Tejo pasao

Francisco Goya. Tú que no puedes de la serie Los caprichos, 1799

 

 

El rocambolesco proceso constituyente que ha protagonizado nuestro país en los últimos tres años, expresa dos cosas. La primera, que la Constitución actual no es un marco que de cuenta de los anhelos y necesidades de una sociedad que reclama más democracia, igualdad y justicia social. El 18 de octubre fue una expresión de eso; pero no sólo el 18 de octubre:  también la revolución pingüina, la huelga del subcontrato, el estallido del 2011; el 8M; NO + AFP, luchas por vivienda digna y contra el endeudamiento, lo han demostrado en forma persistente a lo largo de los últimos veinte años a lo menos.

Según diversos estudios que no han sido desmentidos por nadie, más de la mitad de los chilenos gana menos de quinientos mil y sólo menos de una quinta parte, más de un millón de pesos. Los chilenos y chilenas en su gran mayoría, somos pobres, una minoría está sobre la línea de pobreza y una minoría aún más ínfima, concentra el grueso de la riqueza producida por millones de trabajadores y trabajadoras.

La segunda es que este nivel obsceno de desigualdad genera una polarización social y política que hace imposible cumplir el anhelo de los “centroalgo”, de lograr una constitución de consenso, anhelo que expresa la famosa frase "la casa de todos". Los resultados de todas las elecciones y plebiscitos realizados en el lapso de estos años lo demuestran, con esa apariencia de una sociedad que anda a los bandazos, votando un día por la izquierda y al siguiente por la ultraderecha, dejando fuera todas las opciones que se tratan de ubicar en el ancho camino de en medio.

La política de la derecha ha sido permanentemente jugar al tejo pasao precisamente porque desde un principio fue muy consciente de esta polarización y del lugar de este panorama político y social en el que se ubica y los intereses que defiende. Precisamente el de la ínfima minoría que concentra la riqueza y los privilegios. Esta táctica también llamada arrancar padelante, consiste en la defensa de principios de su concepción de sociedad, que coincide con la actualmente existente, caracterizada por dicha escandalosa desigualdad que sólo puede sostenerse sobre la base de la exclusión, el abuso y el engaño; el autoritarismo y la limitación de las libertades civiles y políticas mediante sofisticadas técnicas de manipulación cultural.

Puesto en esos términos, es claramente imposible el consenso y la táctica del tejo pasao tiene como objetivo obligar al campo social y popular a conformarse con lo menos malo, que en este caso viene siendo la Constitución del 80 o algún imbunche recosido en el comité de expertos, el que sólo pospondría momentáneamente al conflicto político social generado por el neoliberalismo.

El proceso va a seguir abierto porque lo que se enfrenta a estas alturas, son concepciones de principios contrapuestos y respecto de los cuales, la derecha no esta dispuesta a ceder voluntariamente, como no lo ha estado desde el principio. El pueblo, así como según las encuestas no se ha tragado el sapo del consejo constitucional, no se va a tragar un invento del comité de expertos que no sería más que recuperar un par de centímetros de todo el retroceso centenario que éste implica.

La hora es decisiva. La posibilidad de retroceder política, social y culturalmente está a la vuelta de la esquina y el esfuerzo por llegar a algún acuerdo con la derecha para evitarlo -cuando es precisamente quien lo promueve-, podría acabar con su legitimidad moral que es un capital político con el que la derecha jamás va a poder competir.  Dilapidarla tratando de no retroceder sería despejarle el único obstáculo que la reacción tiene para arrasar con lo que queda de los derechos del pueblo y con la democracia.

La reconciliación que nunca fue

James Ensoer. La intriga, 1890

A cincuenta años del golpe de Estado;  como todos los once de septiembre, abundaron las explicaciones y los análisis y especialmente esa tonalidad hipócrita que hace del perdón y la reconciliación, la frontera entre lo correcto y lo incorrecto, entre quienes actúan motivados por sublimes virtudes cívicas y quienes, en cambio, lo hacen por el ideologismo y según sus discursos más bizarros, por el afán de venganza.

