores y empresas; que éstas tributen efectivamente por sus utilidades y aporten proporcionalmente a su tamaño y ganancias al desarrollo del país y la sociedad, sea “remover los cimientos del modelo neoliberal".

Ello en realidad no es más que asegurar derechos reconocidos y garantizados en cualquier democracia occidental, excepto por cierto en la chilena, resultado de la transición pactada de los años noventa del siglo pasado, la que se realizó bajo sus cuatro gobiernos  y que algunos dieron por concluida cuando la derecha ganó las elecciones presidenciales en enero del 2010, hablando de "alternancia en el poder".

Probablemente, para quienes militan en partidos de la coalición de gobierno, que fueron parte de la Concertación y respaldaron u omitieron, sea desde el movimiento sindical y social, los partidos o el Parlamento, el que esos gobiernos no impulsaran con decisión medidas como éstas, hace que el que la actual administración lo haga, parezca tan audaz.

La derecha y los empresarios, también han aportado lo suyo a la construcción de este espectro, supuestamente, “estatista” y que pretende retrotraer al país a épocas anteriores a  la bonanza y desarrollo que representaron los años de la euforia liberal y de la globalización que auguraba Fukuyama tras la caída del Muro de Berlín, hace ya veinticinco años y a la que se sumaron muy rápidamente algunos sectores de izquierda y progresistas.

A partir de entonces, el desarrollo fue asociado al desarrollo de la empresa privada, que mediante esos misteriosos y desconocidos mecanismos del mercado, se convierte en fuente de prosperidad para las naciones, incluido Chile por cierto. Más empresas, más empleos, más consumo, más crecimiento, más ganancia, más inversión, más empresas y así sucesivamente en una era interminable de prosperidad y felicidad que sería el fin de la historia.

El que este modelo positivista de sociedad y desarrollo -que es un modelo de clase- haya sido puesto en duda por los porfiados hechos -esto es, por las contradicciones sociales y de clase que hacen evidentes las fluctuaciones cíclicas de la economía capitalista y la ola de protesta social que provocan-, es a lo que realmente le teme el empresariado, la derecha y la reacción católica, no que el programa pretenda removerlas desde sus cimientos.

El programa de gobierno de la presidenta Bachelet no hace más que señalarlas y hacerse cargo de ellas en un período acotado de tiempo.

Lo que antes era normal, ya no lo es. Eso es todo. Hasta marzo de este año, la privatización, el principio de subsidiariedad del Estado y la libre competencia como factores exclusivos del desarrollo económico y social. 

Y si bien no se podría decir que el programa de gobierno se plantee  su revocación inmediata, sí propone reformas que generan un debate acerca de la historicidad de estos principios, esto es pone en duda su naturalidad, su objetividad y por consiguiente, su actualidad.

Enfrentarse a ello es lo que provoca ansiedad y reacciones destempladas por parte del gran empresariado y también, hay que admitirlo, de quienes no siendo gran empresa, se han visto beneficiados por el traspaso de fondos públicos al sector privado por medio de subsidios y fondos concursables, gracias a una intrincada red de relaciones entre éste y el Estado que se construyó en los años noventa del siglo pasado.

La naturalización de la supuesta normalidad liberal de ese período, de la política de los consensos y el binominalismo, es lo que produce ese espejismo de reforma estructural que en algunos provoca euforia y en otros temor . 

Esta misma naturalización de los principios de la economía política neoliberal, es la que explica la primacía de lo técnico, la despolitización de la sociedad y finalmente su desmovilización, la que se produce en beneficio de sus supuestos representantes profesionales –ministros, parlamentarios, periodistas, que incluso muchas veces asumen la denuncia de la corrupción y vacilaciones de la “clase política” de la que ellos mismos son parte, como marca registrada.

Lo nuevo del programa de la Nueva Mayoría  es que reconoce y comienza a hacerse cargo de los derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales  de hombres y mujeres; jóvenes y niños, de chilenos, chilenas, mapuches y pueblos originarios.

El debate sobre la reforma laboral y la reforma educacional, han sido una manifestación de aquello y ha puesto al desnudo lo retrógrado y egoísta del gran empresariado y la derecha chilenos. Los retorcidos argumentos con los que pretenden defender la codicia, el abuso y hasta el latrocinio, muy pocos los consideran todavía seriamente.

Por lo tanto el cambio político que conlleva el programa de la Nueva Mayoría es que pone en movimiento o debiera hacerlo, la transformación de las relaciones entre lo público y lo privado; y entre el Estado y la Sociedad Civil. El que desnaturaliza la primacía de la empresa privada y por consiguiente, la exclusividad de que gozaron en el pasado los intereses de la clase empresarial en la definición de las políticas públicas. 

No es al conjunto de medidas contenidas en el programa de Gobierno a lo que le temen los empresarios y los sectores conservadores de la sociedad, medidas por lo demás que solamente se hacen cargo de los mínimos que incluso son compartidos por los países miembros de la OCDE. 

Decir, sin embargo, que por el solo hecho de plantearse un cambio cultural como el que suponen las medidas contenidas en él, se esté removiendo los cimientos del modelo neoliberal, es una exageración que podría terminar por desmovilizar a la sociedad y detener nuevamente cambios postergados por mas de veinte años.