Al mismo tiempo, sin embargo, la derecha ataca sin piedad ni escrúpulos al gobierno del Presidente Boric y se opone a cualquier reforma que beneficie al pueblo; ha reeditado sus viejas consignas anticomunistas; todas las justificaciones ideológicas del golpe -como la famosa declaración de inconstitucionalidad del gobierno de la UP-; hecho gala de su provincianismo, ignorancia y falta de imaginación para  atacar la memoria del gobierno del Presidente Allende y justificar, ex-post. el golpe de estado, dando a entender que volvería a conspirar, a promoverlo y justificarlo, derramando eso sí un par de lágrimas de cocodrilo por las violaciones a los Derechos Humanos, como si una y otra cosa no tuvieran nada que ver.

Esta actitud de la derecha da cuenta únicamente de su política en la actualidad. La reconciliación que nunca fue, porque realmente nunca le interesó, ha sido reemplazada en su discurso político por la odiosidad hacia todo lo que sea contrario a los intereses de clase que defiende o incluso no le sea funcional a la hora de defenderlos.

Tal como lo ha hecho el trumpismo en los Estados Unidos, como trata de hacerlo Millei de modo oportunista en la hermana República Argentina y la ultraderecha en toda Europa, su objetivo es correr los límites de lo tolerable por una sociedad democrática, haciendo entrar en ellos todas las atrocidades que el fascismo concibió como posibles y necesarios -xenofobia, discrimiación, clasismo y racismo, intolerancia, violencia ideológica y política, violencia verbal y física- para defender intereses de clase. Por esa razón la reconciliación, excepto como recurso retórico, si es que alguna vez fue efectivamente un propósito de la política derechista, hoy en día ya no lo es.

 

Resulta conmovedor en este sentido que se la critique, respecto de su actuación en el Consejo Constitucional, por no tener una actitud dialogante y de integración de las diferentes visiones de país -doctrinarias, políticas y culturales-  que conviven en nuestra sociedad cuando lo que hace desde su ideologización y prepotencia es simplemente defender un concepto clasista y reaccionario de sociedad, de país y de Estado.

 

Porque no se trata ya de defender lo conquistado por las clases dominantes, los poderes culturales y morales con los que constituye una unidad -los medios, la industria de la entretención masiva, el evangelismo y una seudoacademia hecha a su imagen y semajanza- sino incluso de arrebatar las pocas conquistas civilizatorias que sobreviven aún al  neoliberalismo de los últimos cuarenta años.

 

Ese es el verdadero contenido de su propuesta y actuación política y lo que debe ser denunciado, desenmascarado y combatido por las fuerzas progresistas y democráticas, no su renuncia a la reconciliación y la concordia cívica, como si alguna vez lo hubiera sido.

 

Las cosas no están como para perder el tiempo o esperar mejores condiciones para emprender la democratización de la sociedad. Un período, solo un período de la derecha en el gobierno, puede significar un daño enorme para el país y la sociedad. El fascismo en el siglo XX sólo en diez años, casi destruyó Europa. La velocidad de la crisis social, económica, política y ambiental que amenaza a la humanidad, provoca que sus efectos puedan ser mucho más devastadores y duraderos de lo que haya sido cualquiera otra anterior. 

Educación y democracia a cincuenta años de la UP

Allende saludando a los niños en la Plaza de la Constitución 1971

 

 

 

La última vez que se hizo un proceso participativo para definir una política educacional de Estado, fue en 1971 durante el gobierno de la Unidad Popular. En ese entonces, soplaban aires de revolución en todo el mundo y la humanidad entera se planteaba la posibilidad de construir una nueva sociedad, desde diferentes posiciones doctrinarias, políticas y morales. La oposición de las fuerzas conservadoras a dicha política educacional; a su sentido y propósitos, pese a ser el resultado de un evento democrático y representativo de la diversidad del país que los incluía, fue sólo una de sus justificaciones del golpe de estado. 

Los acuerdos de ese congreso, reflejaban esa atmósfera de cambios que se expresan en una propuesta educacional que se hacía cargo de los problemas de exclusión, de atraso del sistema escolar y de construcción de una nueva convivencia para construir un país moderno, justo, democrático y soberano. Se planteaba la educación como un factor efectivo de cambio social porque la transformación, y no la adaptación al cambio, era el sentido de la política educativa.

El desastre educativo que significó la dictadura, marcado primero por una brusca caída de la matrícula en los años setenta; el empobrecimiento del servicio como resultado de las políticas de ajuste y restricción del gasto fiscal impulsadas por los Chicago Boys; la anarquía que resultó de una descentralización chapucera que fue la municipalización; posteriormente por la crisis económica de los años ochenta que se superpone a la instalación del mercado de los colegios particulares subvencionados que producto del congelamiento de la UTM en 1985, sufren una enorme crisis de cierres, embargos y quiebras, solamente comenzó a remontar a fines de los años ochenta.

Durante la transición, la instauración del financiamiento compartido de la educación le propinó un golpe mortal a la educación pública, en tanto que propició un éxodo masivo de matrícula de familias de clase media al sector particular subvencionado; las reformas curriculares apuntaron todas, sin excepción, a la adaptación de nuestro sistema escolar a los principios de la globalización neoliberal -la privatización, la competencia y la alta productividad- y el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación profundizó el carácter subsidiario del Estado haciendo de las necesidades de mejoramiento del sistema, un nuevo mercado dominado por las ATE's, las fundaciones y las universidades privadas.

Pero los tiempos han cambiado. La globalización neoliberal está en franco retroceso y el proteccionismo y los Estados nacionales, supuestamente muertos y enterrados en los años noventa del siglo pasado, están de vuelta. La guerra y las periódicas crisis financieras del sistema, han exigido de todo el mundo medidas de protección de sus mercados y de su industria, partiendo por los campeones del libre comercio, como los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el cambio climático solamente da cuenta de la irracionalidad de las relaciones entre la producción, la tecnología y el medioambiente; de los efectos de la desregulación de los mercados y el debilitamiento del Estado, indigente a la hora de organizarlos, así como de su incapacidad de otorgar siquiera garantías de sobrevivencia de la especie.

 

En nuestro país, el rocambolesco proceso constituyente en curso, da cuenta de las tensiones que provoca precisamente este intríngulis en el que el neoliberalismo ha colocado a la humanidad y la necesidad de modernizar la sociedad de acuerdo a estas realidades, contra las resistencias de los que se han visto beneficiados por él, quienes han amasado fortunas pantagruélicas y construido verdaderos imperios empresariales a nivel nacional y transnacional, a costa de los trabajadores y trabajadoras y del medio ambiente.

Resulta absurdo seguir resistiéndose a los cambios del sistema educativo. Finalmente, el sentido de las políticas educacionales, no solamente es adaptarlos a nuevas realidades, a las transformaciones de nuestras sociedades. Tal como se lo planteara el gobierno popular presidido por el doctor Salvador Allende, el sentido de la política educativa es finalmente la transformación. Hasta las políticas conservadoras lo hacen, tratando de adaptar las dóciles mentes de jóvenes y niños a las sociedades existentes, incluidas las políticas noventeras que se proponían la preparación de una "población de alta productividad", "flexible", con capacidad de "adaptarse a la incertidumbre", etc.

Nuestras escuelas y liceos siguen organizándose y pensando, como si la infancia y juventud siguiera siendo la misma y como si en el mundo y el país no pasara nada. Seguir oponiéndose, como la mayoría conservadora del Consejo Constitucional, a los cambios apelando al sentido común es solamente una demostración de su verdadera idiosincrasia; esto es, su moral reaccionaria que sostiene que si existe y resulta familiar, es lo que corresponde. Lo mismo que planteaban los defensores del latifundio y el inquilinaje; la exclusión de los derechos civiles y políticos de la mujer; la discriminación de las diversidades sexogenéricas, a las que consideraba, y sigue considerando, desviaciones o enfermedades.

Se han dado pasos importantes desde el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Ahora se debe consolidar lo avanzado y seguir profundizando en las reformas educativas. Tareas pendientes son el cambio al sistema de financiamiento de la educación que durante la cuarentena que se extendió entre el año 2020 y el 2021, demostró ser un ideologismo. Asimismo, hacerse cargo de cambios en los contenidos y objetivos del curriculum, todavía anclados en la globalización.

Tal como lo fue en 1971, no es una tarea de la que pueda hacerse cargo solamente un gobierno o una alianza de partidos. Es el pueblo el llamado a hacerlo, a través de las más variadas formas de participación, movilización y debate. 

La reacción cultural

Georg Grosz. Ecce homo, 1923

La derecha está empeñada  en una campaña tan intensa como quizás no se veía desde la época de la Unidad Popular. Nunca antes, desde las vergonzantes improvisaciones de Pinochet y Merino, se había escuchado de sus dirigentes un lenguaje tan agresivo; tan prosaico y cargado de epítetos, proyección de temores ideológicos y sentimentalismo. Su anticomunismo es exactamente eso, una expresión de su pobreza de ideas; la necesidad de justificaciones ideológicas a sus dogmas y profesiones de fe así como de sus propuestas reaccionarias y antipopulares.

Por cierto, la ofensiva de la derecha tiene un propósito objetivo que es la mantención del orden de cosas actual, que ellos consideran como algo natural y a la ideología que lo sostiene, como el más sano sentido común. En esto precisamente consiste su conservadurismo y respecto de ello, entre la "derecha liberal" y la secta religiosa de JAK no hay mucha diferencia. El consenso entre autoritarios y liberales, que es característico de las sociedades capitalistas bajo el predominio del neoliberalismo, es la expresión de esta misma afirmación de hecho sobre la presunta naturalidad de la sociedad de mercado, la propiedad privada y la competencia, como pilares de la convivencia social. 

En este sentido, cualquier intento de reforma social que ponga en cuestión siquiera esta pretensión, es visto por la reacción como un atentado al sentido de la realidad; un contransentido, un dislate, cuando en el fondo,  no es más que temor a cualquier cambio que pueda poner en riesgo los privilegios, las inequidades y abusos sobre los que se sostiene dicho orden de cosas. La defensa que la derecha ha hecho de las AFP's tras el cándido slogan "con mi plata no" es un buen ejemplo de esto. Tan evidente es, que  la acción que presentó el dirigente empresarial derechista y ex candidato al consejo constitucional Juan Sutil en contra del diputado Diego Ibáñez por sostenerlo, fue rechazada por los tribunales. 

El triunfo de Millei en la hermana República Argentina es expresión más o menos del mismo fenómeno. Facilitado ciertamente por el desastre que le heredó el amigo de Piñera, Mauricio Macri, que la dejó endeudada por varias generaciones, y a merced del FMI, del que dijo después que se trata de "buenas personas". Mientras a él le presto la friolera de cincuenta y cuatro mil millones de dólares que se esfumaron en los intersticios del sistema financiero, se ha llevado durante la administración de Alberto Fernández más de nueve mil en pago de obligaciones con él. Es más que claro lo que significa "realidad" para la derecha y el gran empresariado. Y por extensión, lo que significa no aceptar que ésta es un puro hecho sobre el que no se puede decir mucho, menos plantearse la posibilidad de modificarla. 

En eso precisamente consiste el fascismo; en la imposición de lo real como si se tratara de un puro hecho. Consiste en convertir la realidad, con todo lo que tiene de violenta, excluyente e injusta, en el "sano sentido común". La violencia verbal de Millei, en este sentido, no es muy distinta que la del tristemente célebre diputado republicano Gonzalo de la Carrera. Ambos se han hecho famosos por sus calumnias; sus afirmaciones rimbombantes y agresivas. Esta violencia es, después, presentada con toda naturalidad en tono campechano por los medios, los mismos que después hacen de un par de tuits sobre carabineros de hace como diez años, un insulto a la República. 

Esta ofensiva conservadora, caracterizada además por su hipocresía, no ha enfrentado ninguna resistencia y ello ha facilitado la naturalización de su sentido y significado. Los trabajadores y trabajadoras; los y las jóvenes, las etnias originarias, los pobladores sin casa y las disidencias sexogenéricas, han sido colocadas en los márgenes de lo real. Esto es, en el lugar de sus manifestaciones exteriores sin poder siquiera referirse a sus fundamentos. Hacer frente a la pobreza, la contaminación, la enfermedad, las exclusiones de diverso tipo, pero nunca a la sociedad que las genera y agrava sus consecuencias; vivir de las migajas que chorrean de la mesa de las transnacionales y de los grandes empresarios o tratando de arrancárselas, pero nunca cuestionar la desigualdad que las origina. 

Detener esta ofensiva derechista es una necesidad perentoria para avanzar en la implementación del programa. Es urgente retomar la iniciativa; que el fascismo siga avanzando y detenga las reformas planteadas por el Gobierno en educación, pensiones, equidad de género, salud y recursos naturales, no es inevitable. Esto excede ciertamente la capacidad del gobierno y deben ser las organizaciones de masas y los partidos que lo sustentan los que asuman la responsabilidad de hacerlo. Ello requiere superar el corporativismo y poner las demandas de cada sector, en relación con la totalidad de lo político y generar las condiciones para facilitar y promover la vinculación del programa de gobierno con sus reivindicaciones.

Este es el momento preciso para hacerlo.

¿Quién para a la derecha?

Juan Domingo Dávila. la perla del mercader. 1996

Desde que asumió, el gobierno del Presidente Boric ha sido objeto de la más desfachatada ofensiva por parte de la derecha y el gran empresariado, al mismo tiempo que añora en tono lastimero la "democracia de los acuerdos" y las "reformas responsables". Al coro encabezado por republicanos, se han sumado con tonos no menos chillones, la CPC y la derecha tradicional. 

La ideología que la sostiene se representa a Chile, en efecto, como si fuera una sociedad perfecta, en la que no hay antagonismo ni contradicciones; una sociedad en la que la desigualdad no representa un problema y la pobreza se puede resolver con un par de regulaciones. La pobreza en ningún caso tiene que ver con la desigualdad para sus sostenedores. 

Lo notable es que, pese a toda la evidencia disponible de su iniquidad, esta ideología siga teniendo la capacidad de incidir en los acontecimientos políticos y ejercer una capacidad considerable de persuasión. La realidad, caracterizada por una brutal desigualdad, violencia, exclusiones y abusos de diversa índole, no se expresa en ella y es más, es ocultada tras todos sus silogismos y tautologías, transformándose en el opio de los tecnócratas. 

Tiene el poder de transformar los absurdos más evidentes en verdades casi reveladas y disponer de explicaciones para todo, las que por muy lógicas que sean no tienen nada que ver con la realidad. Difundidos luego por medios de comunicación serviles a los intereses de sus auspiciadores, se transforman en verdaderas máximas del sentido común, que son precisamente las que ocupa luego el Partido Republicano y la UDI para atacar al gobierno, como lo hizo antes con la Convención Constitucional y lo seguirá haciendo ante cualquier intento de reforma social y política efectiva.  

Se trata de una ideología que transforma la realidad, con todo lo que tiene de excluyente, violento e injusto, en su mismo contenido.  

El avance de la derecha y de los grandes empresarios representados por la CPC en los últimos tres años, no se debe pues solamente a su condición hegemónica en los medios de comunicación. Ésta es, precisamente, expresión de su condición culturalmente dominante. Es resultado de su capacidad de hacer de su concepción del mundo, una realidad de hecho sobre la que poco se puede decir que le agregue algo de sentido. 

Por eso, la derecha a lo menos desde el 4 de septiembre pasado ha estado a la ofensiva. 

La capacidad de la reacción ha llegado al punto que la redacción de la Constitución que está realizando la mayoría conservadora del Consejo Constitucional, es prácticamente una profesión de fe difícilmente tolerable para una sociedad laica, democrática y moderna. La opción de permanecer con la Constitución actual no es una alternativa democrática, ni da cuenta de los acontecimientos políticos de los últimos cinco años. Anunciar el rechazo a la opción conservadora en el plebiscito del 7 de diciembre a estas alturas, aparte de un alivio a las buenas consciencias, no aporta en nada a las luchas por más democracia y justicia social si se mantiene dentro de los límites de una declaración de buenas intenciones y en la formalidad de una opción meramente electoral.

La única manera, pues, de enfrentar esta ofensiva reaccionaria es a través de la movilización social, en la que el pueblo ponga la realidad por delante y convierta las necesidades que se deducen de sus vidas reales, en el verdadero contenido de la discusión constitucional. Las clases dominantes agrupadas en la CPC y representadas en el sistema político por los partidos neoliberales de diversa denominación, es lo que han hecho, oponiéndose a la reforma tributaria, a la reforma de las pensiones, al cambio constitucional; calumniando, mintiendo sin pudor y luego victimizándose. 

Pero ¿Quién las detiene? Mejor dicho, ¿Quién se hace cargo del programa de transformaciones que favorecen al pueblo contra la oposición de la derecha y los grandes empresarios? 

Se comienza a apreciar una incipiente reactivación del movimiento social y sindical. Estos síntomas de reactivación de movimiento social; luchas por la memoria, por verdad y justicia en materia de violaciones a los Derechos Humanos; por mejores salarios y redistribución de la riqueza; democratización del sistema educativo, reforma del sistema de pensiones, vivienda digna y solución al problema del acceso a la salud; enfrentamiento a los inminentes efectos del cambio climático, solamente van a tener un sentido en la medida en que enfrenten a quienes se oponen a su realización y defienden un modelo de sociedad basado en el despojo, la sobreexplotación del trabajo y los recursos naturales, la exclusión y la mantención de los privilegios. 

A la ideología que postula al mercado, la competencia y el individualismo como la esencia de lo  humano, y al neoliberalismo como la ciencia que es el principio y final de la historia -el sentido común, lo que resulta familiar- es contra lo que hay que oponer una moral, una cultura basada en una concepción opuesta de la sociedad y el Estado. Solamente así, será posible enfrentar y parar la ofensiva reaccionaria que pretende escamotear la realidad y propinar una derrota definitiva al pueblo el 7 de diciembre. 

Arrancar padelante

Honoré Daumier. El levantamiento. 1848

Después del plebiscito del 4 de Septiembre pasado y más recientemente, de la elección de los consejeros que van a redactar la propuesta de nueva Constitución, como se dice vulgarmente, los empresarios y sus partidos, arrancaron "padelante". De modo oportunista y a lo mejor un poco apresurado, decidieron que las cosas volvían a estar en el mismo punto previo al 18 de octubre, el "Oasis de Piñera". Lo habrá sido para ellos y en su sobreideologización, creen sinceramente que lo es también para el resto de los chilenos y chilenas. 

Es así como por ejemplo, las APP's, y los partidos de Chile Vamos y los Republicanos, anuncian desde ya su rechazo a la reforma al sistema de pensiones excepto en lo que dice relación con el aumento de la PGU. El lema "con mi plata no" levantado por el testaferro de Larraín y cía, el señor Francisco Orrego, conocido difusor de  noticias falsas y mensajes para confundir al pueblo y los electores, en la previa del plebiscito constitucional del 4 de septiembre pasado, lo expresa con total claridad. Esto es, la ideología que pretende que los trabajadores son dueños de algo que graciosamente y con mucho esfuerzo e inteligencia, administran las AFP´s. Por cierto, como toda ideología, oculta el carácter de clase del sistema previsional, basado en el despojo mensual de los salarios de los trabajadores, que es el pichintún que los empresarios están dispuestos a compartir con ellos del resultado de la productividad. 

Tampoco se refieren el señor Orrego, la Asociación de AFP´s ni el señor Fontaine,  otro de los guaripolas de la defensa de las AFP,  que esa plata presuntamente de cada trabajador y trabajadoora, los dueños de las AFP -que a su vez son dueños de bancos, tienen intereses en el retail, la energía y un sinfin de otras industrias- la trabajan todos los meses para acrecentar sus exhorbitantes ganancias, informadas por la prensa sin que a nadie le parezca escandaloso, mientras profesores y profesoras, enfermeras, empleados, trabajadoras y trabajadoras son condenados a una vejez miserable en la que no mueren solamente porque el Estado les paga la PGU. 

Haciendo gala de este desparpajo y de la prepotencia de clase, que históricamente la ha caracterizado, la derecha se ha opuesto también a la reforma tributaria, como si esta consistiera en una expropiación y ha recurrido a todos los argumentos noventeros de que dispone el manual de neoliberalismo con el que deben estudiar. Los impuestos desincentivan la inversión; si no hay inversión, no hay industrias ni trabajos, y el trabajo es la única manera de salir de la pobreza....etcétera, etcétera argumentos que repiten todos los Homeros Simpson de Chile. La derecha y los empresarios ya notificaron al país, que no están dispuestos a disminuir la desigualdad brutal que originó la ola de protestas y el levantamiento popular del 18 de octubre del 2019. 

Ni cortos ni perezossos, recurrieron incluso al inefable Tribunal Constitucional para tratar de echar abajo la ley aprobada por el Parlamento que sanciona los delitos tributarios, con la misma chiva por cierto. 

Mientras tanto, el Consejo Constitucional, intenta resolver un enigma peor que el de la Esfinge que asolaba la ciudad de Tebas en la antigüedad. Esto es, cómo garantizar un Estado Social y de Derechos, cuando la mayoría del consejo no cree en él o al menos, cree que es posible armonizarlo con el Estado Subsidiario. 

De no resolverlo, su destino no va a ser muy distinto que el de los viajeros que no respondían le correctamente, una horrible muerte. Los escándalos de corrupción, que son una característica típica del neoliberalismo, siguen estallando incluso en el marco de un gobierno que se ha propuesto ponerle la lápida. El caso convenios primero y el que sirvió  de pretexto de la acusación constitucional contra el ministro de educación Marco Ávila. En ambos casos, la reacción  ha sido correcta y oportuna. Sin embargo, la arremetida de la derecha, presuntamente defensora de la probidad, del buen uso de los recursos del Estado y del crecimiento económico, como toda ideología, manifiesta y al mismo tiempo oculta los valores de clase, la cultura que inspira su concepción del mundo y la sociedad. 

Uno basado en el puro cálculo, en el interés egoísta y la competencia como factor del desarrollo económico y la armonía social. Todas ideas por cierto, fracasadas una y otra vez y que están en el origen de cada estallido de protesta social de las que ha sido protagonista la sociedad en los últimos treinta años. El ministro Montes, uno de los cuadros mejor preparados y con más experiencia política de los que conforman el gobierno, ha demostrado una decencia política, un sentido de la responsabilidad de Estado y de Gobierno, que contrastan con la pequeñez de la derecha y su nulidad intelectual. Ha sido de hecho, uno de los pocos que ha señalado el desmantelamiento del Estado propio del Estado subsidiario, en este caso del ministerio de vivienda, como el origen de la crisis del sector que le toca conducir. 

El Ministro Ávila, una vez rechazada la acusación constitucional en su contra, y ante la insistencia majadera de la derecha en sus retorcidos argumentos sólo con un afán propagandístico, ha planteado el carácter de contratos entre privados, para referirse a los que realiza la JUNAEB con los proveedores de la raciones alimenticias que se reparten en las escuelas y las pocas capacidades de fiscalización que tiene el mineduc para velar por su contenido y también por su cumplimiento. Es el Estado subsidiario el que demuestra una y otra vez  su fragilidad, por decirlo suavemente, y la fragilidad en la que pone a la sociedad frente a los casos de corrupción. La corrupión, en el fondo, no es más que la manifestación más conspicua del tipo de sociedad contenida en la constitución actual, basada en el "sálvese quien pueda". 

La izquierda, el progresismo; las coaliciones que conforman el gobierno; los partidos aliados y cercanos y que comparten el propósito de tener una nueva Constitución; el gobierno y todas sus autoridades, no solamente deben tener una actitud proba y honesta; fiscalizar y denunciar la corrupción y los malos manejos en la administración. Deben además, entrar de lleno al terreno de la lucha ideológica con la derecha y demostrar que sus denuncias y sus ínfulas de fiscalización son puro fariseismo. Que los valores que la inspiran no se oponen a la desigualdad; que se basan en el individualismo, en el egoísmo y el afán de lucro. Que su actuación política tiene como propósito mantener las cosas tal como están porque sus valores, son conservadores en esencia. 

Arrancar padelante significa eso, significa mantener las cosas como están. Para ello, la reacción, la derecha y el empreariado disponen de una ideología que hace de sus valores, los de toda la sociedad. Sin combatir esta ideología, sin que la izquierda y el progresismo  le opongan otros  valores inspirados en una visión distinta y opuesta de Esado y sociedad y los haga explícitos, la derecha y los empresaros van a continuar a la ofensiva y la sociedad, el gobierno dando expliaciones  y el puelo, sin distinguir a los demócratas de los reaccionarios.

La lucha por el sentido de la educación

Francisco Goya y Lucientes. Los caprichos "Lo que puede un sastre

La educación chilena está cambiando. ¡Chile está cambiando! Y eso provoca, naturalmente, la oposición de los sectores interesados en la conservación de las cosas tal como están.

Desde hace décadas, la composición del magisterio chileno viene experimentando cambios lentos pero profundos. Los planes de retiro, han implicado sólo en los últimos cinco años la salida de más de treinta mil profesores y profesoras del sistema público. La reforma de los planes de formación inicial docente, el sistema de evaluación del desempeño; el cambio en la composición del estudiantado de las carreras de pedagogía y de quienes ingresan en él, han traído consigo un cambio en su cultura; su manera de concebir el trabajo docente, su responsabilidad político-social y consecuentemente su relación con el Estado y la sociedad.

Las reformas impulsadas durante la segunda administración de la Presidenta Bachelet, entre ellas la Ley de Inclusión, la Nueva Educación Pública y el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, han ido cambiando también la fisonomía y características del sistema escolar. Sin considerar los lamentables paréntesis de los dos gobiernos de Piñera, que fueron más bien intentos por detener estos cambios y volver a la política educacional noventera, tanto el de la Nueva Mayoría como actualmente, el de Apruebo Dignidad, han intentado domar –no siempre con éxito- la frecuencia e intensidad del SIMCE y los ímpetus inquisidores de la Agencia de Calidad de la Educación.

No podía ser de otra manera. Eso, aunque la derecha se oponga y en forma voluntarista y chapucera trate de retrotraer las cosas a lo que pasaba hace veinte o veinticinco años atrás. ¡Imposible! La sociedad ha cambiado y lo seguirá haciendo y junto con ella, el sistema escolar. Lamentablemente ha logrado contener hasta ahora la profundidad y la velocidad de los cambios que el sistema escolar necesita, aunque no los vaya a detener en forma definitiva.

Por eso el sistema escolar es objeto de una disputa política sorda pero no por ello menos intensa. Una disputa política que se desarrolla en las alturas de las oficinas del ministerio, el Parlamento y los centros de estudio. Ni siquiera en las universidades. Para qué hablar del magisterio, el movimiento estudiantil y de trabajadores y trabajadoras a través de la CUT y sus organizaciones de base, como el Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación.

Mientras la guerra en Europa, el cambio climático y la recesión, determinan cambios como el fin de la globalización y el libre comercio; el resurgimiento del proteccionismo; el levantamiento de populismos de ultraderecha de tintes fascistoides en todo el mundo; la eclosión de demandas de igualdad y reconocimiento de las diversidades en el marco de los Estados Nacionales; una nueva fase en el desarrollo de la tecnología con la IA y la automatización que implica la pérdida de millones de empleos en el mediano plazo, la educación avanza a paso de tortuga y sin mucha claridad, contra la resistencia de la derecha y los conservadores de todas las layas, hacia un nuevo modelo que supere la mirada fragmentaria, tecnológica, economicista, individualista y competitiva que la caracteriza hoy en día.

La necesidad de una reforma al sistema de financiamiento basado en el subsidio a la demanda, se hace cada vez más evidente. La pandemia de coronavirus y la cuarentena obligaron a suspender su aplicación por razones obvias. Pero los movimientos de matrícula, las inasistencias de los y las estudiantes especialmente de los más pequeños –que es una manifestación de las secuelas de la pandemia- y la posibilidad de nuevas pandemias solamente la confirman, incluso sin considerar las razones que en tiempos normales la justifican, a riesgo de permanecer en el plano de los alaridos sobreideologizados.

Durante la dictadura militar, la discusión acerca del sentido de la educación fue para la oposición a Pinochet una prioridad política y ocupó gran parte de la discusión de la AGECH, la CONFECH, el Comité PRO-FESES y la FESES en congresos, asambleas, boletines y expresados en propuestas y reivindicaciones. Fundamentalmente en lo que tenía relación con las libertades de expresión, de pensamiento, la autonomía comprendidos como parte del Derecho a la Educación.  

Durante el período denominado de “transición a la democracia”, sin embargo, la reforma educativa consistió en su aggiornamento a las necesidades de la imposición global del neoliberalismo, conocido como “globalización”, expresados en descentralización, privatización del financiamiento, de la matrícula y la adaptación del contenido y objetivos del curriculum escolar a dichas necesidades. En la actualidad, el sistema escolar se adapta lentamente y como sin dirección.

Las cosas han cambiado, por cierto. Los movimientos sociales y la propia izquierda no son los mismos. Y si bien la reforma educativa, encontraba entonces la oposición de la dictadura y por eso, entre otras cosas, era necesario derrocarla, hoy en día la rearticulación de un movimiento social y una izquierda que actúen en ese sentido se hace más urgente; y lo que es una característica más favorable para hacerlo, es que tenemos un gobierno dispuesto y que ha dado pasos en ese sentido, aun cuando no sean todo lo profundos que se requiere. Lo que va a marcar la velocidad y la profundidad de estos, va a ser su inspiración en otros principios, otra concepción del hombre y la sociedad. De la participación del movimiento social, de las organizaciones de masas, de los partidos y organizaciones de izquierda no sólo desde los puestos de administración del Estado sino desde la Sociedad Civil.